"Desde el exterior parece una vivienda más, otra de las casonas recias de
Pedrosa del Rey, un pequeño pueblo de Valladolid que apenas cuenta con
200 habitantes. Pero el interior contrasta con su discreta fachada.
Tras
los muros de piedra caliza y ladrillo tosco de esta casa centenaria, se
esconde una piscina climatizada de agua salada, una sauna finlandesa,
un jacuzzi, una terraza 'chill out' con barra de bar, un cenador con una
enorme mesa con plataforma giratoria a medida, varias esculturas de
bronce o una fuente ornamental, entre otras caras excentricidades.
Todos estos lujos se construyeron entre 2010 y 2012, durante una amplia
reforma que pagó el empresario patatero Francisco Javier Meléndez, por
entonces novio y hoy marido de la presidenta de las Cortes de Castilla y
León, Silvia Clemente. La casa es propiedad de los padres de Meléndez:
Rafael Meléndez y Consuelo Juárez.
Su tatarabuelo la levantó en 1920.
Pero la pareja, él empresario del sector de la patata y ella, consejera
de Agricultura en el Gobierno de Juan Vicente Herrera, disfrutaba de la
vivienda y puso en marcha esta obra en el patio del edificio para que se
convirtiese en su segunda residencia; para el verano y los fines de
semana. La casona rústica pasó a transformarse en un lujoso chalet.
Según un informe pericial encargado por el propio
matrimonio, la reforma costó 1.165.390 euros. En esos años, Javier
Meléndez y Silvia Clemente no contaban con ingresos conocidos que les
permitieran afrontar con facilidad estos gastos suntuarios. Él ganaba, a
través de las empresas familiares fundadas por sus padres –Agroinnova y
Patatas Meléndez–, un sueldo de "menos de 3.000 euros netos al mes",
según asegura su propia madre en un escrito. Ella, su sueldo como
consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León: unos 70.000
euros brutos anuales.
La reforma no solo fue cara:
también ilegal. Nadie solicitó la preceptiva licencia para las obras. Y
la lujosa remodelación no solo desató más adelante una inspección del
Ministerio de Hacienda –a través de la oficina del Catastro–. También
desencadenó un grave cisma familiar que acabó en los tribunales con una
serie de demandas cruzadas entre la la pareja y los padres de Javier
Meléndez.
Por motivos no aclarados, el matrimonio
Meléndez-Clemente se enfrentó con la familia en 2015. Y fruto de esa
discusión, empezó una escalada de denuncias en los juzgados que aún no
ha terminado.
En 2015, cuando comenzaron las hostilidades, el
matrimonio instaló varias cerraduras y sistemas de seguridad para cerrar
al resto de la familia el área de la casa que habían reformado.
Construyeron un nuevo espacio, en una nave junto al patio, donde
levantaron dos nuevos dormitorios y un baño, y abandonaron el dormitorio
–en la zona no reformada– que habían utilizado hasta entonces.
Los
padres retiraron estos cerrojos y, en respuesta, Javier Meléndez puso en
marcha un procedimiento judicial denominado interdicto para reivindicar
en el juzgado la propiedad de esa zona de la casa. El hoy marido de
Silvia Clemente ganó parcialmente ese primer envite: el juez, en una
sentencia de marzo de 2016, le atribuyó la parte construida, aunque
permitiendo a sus padres el acceso a la bodega que está debajo de la
casa.
Tras ese primer pleito, llegó otra demanda:
esta de los padres contra su hijo, Javier Meléndez, y su pareja, la
política Silvia Clemente. La presentaron en junio de 2016 y en ella no
solo reclaman la propiedad de toda la vivienda. También denuncian que
las obras fueron realizadas sin licencia y sin facturas que acreditasen
los pagos de la reforma.
Además explicaban que dieron el permiso para
hacer las obras con la condición de que las disfrutase toda la familia y
revelaban que, en un primer momento habían sido reticentes porque
entendían que su hijo carecía de los fondos necesarios para afrontar
esos lujos. Siempre según su versión, que recoge esta demanda,
accedieron cuando Javier Meléndez les aseguró que su pareja y más tarde
esposa, Silvia Clemente, pagaría parte de la reforma.
En la contestación a la demanda, el marido de la presidenta de las
Cortes argumenta que las obras se realizaron tras pactar con sus padres
que le transmitirían la propiedad, que Clemente no estaba casada con él
aún y que no podía tener interés alguno en pagar las obras de
remodelación, si bien precisa que la casa fue utilizada por ambos como
"domicilio conyugal" hasta que se trasladaron a Valladolid hace unos
años. Añaden además algunos testimonios del procedimiento interdictal en
los que una testigo declaró "que tanto don Javier como doña Silvia
recibían a amigos e invitados y hablaban de la casa como si fuera
propia".
Nada se dice en la contestación a la demanda
sobre la capacidad económica de Javier Meléndez para afrontar esta
obra, puesta en duda por sus propios padres en el pleito.
