Carlos Martínez-Almeida Morales, abogado y primo del alcalde de Madrid, es el familiar que Fiscalía Anticorrupción sitúa como enlace en la presunta trama para obtener millonarias comisiones de contratos de mascarillas del Ayuntamiento .
Carlos Martínez-Almeida Morales, abogado y primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, es el familiar que Fiscalía Anticorrupción sitúa como pieza clave en la presunta trama para obtener millonarias comisiones de contratos de mascarillas del Ayuntamiento de Madrid, según fuentes cercanas a la investigación.
La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño como responsables de la trama, según adelantó eldiario.es. Ambos actuaron "con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico" y no sólo se aprovecharon de la fama de Medina, hijo de Naty Abascal, sino de conocer a un allegado de Almeida, de acuerdo al escrito de la Fiscalía.
"La persona que inicialmente contactó con el Ayuntamiento de Madrid fue Luis Medina, aprovechando su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid", señala Anticorrupción.
Según fuentes cercanas a la investigación, el citado familiar es Carlos Martínez-Almeida Morales. En el entorno del alcalde se le conoce como el "primo guapo" de Almeida.
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Martínez Almeida tiene un despacho de abogados, Martínez-Almeida Abogados.
Según consta en su página web, el primo del alcalde realizó los cursos de Doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid en Derecho Mercantil, así como cursos de postgrado en la Universidad de Georgetown en Washington D.C., es árbitro de la Corte Española de Arbitraje y especialista en litigación con más de 20 años de experiencia profesional.
Además, es Secretario del Consejo de Administración y Asesor Jurídico de distintas sociedades del ámbito sanitario, industrial, tecnológico y financiero. Es Patrono Tesorero de la Fundación Anar de ayuda a la Infancia, ámbito en el que ha participado de forma comprometida y activa como Presidente de la Plataforma de Organizaciones de Infancia.
Según fuentes municipales, el familiar del alcalde no conoce a Luis Medina, ya que "se pusieron en contacto con él a través de una tercera persona".
"Este familiar facilitó el mismo mail que se facilitaba a todos aquellos que contactaban con el Ayuntamiento para la venta de material sanitario. Todas las empresas debían seguir el mismo cauce", señalan desde el Consistorio. "El Ayuntamiento no está siendo investigado ni tampoco ningún trabajador. El Ayuntamiento es en todo caso el perjudicado por estos hechos y se personará si se demuestra que ha habido un quebranto a las arcas públicas", precisan fuentes municipales.
Test no aceptables
La querella de la Fiscalía Anticorrupción sobre la adjudicación de los contratos de material sanitario en marzo de 2020 destaca que la mayoría de los test recibidos no eran aceptables, los guantes eran de calidad inferior a la prevista y las mascarillas un 40% más caras.
Los contratos fueron encargados por la Funeraria Municipal, cuyo consejo de administración, en el que están representados todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de Madrid, los aprobó en un consejo celebrado por WhatsApp a las dos de la madrugada del 23 de marzo, tal y como avanzó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.
La Fiscalía imputa a Medina y Luceño los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales como resultado de las diligencias de investigación incoadas en noviembre de 2020 por tres contratos por un valor de unos 12 millones de dólares concedidos a la empresa Leno.
Uno de ellos por una cuantía de 6,6 millones de dólares para la adquisición de 1 millón de mascarillas FFP2/ KN95, otro por 4,2 millones de dólares para comprar 250.000 test rápidos, y otro de 5 millones para obtener 2,5 millones de pares de guantes.
Al Ayuntamiento ya le fueron devueltos cuatro de esos millones "por no ser el modelo acordado en la compra", según confirmó el Consistorio, que defendió al conocerse esta querella que los contratos se hicieron "en precio según oferta y demanda del momento".
Según la querella, "estos precios los fijó Alberto Luceño y los impuso al Ayuntamiento de Madrid, amparándose en su falsa posición de fabricante y agente exclusivo de la compañía vendedora. Al hacerlo, ocultó que un elevado porcentaje del precio ofertado (aproximadamente el 60 % en el caso de las mascarillas, el 81 % en el caso de los guantes y casi el 71 % en el caso de los test) correspondía a comisiones que los querellados iban a percibir".
Los contratos se firmaron en marzo de 2020, "en una situación de rápida evolución de la pandemia provocada por el COVID-19 y de extrema carencia de materiales sanitarios" que los investigados aprovecharon para "obtener un exagerado e injustificado beneficio económico" ofreciendo al Ayuntamiento la posibilidad de adquirir grandes remesa de material necesario.
