Baltasar Garzón, con un pie en el banquillo. Mariano Fernández Bermejo, marcado por su dimisión como ministro de Justicia. El comisario Juan Antonio González, vilipendiado tras una acusación de soborno lanzada por el defensor de un procesado por soborno en el caso Malaya. Las fiscales, acusadas en falso de estar siendo investigadas por el Supremo. El sastre de Camps, acusado en falso de falsificar facturas. Y el portavoz socialista en Valencia, Ángel Luna, acusado sin pruebas de recibir sobornos precisamente de un presunto financiador del PP. (...)
El ejemplo del sastre ilustra cómo la crucifixión moral o legal alcanza no sólo a quienes investigan sino a quienes han colaborado con los investigadores. El PP, que llamaba a Tomás "el sastre falsario", no se ha retractado. Trillo tampoco se ha desdicho de un comunicado demoledor difundido en junio: en él, informaba falsamente de que el Supremo acusaba a las dos fiscales del caso, Myriam Segura y Concha Sabadell, de infringir la ley.
La caza comenzó de inmediato. El 8 de febrero de 2009, a los dos días de que Garzón ordenara las primeras detenciones, María Dolores de Cospedal se pronunció sobre el incipiente caso y sus palabras ya encerraban un aviso: la mayor operación contra la corrupción política que se recuerda en España, dijo la número dos del PP, era sólo una "campaña de acoso" orquestada por el Gobierno, la fiscalía y Garzón.
El 11 de febrero, Mariano Rajoy comparecía arropado por su equipo para afianzar el mensaje de Cospedal, cargar contra Garzón y el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, por coincidir en una cacería y divulgar un segundo aviso, premonitorio esta vez de la línea que seguiría su partido: el final del caso Gürtel, vino a decir, será como el del caso del lino, que "quedó en nada". " Esto no es una trama del PP sino una trama contra el PP", clamó ese mismo día por primera vez el líder conservador.
A la vista de los hechos, que quede "en nada" el sumario se dibuja hoy como un objetivo trazado desde el primer minuto. Pero hay una segunda meta: enseñar la lección de que quien cuestione el alcance de la trama o indague si sus tentáculos llegaban al corazón del partido, lo pasará mal. En uno de los párrafos de esa lección figura el nombre del portavoz socialista en las Cortes valencianas, Ángel Luna.
Con "informaciones" procedentes del ayuntamiento que dirige la alcaldesa alicantina, Sonia Castedo, imputada en el caso Brugal, la presión del PP y de sus medios afines ha logrado que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) actúe con diligencia inédita: tras una querella del PP, el TSJCV investiga si Luna permitió que el empresario Enrique Ortiz, presunto financiador del PP e igualmente imputado en el caso Brugal, le pagase una factura de 690.000 pesetas (4.000 euros) hace 13 años, cuando Luna trabajaba en un bufete que daba servicios a Ortiz.
Y en el cumplimiento de ese objetivo sustancial, aguar el sumario hasta que se diluya en un mar de sospechas de actuación inquisitorial, se enmarcan hechos de gran magnitud como el exitoso empeño por derribar a Garzón. Y otros pasos menos conocidos como el torpedeo constante de la instrucción dirigida por su sucesor en la causa, el juez Antonio Pedreira, a quien el PP ha llegado a acusar de parcial.No obstante, los conservadores no han logrado por ahora impedir que en ese sumario y en su ramificación del caso de los trajes permanezcan imputados los miembros de un abigarrado ramillete institucional: un presidente autonómico (Camps), otros tres de sus altos cargos, el ex tesorero nacional del partido, el ex secretario de organización del PP en Galicia, cuatro alcaldes, un ex consejero madrileño, otros dos diputados de esa Comunidad y un ex diputado al Congreso.
La dirección del PP ha alternado su discurso de amenaza a las instituciones con otro dirigido a subrayar que el partido es "el primer interesado" en que se conozca la verdad y pague "todo aquel que haya metido mano en la caja". Pero las hemerotecas constatan que el PP, aun suspendiendo de militancia a varios imputados, apenas les ha dirigido tibias reconvenciones: de hecho, uno de los alcaldes imputados por soborno, Jesús Sepúlveda, trabaja como asesor del partido en su sede central. " (Público, 31/10/2010)
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