Entre la documentación aportada en la respuesta a esa
demanda, destaca un informe pericial encargado por el marido de
Clemente, que certifica que las obras costaron 1.165.390 euros. Esta
tasación de la reforma está fechada el 1 de diciembre de 2016 y la firma
el arquitecto Pedro Pablo Grajal Ruiz.
En ella se asegura que en esas
obras participaron "más de 65 empresas", aunque no se da el nombre de
ninguna de ellas ni el detalle del coste por cada factura. Según esa
tasación, 725.150 euros corresponden a trabajos realizados entre 2010 y
mediados de 2012 en la vivienda y 440.240 euros están relacionados con
las reformas acometidas en 2015.
"Este coste de
1.165.390 euros no lo considero exagerado en comparación con la
naturaleza, características y extensión de las obras y la categoría o
rango de las mismas", escribe el arquitecto en este informe pericial.
"La gran mayoría de ellas son de alto standing y
lujo, circunstancia que tiene, como no puede ser menos, una notoria
influencia en el coste total de los trabajos acometidos", dice el mismo
informe. Ese lujo, asegura el arquitecto, supera "lo habitual y racional
en la construcción" y proporciona, según el arquitecto, "un mayor
bienestar y comodidad que las normales".
El informe
pericial también subraya la calidad de los materiales empleados en la
reforma. Los suelos son de "tarima flotante de roble con rodapié lacado
en blanco". Los techos "están revestidos de tablero de madera lacado en
blanco y correas del mismo material". El espacio entre la sala de estar,
el cenador y la piscina "está solado con tarima flotante de lamas de
madera de iroco". La iluminación es "led con sensores de movimiento".
La
piscina "en forma de riñón" y el jacuzzi son de agua de mar
climatizada, que se calienta con unos paneles solares y una caldera. La
casa también cuenta con un complejo sistema de seguridad, con
videocámaras.
Antes de la reforma, la casa contaba
con dos plantas de 298 metros cuadrados sobre una parcela de 1.922
metros cuadrados. Además, dentro de la finca, existían cuatro almacenes
agrícolas, que sumaban 1.311 metros cuadrados, y un patio de otros 313
metros cuadrados. Tras las obras, que eliminaron los almacenes, la
superficie edificada alcanzó los 1.624 metros cuadrados, de los que
1.150 pertenecen a la zona reformada, según el mismo informe. El coste
medio por cada metro cuadrado fue, por tanto, de alrededor de 1.000
euros.
Clemente: "No tuve ninguna participación"
Silvia Clemente (Segovia, 1961) es la segunda autoridad de Castilla y León, por detrás del presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, y lleva media vida en política. Durante las últimas dos décadas ha ido escalando en puestos institucionales, siempre como representante del Partido Popular: consejera de Medio Ambiente en 2001, de Cultura en 2003, de Agricultura en 2007 y en 2015 ascendió a la presidencia de las Cortes de Castilla y León.
En conversación con eldiario.es,
Silvia Clemente alega que ella no tuvo ninguna participación en esas
obras más allá de haber sido demandada por su familia política y que
ejercitará las acciones judiciales que considere oportunas si ve
lesionados sus derechos por publicaciones de eldiario.es. Sobre cómo
pagó su marido más de un millón de euros, Clemente asegura que ella "no
tiene nada que ver", que ni siquiera estaba casada con él en ese
momento, pero que sabe que tenía la justificación preparada para
aportarla al procedimiento judicial antes de que se paralizase. "Yo
puedo tener relaciones con mucha gente y tener muchas amistades, pero yo
no soy parte de esta historia", asegura.
La defensa
del empresario, con la que también ha contactado eldario.es, se niega a
mostrar justificantes de los pagos de esa reforma y también a explicar
el origen de esos fondos, amparándose en el acuerdo extrajudicial que
incluye un pacto de confidencialidad y no agresión.
Un pacto de silencio por escrito
Las demandas cruzadas por la propiedad de la casa no siguieron adelante en los tribunales porque las dos ramas familiares en conflicto sellaron un pacto extrajudicial en enero de 2017 que obliga a guardar silencio a los implicados.
El marido de Clemente, que había
conseguido una sentencia que le reconocía el uso y disfrute de las
nuevas y costosas instalaciones construidas, acabó renunciando a ellas.
En enero de 2017 los padres, el hermano y el propio Meléndez llegaron a
un acuerdo para que los progenitores recuperasen la propiedad y que las
dos empresas patateras donadas por ellos a partes iguales entre los
hermanos se dividiesen: una para cada uno con un acuerdo para la compra
de las respectivas acciones.
En ese acuerdo, Javier
Meléndez renunció a lo invertido en las obras y a todo derecho sobre la
casa. Solo se llevaron los muebles, incluyendo las esculturas de bronce,
las placas solares y también la sauna, que fue desmontada e instalada
en otro lugar.
