"Un escándalo sacude los cimientos de Castilla y León en víspera de la contienda electoral. Según ha revelado Leon Noticias, el Ejecutivo regional ha adjudicado un millonario contrato a la compañía de un consejero de la empresa pública Somacyl que, además, es militante con cargo del PP, llevando a buen puerto la máxima de todo queda en familia. Para mas inri, todo parte de un consejero salpicado por la operación Enredadera.
El pasado 13 de enero se hizo pública la adjudicación de un contrato cuyo montante ascendía a 2,34 millones de euros. Se hizo por el procedimiento negociado sin publicidad y el objeto era la realización de test de antígenos par la detección del Covid-19 en distintos puntos de la geografía castellanoleonesa. El contrato se lo llevó Biorama Guijuelo SL, cuyo administrador único es Francisco Julián Ramos Manzano, exalcalde de Guijuelo y exprocurador en las Cortes de Castilla y León por el Partido Popular.
Y este no es el único cargo del militante genovés. Ramos Manzano figura, según el antecitado medio, como consejero de Somacyl desde el 4 de enero del 2018. Somacyl es una empresa pública que pertenece -y por ende, depende- de la Junta de Castilla y León, concretamente, de la consejería de Fomento y Medio Ambiente. En otras palabras, la empresa pública que depende del gobierno de Castilla y León le ha dado un contrato de 2,34 millones al consejero de una de sus empresas.
La citada información explica que la adjudicación si bien se realizó atendiendo a criterios de urgencia, se desconoce si existe algún tipo de incompatibilidad por el cargo que ostenta Ramos Manzano. Lógicamente, la maniobra ha provocado las protestas del sector. Empresas y sindicatos cuestionan el procedimiento, aunque evitan hacerlo públicamente por temor a posibles represalias del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.
Y es que, las condiciones del pliego del contrato son “tan ventajosas que es un escándalo lo que se ha hecho”, lamentan algunas compañías. El contrato obliga a la empresa a prestar los servicios logísticos y de personal, sin embargo, la Junta asume los gastos de los propios tests.
Otra de las sombras que sobrevuelan al caso es por qué los contratos han sido adjudicados por la consejería de Fomento y Medio Ambiente y no así por Sanidad. Conviene recordar, en este punto, que el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, está salpicado en la operación Enredadera.
En una de las conversaciones que mantiene el empresario José Luis Ulibarri (quien admitió haber cometido hasta cinco delitos en Gürtel) con el presidente del Partido Popular en El Bierzo, Raúl Valcárce, el primero le dice al segundo que ha dado orden de que se tratara bien a Suárez-Quiñones en los medios.
El diálogo tiene lugar el 15 de febrero, por iniciativa del presidente del PP berciano y alcalde de Carraceledo, que llama a Ulibarri para comentar el “cabreo” que tiene el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Sánchez-Quiñones, también salpicado por las grabaciones. El enfado en cuestión viene por una noticia publicada en Diario de León, con motivo de una visita de Mariano Rajoy a la capital leonesa. “Está el consejero cabreado”, le dice Valcarce, que fue diputado de Fomento en la Diputación de León, porque “un día el diario le hizo ahí un desaire de la hostia”.
En ese punto, Ulibarri expresa su sorpresa porque “me cuesta creerlo” ya que “hace ya bastante que he dado yo orden expresa, porque, porque ha sido así, de que hay que cuidarlo”. (El Plural, 21/01/22)
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