La decisión de Barreiro implica que el juez Garzón, instructor inicial del caso Gürtel, será juzgado antes que cualquiera de los cabecillas y altos cargos del PP imputados en el caso.
La resolución recae muy oportunamente para el presidente valenciano, Francisco Camps, cuando está a punto de dilucidarse la apertura de juicio contra él, dado que la situación de Garzón será explotada por los populares en plena precampaña electoral para desvalorizar las acusaciones.
El auto de apertura del juez Jorge Barreiro ofrece un relato de "hechos objeto de juicio" al que da el mismo formato de un genuino relato de "hechos probados", en el que ofrece a la Sala una sentencia condenatoria prácticamente hecha.
Incluso aplica al delito continuado de prevaricación y al de grabación con violación de garantías el concurso de normas que castiga el delito más grave, el de prevaricación, con pena de inhabilitación de 10 a 20 años. E imputa a Garzón una modalidad agravada que ni siquiera contempla la querella inicial, al apreciar el delito de prevaricación "continuado". (El País, 12/04/2011, p. 13)
"Dos años después de que un exconcejal del PP de Majadahonda destapara la trama de corrupción masiva vinculada al partido de Mariano Rajoy y José María Aznar, solo se ha abierto juicio oral contra quienes investigaron o denunciaron los hechos.
Los culpables de la rapiña, empresarios y políticos, siguen esperando a que los tribunales resuelvan sus múltiples recursos, que ralentizan la investigación hasta hacerla casi inviable. (...)
El juez que instruye desde hace dos años este caso en Madrid, Antonio Pedreira, que prorrogó las escuchas en la cárcel, entiende que es posible ordenar grabaciones en prisión aunque no se trate de casos de terrorismo.
"La profesión de la abogacía es digna, pero no puede disfrutar de privilegios discriminatorios frente a otras profesiones. De la misma forma que se puede adoptar la medida motivada de entrada y registro en despachos profesionales, se puede de forma motivada acordar la intervención de comunicaciones", señala." (...)
"Pensemos que un interno en prisión preventiva se concierta con su abogado para que transmita -y eso nunca es derecho de defensa sino otra cosa muy diferente- y para que dé instrucciones de matar a una persona o hacer desaparecer el cadáver de la persona asesinada o para facilitar el blanqueo de dinero sucio procedente del tráfico de drogas, de la prostitución ilegal o del tráfico de influencias. La inmunidad absoluta que se da en esos casos a la confidencialidad en el locutorio impediría la prevención e investigación y acaso hasta la comisión de delitos contra la vida o de otros considerados siempre con la categoría de graves en el Código Penal Vigente". (...)
Y un magistrado del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, que señala que Garzón grabó a los abogados a sabiendas de que la ley se lo impedía por lo que ahora abre juicio oral a través de un auto casi condenatorio:
"Con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso que no tenía la seguridad de poder obtener mediante la utilización de medios lícitos, el magistrado acusado [Garzón] decidió acceder libremente a las conversaciones confidenciales que mantuvieran los internos con sus abogados...". (El País, 12/04/2011, p. 14)
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