"Un total de 139 ministros y altos cargos del Estado
recibieron autorización del Gobierno para pasar del sector público al
privado desde enero de 2014 hasta el pasado 13 de marzo, según consta en el Portal de Transparencia.
En ese periodo, la Oficina de Conflictos de Interés otorgó hasta 247
autorizaciones diferentes, lo que refleja que muchos de los solicitantes
realizan peticiones múltiples para cruzar la puerta giratoria en más de
una ocasión.
El caso más reciente es el de la
exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que el 8 de
marzo recibió la autorización para trabajar en el bufete de abogados
Cuatrecasas. La exdirigente del Partido Popular consiguió la
autorización de la Oficina de Conflicto de Interés pese a que el
director del bufete, Emilio Cuatrecasas, se libró de ir a prisión gracias a un pacto la Fiscalía y la Abogacía del Estado cuando Santamaría era vicepresidenta.
Su caso no es el único entre los integrantes del último
Gobierno del Partido Popular. Un tercio de las personas que ocuparon un
sillón en el último Consejo de Ministros de Rajoy se apresuraron a
cruzar la puerta giratoria tras la llegada de Pedro Sánchez al poder en
el pasado mes de junio.
Ramón Escolano, exministro de Economía, recibió
en los últimos meses autorización para prestar sus servicios a tres
entidades: la consultora financiera Ernst & Young (EY), el Colegio Universitario de Estudios Financieros y la consultora española Llorente y Cuenca.
En su tránsito a la empresa privada, tanto Santamaría
como Escolano cruzarán la puerta giratoria acompañados de algunas caras
familiares, ya que varios altos cargos de la administración de Rajoy
acabaron en las mismas compañías que ellos. Pedro Llorente,
subsecretario de Empleo y Seguridad Social, recibió este mes de marzo
autorización para incorporarse a Cuatrecasas, al igual que Santamaría.
Por su parte, Escolano coincidirá en la consultora EY con Juan Pablo Riesgo, ex Secretario de Estado de Empleo, que trabaja para la compañía desde diciembre.
De vuelta al Consejo de Ministros de Rajoy, en el
listado disponible en el Portal de Transparencia puede comprobarse que
el exministro de Justicia, Rafael Català, recibió cuatro
autorizaciones. Dos para participar en los patronatos de Legalitas y del
Atlético de Madrid –cuyo presidente Enrique Cerezo está involucrado en
distintas investigaciones judiciales activas mientras Catalá era
ministro– y otras para servir en despacho de abogados Herbert Smith Freehills y como abogado del Colegio de Abogados de Madrid.
El cuarto de los ministros del último Gobierno de Rajoy en cruzar la puerta giratoria fue Iñigo de la Serna,
antiguo encargado de la cartera de Fomento, que se incorporó a las
plantillas de Amrop Seeliger y Conde, al Banco Interamericano de
Desarrollo y al consejo asesor de la tecnológica NEC Ibérica.
La segunda fila también cruza la puerta giratoria
El fenómeno de la puerta giratoria se produce más allá
de la primera fila política. No sólo los ministros utilizan su paso por
la política como trampolín profesional, sino que multitud de
Secretarios de Estado y directores de distintas instituciones estatales
también se suman a esta práctica.
En este sentido destacan casos como el de Isaac Martín Barbero,
ex presidente de Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco), cargo
del que fue cesado en septiembre de 2018. En los seis meses
transcurridos desde entonces, recibió autorizaciones para asesorar a
cinco empresas distintas. Una de ellas es Maxi Mobility Spain, la principal sociedad con la que opera Cabify en España, con sede en Delaware.
También de modo reciente, el ex presidente del Instituto Nacional de Estadística, Gregorio Izquierdo Llanes, recibió autorización para ser director económico de la CEOE. La lista no se detiene ahí. Pablo Zalba Bidegain, expresidente del Instituto de Crédito Oficial, se sumó recientemente a la consultora Deloitte y al grupo Gerson Lehrman.
De las autorizaciones concedidas de modo reciente,
uno de los casos que mejor explica cómo funcionan las puertas giratorias
es el de Agustín Conde, que en junio fue cesado como Secretario
de Estado del Ministerio de Defensa para acabar sumándose en febrero a
la plantilla de Escribano Mechanical & Inginieering S.L, que opera
en la industria armamentística.
En una línea similar se sitúan los movimientos de Juan Antonio Carrasco, antiguo Jefe de Estado Mayor Conjunto de la Defensa, que el verano pasado se incorporó a Airbus. A su vez, este siguió el camino de Eugenio Ferrer, que a finales de 2017 se sumó a la empresa INDRA
tras servir como Jefe del Mando Aéreo de Combate o de Francisco García
Arnaiz, que en la misma fecha se incorporó como asesor de Global
Training Aviation tras ostentar el cargo de Jefe del Estado Mayor del
Ejército del Aire.
Una cascada de solicitudes
Sólo desde la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez
en junio de 2018, la Oficina de Conflictos de Interés otorgó 80 de las
257 autorizaciones para la actividad privada de antiguos altos que
constan en el Portal de Transparencia desde 2014.
De estas 80 solicitudes, solo una se encuentra relacionada con la administración socialista: la del fugaz ministro de Cultura Máxim Huerta, que el pasado 7 de marzo recibió permiso para trabajar como presentador del programa la Cometa TV.
De estas 80 solicitudes, solo una se encuentra relacionada con la administración socialista: la del fugaz ministro de Cultura Máxim Huerta, que el pasado 7 de marzo recibió permiso para trabajar como presentador del programa la Cometa TV.
Cabe destacar que no todas las autorizaciones
concedidas por la Oficina de Conflictos de Interés se enmarcan en el
ejercicio de las puertas giratorias, ya que muchas de ellas tienen que
ver con la reincorporación a un partido político de alguien que fue
designado para un cargo público o, por ejemplo, con la voluntad de un
excargo para trabajar por cuenta propia.
Sin embargo, los ejemplos anteriormente expuestos
demuestran que en muchos casos existe una relación directa entre la
actividad desarrollada por el cargo público y su nuevo destino
empresarial. Esto se produce gracias a un vacío legal en la Ley de Incompatibilidad.
Esta norma establece que “los altos cargos, durante
los dos años siguientes
a la fecha de su cese, no podrán prestar
servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por
decisiones en las que hayan participado”. Sin embargo, esto solo afecta a
los altos cargos que reciban una retribución fija, lo que abre la
puerta a múltiples artimañas para que las grandes empresas acaben
incorporando a su plantillas a quienes hasta hace dos días se
encontraban tomando decisiones relativas a su actividad." (Daniel Martín, Público, 31/03/19)
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