Anticorrupción pone de relieve que el Consistorio madrileño pagó 11,9 millones de dólares y lo que obtuvo fue un millón de mascarillas pero pagando un 40 % más del precio ofertado por el vendedor de China." (Roberto Bécares , Cristina Gallardo , epe.es, 06 de abril del 2022)
"La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por cobrar comisiones millonarias de varios contratos públicos de compra de material sanitario del Ayuntamiento de Madrid.
La investigación, destapada por elDiario.es, apunta a que los dos actuaron “con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico” y que no sólo se aprovecharon de la fama de Medina, hijo de Naty Abascal. Llegaron al Ayuntamiento “aprovechando su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid”, según la querella que les acusa de estafa, blanqueo y falsedad documental.
Es decir, según la Fiscalía, los dos supuestos comisionistas aprovecharon que Luis Medina Abascal era amigo de un familiar de José Luis Martínez Almeida. En realidad, Medina Abascal “ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista, como se verá a continuación”, según la Fiscalía. Contactaron con un alto cargo de la Consejería de Hacienda, que ya ha testificado en el proceso tal y como adelantó este periódico.
La querella de la Fiscalía relata cómo ambos empresarios consiguieron que el consistorio madrileño firmara tres contratos con una empresa malaya para obtener material sanitario en las primeras semanas del estado de alarma: guantes, mascarillas FFP2 y test de antígenos. Contratos que, como ha explicado el Tribunal de Cuentas, eran bastante más caros que los pagados por otros ayuntamientos del país. Ahora Anticorrupción especifica que “estos precios los fijó Alberto Luceño y los impuso al Ayuntamiento de Madrid, amparándose en su falsa posición de fabricante y agente exclusivo de la compañía vendedora”.
De esta manera, según Anticorrupción, “ocultó que un elevado porcentaje del precio ofertado (aproximadamente el 60 % en el caso de las mascarillas, el 81 % en el caso de los guantes y casi el 71 % en el caso de los test) correspondía a comisiones que los querellados iban a percibir”.
La Fiscalía detalla cómo inflaron los contratos: en el caso de las mascarillas, por ejemplo, el precio real de venta era de 2,6 millones de dólares y ellos “lo inflaron artificialmente para llevarse como beneficio neto de la operación 4.000.000 US $; es decir, el 148 % del precio real del producto”. También sucedió con los test: se habían pactado comisiones de hasta el 244% sobre el precio real del producto. Además, destaca la Fiscalía, “gran parte de los test Covid-19 que recibió el Ayuntamiento de Madrid eran defectuosos”.
La querella del departamento que dirige Alejandro Luzón refleja cómo los dos comisionistas, supuestamente, se llenaron los bolsillos con precios exageradamente altos y, además, con productos de baja calidad o de modelos que no eran los que quería el Ayuntamiento de la capital en las primeras semanas de la pandemia, con cientos de muertos al día en los hospitales. Sucedió por ejemplo con los guantes: el Ayuntamiento exigió la devolución del dinero porque no eran del modelo que habían solicitado. Luceño hizo creer al consistorio que había conseguido una rebaja del precio para la devolución pero lo único que hizo fue renunciar a la comisión para que el consistorio recuperase el dinero y no levantar sospechas.
Compras de lujo
A cambio de todo esto, Alberto Luceño cobró 5,1 millones de dólares en transferencias remitidas desde Malasia a una cuenta bancaria en Madrid. Además intentó justificar los cobros con documentos falsificados. Con este dinero, además, compró tres relojes de lujo Rolex por más de 40.000 euros, 12 coches de lujo por valor de más de dos millones de euros y una vivienda en Pozuelo de Alarcón. Luis Medina Abascal también aportó documentos falsos para justificar su comisión de 1 millón.
Medina Abascal, hijo de Naty Abascal y del fallecido duque de Feria, también convirtió su comisión en artículos de lujo, foco de la acusación de blanqueo de capitales. Compró un yate llamado “Feria” registrado a nombre de una empresa de Gibraltar cuyos titulares reales son Medina Abascal y su hermano. El título de duque de Feria fue heredado por Rafael, hermano de Luis Medina, después de su fallecimiento en 2001. Ni Luis Medina ni Alberto Luceño han querido contestar a las múltiples llamadas y requerimientos de información de elDiario.es.
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