Ese acuerdo de paz saltó por los aires
hace un par de meses. La presidenta de las Cortes envió un burofax a su
suegra el pasado 3 de septiembre en el que la acusaba de estar
realizando "públicamente" comentarios "denigratorios" sobre ella,
insultándola "gravemente en presencia de terceros" e incluso acusándola
de manera "totalmente infundada con pleno conocimiento de su falsedad y
temeridad, de la comisión de ilícitos penales" en el ejercicio de su
función pública.
Clemente advertía en esa
comunicación de que los hechos eran "constitutivos de posibles delitos
de injurias y/o calumnias" por lo que la apercibía mediante el escrito
ante "cualquier nuevo hecho similar" del que tuviese noticia.
"Ejercitaré en su contra y hasta las últimas consecuencias cuantas
acciones judiciales correspondan en defensa de mis derechos", finalizaba
aquella misiva.
"Ni una sola factura"
La respuesta de la suegra a Silvia Clemente, Consuelo Laguna, ante el burofax de su nuera donde le amenaza con una nueva demanda es otra carta, enviada igualmente por burofax, a la que también ha tenido acceso eldiario.es. En ella, la suegra de Clemente precisaba que las acciones que le imputaba la presidenta de las Cortes eran falsas, pero defendía la necesidad de "apostillar los hechos".
A lo largo
de 14 puntos, en el escrito, la suegra de Silvia Clemente, relataba que
la entrada de la dirigente política en la familia Meléndez –propietaria
de un grupo empresarial dedicado a la producción de patatas– había sido
"un desastre". "Ha sido la desgracia misma, que nos ha ocasionado y que
nos sigue ocasionando un daño inmenso", asegura en la carta.
La familia Meléndez, según esa comunicación, "nunca había pisado un
tribunal de justicia" y se vio inmersa en "numerosos pleitos civiles y
penales" en los que Clemente participó “de forma directa o indirecta”.
La suegra de la presidenta del Parlamento de Castilla y León asegura que
habían visto cosas que no imaginaban, que llaman profundamente la
atención y que “como son ciertas” no tienen por qué ocultar. Entre
ellas, citaba la suntuosa reforma en el patio de la casa familiar por
valor de 1.165.390 euros.
En pleno intercambio de
denuncias, el catastro detectó las nuevas dependencias y requirió a los
suegros de Clemente, como propietarios de la vivienda principal, la
licencia de obras, la memoria, la descripción técnica de las mejoras
efectuadas “y, en general, la descripción completa de obras y su coste”.
“Ahí, en ese pleito aprendí que no existía licencia de obras, que no
había memoria, que no había descripción técnica y que no había una sola
factura justificativa del pago de los trabajos que su propio informe
pericial valoraba en 1.165.390 euros”, denuncia la suegra de Clemente en
el burofax remitido a su nuera, con el que ya no tiene relación. La
mujer insiste en que pese a sus reiteradas peticiones de algún soporte
documental a su hijo para aportarlo al catastro, nunca obtuvo nada.
“A estas alturas, no me cabe duda que mi hijo (su esposo) y usted han
pagado las obras, porque no me consta que ninguno de los gremios o de
los oficios que intervinieron hayan reclamado deuda alguna, y tampoco
concibo que no cobren y no reclamen. O sea, que han cobrado”, asegura
Consuelo Juárez, la suegra de Silvia Clemente.
“Le
recuerdo que en el mismo procedimiento consta que mi esposo y yo dijimos
que no podíamos entender de dónde ha salido el dinero para pagar la
cantidad que ustedes mismos decían: 1.165.300 euros, porque en las
fechas en las que se construyeron las mejoras y, supongo, se hicieron
los pagos, mi hijo menor solo tenía los ingresos de su salario en las
empresas familiares, que no alcanzaban los 3.000 euros netos al mes”,
escribe la suegra de Clemente. “¿De dónde había salido el dinero para
pagar las mejoras?” se pregunta. "Porque nuestro hijo menor no tenía
capacidad alguna de pagarlo y usted, con su retribución pública,
tampoco”, añade.
“No voy a pedirle disculpas por nada
de ello, no voy a mentir y tampoco lo voy a ocultar”, asevera en la
carta. “A esta fecha no me consta que haya aparecido una sola factura
justificativa del modo en que mi hijo y usted pagaron ese importe, ni de
cómo consiguieron el dinero para ello. No la acuso, no deduzco
conclusiones, no extraigo consecuencias, no la juzgo y prefiero no
decirle lo que pienso.
Lo que sí le digo es que eso es lo que yo he
vivido. Eso es lo que consta judicialmente. No lo negaré y no negaré
ante nadie que me pregunte que, en mi opinión los hechos han ocurrido de
ese modo. Son otros, con más peso que yo, los que tendrían que
preguntar cómo se pagaron esos 1.165.390 euros, de dónde salió el
dinero, cuál fue su origen y demás”, acaba el escrito." (Laura Cornejo, eldiario.es, 10/152/18)
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