El tema ya constituye obstrucción constitucional y, a pesar de las veces que se ha comentado en esta sección, merece un nuevo comentario. Por un lado, debemos examinar el trasfondo constitucional de lo que me atrevo a llamar extorsión del Partido Popular. Por otro lado, se debe analizar el trasfondo político y sociológico del empecinamiento del partido que preside Núñez Feijóo en no permitir que se renueve un órgano constitucional que cada vez está más muerto.

Haciendo abstracción del contenido de la petición del partido conservador, la extorsión que está haciendo a este país (y no sólo al Gobierno) merece una glosa. Los términos del problema son los siguientes. Existe una Ley que regula la elección del CGPJ que el Partido Popular se niega a cumplir porque no le gusta. Es legítimo que no le guste porque no satisface los intereses de la derecha judicial (como vemos más abajo) y no acepta la máxima latina dura lex sed lex. Por eso, el Partido Popular exige cambiar la Ley, pero no tiene mayoría parlamentaria para el cambio y a pesar de ello exige que se cambie… porque sí, porque ese es su deseo, un deseo parlamentariamente minoritario. Es decir, en este caso concreto (pero podría ser otro) el Partido Popular quiere imponerse a la mayoría parlamentaria. Así no se actúa en democracia dónde el principio de mayoría es sagrado: manda la mayoría parlamentaria y el Partido Popular no tiene esa mayoría. Es decir, lo que pretende el partido de Núñez Feijóo es que la mayoría parlamentaria se pliegue a los deseos de la minoría que se debe considerar más selecta, más legítima que la mayoría.

Por eso, el Partido Popular está sometiendo al Gobierno y a la mayoría parlamentaria (la que tiene que elegir el CGPJ) a una extorsión: no permite que se cumpla la Ley y exige que se legisle conforme a sus deseos, que no son los de la mayoría.

¿Por qué tanto empeño? ¿Por qué tantos años de incumplir la Ley? Porque desde 1980, con la primera Ley que reguló el CGPJ y su modo de elección, la derecha judicial y la derecha política ha considerado que ese órgano constitucional es de ellos. No les falta razón en un sentido porque si los doce Vocales de extracción judicial que componen el Consejo (más otros ocho que no son de origen judicial) fueran elegidos sólo por los Jueces y Magistrados, la derecha arrasaría, pues de todos los miembros de la carrera judicial el número de afiliados a la asociación conservadora (La Asociación Profesional de la Magistratura) triplica con creces a los afiliados a la Asociación progresista, Jueces y Juezas para la Democracia. Por eso las dos derechas exigen que los doce Vocales sean elegidos directamente por los Jueces y Magistrados, pues saben que con ese procedimiento de elección siempre van a dominar el CGPJ.

Sucede, sin embargo, que el CGPJ no es el comité de empresa de los Jueces y Magistrados, sino un órgano constitucional del Estado que no está al servicio de los miembros de la carrera judicial, sino para organizar el gobierno del Poder Judicial, es decir, para encargarse de que el Poder Judicial sirva a los intereses de todos los españoles y no sólo los intereses corporativos de los Jueces y Magistrados. Tampoco es, como intentan las dos derechas, un órgano de oposición de los Gobiernos de izquierda. Por eso, ningún órgano constitucional debe ser elegido conforme a intereses corporativos, sino conforme a intereses generales, intereses que representa el Parlamento.

Además, más allá de la semántica, el Poder Judicial interesa también a los Fiscales, a los Letrados de la Administración de Justicia, a los abogados, a los procuradores y a los médicos forenses, por lo que, puestos a reservar la elección de los Vocales judiciales a los profesionales (cosa que nunca debe hacerse por el corporativismo que conlleva), no podrían dejarse fuera de la elección a todos los restantes Cuerpos y profesionales interesados en la Justicia.

Las derechas aducen que con el procedimiento de elección de Jueces por Jueces se asegura la despolitización de la Justicia. Pero eso es una falacia de esas que tanto gustan y producen las derechas. Desde el momento en que todo el mundo admite que hay asociaciones judiciales de derechas, de centro y de izquierda, ¿de qué despolitización nos hablan? La despolitización del Poder Judicial es una mentira de la derecha para ocultar que quiere controlar como sea el CGPJ. Con el mismo desparpajo, la prensa de derechas repite otra mentira, que esa despolitización es una exigencia de la Unión Europea. Dejando a un lado que el actual Comisario de Justicia de la Unión es un político conservador que está haciendo demasiados guiños a la derecha española, hay que aclarar dos cosas:

  • Los Tratados comunitarios no contienen previsiones sobre los órganos de gobierno del Poder Judicial;
  • Difícilmente podrían formular exigencias de esta clase cuando los Consejos de la Judicatura son una cierta rara avis en la Europa comunitaria y países tan democráticos como Alemania no lo tienen.

En definitiva, las dos derechas, la judicial y la política, han hecho el siguiente cálculo: si el Partido Popular gana las próximas elecciones, cambiarán el modo de elección o ni siquiera necesitarán cambiar el modo de elección para formar un CGPJ conservador. Y si no ganan, prefieren un CGPJ muerto (como al actual) a otro dominado por la izquierda. Por eso Núñez Feijóo, presionado por las dos derechas, no va a acordar nada. Para cumplir la Constitución el líder popular tendría que tener un valor y una autonomía que le faltan."    (  , Sistema Digital, May 17, 2023)