"El comisario José Manuel Villarejo
guardaba sus audios en carpetas que luego bautizaba con nombres
relacionados con los protagonistas de las conversaciones. De acuerdo con
los dosieres a los que se ha podido acceder por ahora, la mayoría son
encargos de clientes que pagaban por la información que les vendía el
policía a precios estratosféricos.
El número de carpetas que le fueron
incautadas en la Operación Tándem a Villarejo ronda las 400, según han
informado a eldiario.es fuentes próximas a la investigación.
Encriptadas
en su mayoría, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe),
dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, recibió hace dos
semanas el encargo del juez para descifrar los códigos que abren esas
carpetas. King, Iron, Land, Pit, Carol, Pintor y Big son los nombres de
piezas abiertas a raíz de otros tantos dosieres. Todas respetan los
nombres con los que Villarejo bautizó esas carpetas, a excepción de
Pintor.
Los investigadores acordaron cambiar el nombre original, “AR”,
para evitar el escarnio a la presentadora de televisión Ana Rosa
Quintana, amiga del policía, pero ajena a una investigación que va
dirigida contra su marido y el hermano de éste por haber contratado
supuestamente los servicios de Villarejo para cobrar una deuda.
Los límites para que esos 400 dosieres se
conviertan en otras tantas investigaciones son tres. En primer lugar,
que los especialistas del Instituto Nacional de Seguridad superen la
encriptación. El segundo, que una vez analizado su contenido, éste
contenga indicios de delito por Villarejo. El tercero, que esos delitos
no estén prescritos.
Aun así, el volumen de la información
almacenada por Villarejo, casi 40 terabytes, amenaza con desbordar la
capacidad del Juzgado de Instrucción número 6 y de toda la Audiencia
Nacional. Hasta ahora, se han abierto piezas separadas por cada dosier,
con la excepción de la carpeta Big, convertidas en diligencias separadas
por decisión del juez Diego de Egea.
Big es el nombre que Villarejo dio a la
carpeta donde archivó sus negocios con el también comisario Enrique
García Castaño, conocido en la Policía como El Gordo. Éste habría
suministrado información reservada a Villarejo con la que el policía
jubilado elaboró informes que vendió a sus clientes. García Castaño está
imputado por organización criminal, revelación de secretos, cohecho y
blanqueo.
La defensa de El Gordo acaba de solicitar al juez que le
facilite la autorización del Consejo de Ministros para revelar secretos de Estado de los últimos 30 años
que explicarían que las conversaciones grabadas con Villarejo no versan
sobre una práctica delictiva sino sobre operaciones secretas de la
Policía.
Fuentes jurídicas apuntan la posibilidad
de que una avalancha de nuevas investigaciones que surjan de las
carpetas cifradas provoque que el magistrado intente que sean repartidas
por los distintos juzgados de la Audiencia Nacional. Por otra parte, El País publicó que el comisario guarda tres copias de su archivo en distintos puntos del extranjero.
Mientras tanto, un nuevo actor se ha visto implicado en los negocios de Villarejo. Según elindependiente.com,
el BBVA pagó cinco millones de euros por trabajos a las sociedades del
comisario entre 2012 y 2017, mientras Villarejo se encontraba en activo
en la Policía. El jefe de seguridad del BBVA durante esos pagos fue
Julio Corrochano, alto mando de la Policía antes de pasar a la empresa
privada. El banco ha reconocido los pagos y ha añadido que obligaba a su
proveedor a "cumplir la Ley".
Entre la alta sociedad
Las revelaciones del archivo de Villarejo
señalan que sus clientes son miembros de la alta sociedad. Los socios
del bufete de abogados Herrero y Asociados contrataron los servicios de
Villarejo para atacar a otro despacho de antiguos socios, de los que
sospechaban que estaban practicando competencia desleal.
Villarejo abrió
el dosier Iron y pidió a los letrados 600.000 euros, de los que se
llegaron a abonar la mitad, según creen los investigadores. Herrero y
Asociados son un exclusivo bufete del madrileño barrio de Salamanca
especializado en patentes y marcas.
Otro cliente de Villarejo resultó ser la
dueña de La Finca, la urbanización de lujo en Pozuelo de Alarcón, donde
viven las grandes estrellas del fútbol y otras de las rentas más altas
de la capital. Susana García Cereceda y un socio contrataron los
servicios del policía en 2013 para conocer los movimientos e intimidades
de su hermana Yolanda y de otros miembros de la familia con los que
estaban enfrentados por la herencia familiar.
Villarejo les facilitó el
resultado de seguimientos y tráfico de llamadas. Anticorrupción cree que
cobró por eso 362.082 euros.
La pieza Pit se mantiene secreta y alude
al encargo del empresario Ángel Pérez Maura el pasado año para evitar su
extradición a Guatemala por un presunto soborno millonario al
expresidente del país Otto Pérez, a cambio de una gran obra. La
existencia de la pieza y la posible participación en los hechos de la
ministra Dolores Delgado cuando era fiscal de la Audiencia Nacional
fueron desveladas por elconfidencial.com.
Anticorrupción asegura que no ha encontrado ningún indicio de delito en
la actuación de Delgado, que habría sido circunstancial -en sustitución
del fiscal del caso- en los trámites en los que la Fiscalía rechazó que
Pérez Maura fuera entregado al país centroamericano.
La ministra aparece también en otra pieza
separada de Tándem, la que abrió el juez para determinar el origen de
las grabaciones publicadas por moncloa.com
sobre una comida en 2009 donde Dolores Delgado comparte mesa con
Baltasar Garzón y varios mandos policiales. Los comentarios homófobos de
la ministra y la confesión que le hace Villarejo sobre una falsa
agencia de modelos que había creado, y que en realidad era un prostíbulo
para recabar información, han puesto en el disparadero a Delgado, que
ha sido reprobada tanto en el Congreso como en el Senado.
La grabación de la comida de la ministra
podría haber sido filtrada por personas ajenas al entorno de Villarejo a
cambio de dinero, sospechan fuentes del caso. La defensa del comisario
niega que éste o sus allegados estén detrás de la difusión, que
perjudicaría su estrategia de defensa. La sospecha de que hay otra
trama, ajena en la actualidad al policía, en posesión de grabaciones
realizadas en el pasado por Villarejo, ha encendido la alarma en las
Fuerzas de Seguridad del Estado.
A principios de 2017, los hermanos
Fernando y Juan Muñoz, éste último marido de Ana Rosa Quintana, habrían
recurrido al comisario para cobrar una deuda que tenía con ellos Mateo
Martín Navarro, al que se referían como El Pintor, de ahí el nombre de
la pieza separada en el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia
Nacional.
Permanece como un misterio por qué
Villarejo llamó Carol al dosier que guardaba las conversaciones con
Corinna Larsen, la antigua amante del rey, en Londres, en presencia del
expresidente de Telefónica Juan Villalonga. Por el contenido de esa
grabación, la Fiscalía Anticorrupción estudió si solicitar la imputación
del rey emérito, al que la aristócrata alemana acusaba de prácticas que
podían incurrir en varios delitos.
La falta de indicios solidos y la
inviolabilidad del rey hasta 2014 provocaron que la Fiscalía pidiera muy
pronto el archivo de la causa, reservándonse la apertura de una pieza
aparte por unas comisiones que, en principio, no salpicarían a Juan
Carlos I. El juez acordó finalmente archivar la pieza Carol."
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