"La Fiscalía suiza detectó en julio de 2014 que un relevante político español, Francisco Granados
(entonces diputado autonómico y senador, y antes consejero y secretario
general del PP-Madrid), guardaba 1,3 millones de euros en una cuenta de
un banco de ese país y lo puso en conocimiento de la Fiscalía española.
Granados asegura que esa cuenta la abrió en 1992, que se la traspasó en
2000 al constructor David Marjaliza y que ese dinero procedía de una herencia de su padre y de los ahorros de su trabajo. Así nació el caso Púnica.
Anticorrupción abrió una investigación secreta, intervino los
teléfonos de Granados y Marjaliza y lo que escuchó permitió iniciar
nuevas pesquisas sobre tramas de corrupción vinculadas a distintas
administraciones públicas.
La investigación destapó múltiples irregularidades en el
funcionamiento de la Comunidad de Madrid y de numerosos ayuntamientos.
El caso salpicó al Gobierno murciano y a la Diputación de León. La causa
ha pasado por cuatro jueces de instrucción, que han abierto hasta 16
piezas separadas a raíz del millón de euros que Granados guardaba en
Suiza y que nunca declaró a Hacienda.
Los trabajos de los investigadores destaparon un amplio catálogo de
corruptelas en el funcionamiento de las administraciones gobernadas por
el PP:
- Pago de mordidas a alcaldes del PP en la Comunidad de Madrid y a Marjaliza a cambio de adjudicación de contratos de eficiencia energética a la empresa Cofely.
- Financiación con dinero público de campañas de reputación en Internet para contrarrestar informaciones negativas de consejeros autonómicos.
- Adjudicación ilegal de contratos y recalificación de suelos a cambio de comisiones ilegales en media docena de ayuntamientos madrileños.
- Pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de contratos para organización de eventos en fiestas patronales de distintos municipios.
- Financiación ilegal de las campañas electorales del PP de Madrid de 2007, 2008 y 2011 a través de empresas contratistas de la Comunidad de Madrid.
En relación con la financiación ilegal del PP, los indicios de delito hallados por la Guardia Civil en el caso Púnica se complementaron con la investigación abierta en el caso Lezo,
que llevó a la cárcel al vicepresidente autonómico, Ignacio González.
La Fiscalía Anticorrupción pidió al juez abrir una pieza especial donde
se reúnen todos estos hechos investigados.
El juez ha dictado un auto de imputación que incluye a 42 personas que ya estaban siendo investigadas
y a otras 29, entre las que se encuentran las expresidentas Esperanza
Aguirre y Cristina Cifuentes, además del expresidente de Indra, Javier
Monzón (actual presidente no ejecutivo de PRISA), y de la empresa Indra
Sistemas como persona jurídica. En el auto, el juez detalla los hechos
supuestamente vinculados a la financiación ilegal del PP:
Un 1% de las obras para el lucro del PP. Desde 2004,
según el juez, el Gobierno madrileño creó un sistema —decidido y
aprobado por la comisión delegada para asuntos económicos en la que
participaba la presidenta Esperanza Aguirre— por el cual las
adjudicaciones de determinadas obras públicas debían reservar un 1% del
presupuesto para publicidad.
La adjudicación de ese dinero se hacía al
empresario Horacio Mercado. En muchas ocasiones, las cantidades
adjudicadas no se destinaban a publicitar las obras públicas ejecutadas
sino a financiar actos electorales o gastos del PP. Mercado ha
reconocido estos hechos en su declaración al juez.
Una fundación para el fraude electoral. Fundescam
era la fundación con la que el PP sufragó actos electorales no
declarados a la Cámara de Cuentas con fondos procedentes de subvenciones
públicas de la Comunidad de Madrid o donativos de empresarios
contratistas de la Comunidad de Madrid que tenían prohibido por ley este
tipo de aportaciones.
El escrito del juez detalla durante decenas de
páginas estas prácticas irregulares con las que el PP financió parte de
las campañas electorales autonómicas de 2007 y 2011 y los comicios
generales de 2008, y se excedió en el gasto máximo permitido por ley
para estas actividades.
El juez resalta que Fundescam estaba bajo la
supervisión de Esperanza Aguirre y que la expresidenta tuvo un papel
decisivo y esencial en la toma de decisiones del comité de campaña
electoral del PP. Las fundaciones de los partidos políticos, que se
nutren en parte de subvenciones públicas para hacer estudios y trabajos
similares, no pueden dedicar ni un solo euro a gastos electorales.
Proveedores del PP que cobraban de la Comunidad de Madrid.
Empresas que prestaban servicios para las campañas electorales del PP,
cobraban de la administración autonómica a través de vías indirectas.
Otras empresas privadas, contratistas de la Comunidad de Madrid, pagaban
a estos proveedores a través de facturas por trabajos nunca prestados.
Contratos inflados para pagar deudas del PP. El juez
relata cómo supuestamente la empresa pública Informática y
Comunicaciones Madrid (ICM) adjudicaba contratos a Indra con un
sobreprecio y que esta sociedad, a su vez, pagaba a proveedores
electorales del PP por servicios no prestados.
Adjudicación de una cafetería al donante ilegal del PP.
El juez imputa a la expresidenta Cristina Cifuentes por la adjudicación
al empresario Arturo Fernández de la explotación de la cafetería de la
Asamblea de Madrid. Cifuentes presidía la mesa de contratación.
Fernández era una de los donantes ilegales del PP.
Los recaudadores de la caja b. El juez detalla como
Ignacio González y Francisco Granados recaudaban dinero en efectivo de
contratistas de la Comunidad de Madrid y se lo entregaban al gerente del
PP, Beltrán Gutiérrez, para los gastos del partido." (J. M. Romero, El País, 03/08/19)
No hay comentarios:
Publicar un comentario