La Justicia, en barrena...

"Estaba yo asistiendo al funeral de mi maestro, Luis Miguel Enciso, cuando se conoció la decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo de que fuesen los clientes de las hipotecas quienes pagasen los impuestos correspondientes, dejando sin efecto una sentencia previa de una sección de la misma Sala que introducía la novedad de que fuesen los bancos los que se hiciesen cargo de esos tributos. 

Asistían al funeral varios magistrados y profesionales del Derecho, y al conocer ese increíble volantazo de nuestro Tribunal Supremo, unos cuantos comentaron algo así como: ¡Ya no nos queda sino el Rey! Y es que entre bromas y veras querían expresar que la Justicia entraba, como los poderes Legislativo y el Ejecutivo, en la misma espiral de desprestigio, causado por una única enfermedad de politización partidaria.

Puedo estar de acuerdo con el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, en que la ley que señalaba quién tenía que pagar el impuesto, si los bancos o los que obtenían el préstamo hipotecario, no lo dejaba muy claro. 

Así que la decisión tenía un sesgo ideológico, algo muy lógico y normal cuando cualquier persona, sea juez o lego, interpreta una ley compleja. Pero también estoy de acuerdo con los magistrados de la Sala que han opinado que el problema del impuesto lo ha creado solo su presidente, Luis María Díez-Picazo.

Primero, no queriendo reunir el pleno de la Sala antes de anunciar el contenido del fallo; y segundo, cuando se hizo público, convocándolo después para a todas luces -y hasta la ajustada votación de la sentencia- exteriorizar que él, como presidente de la Sala, estaba a favor de los argumentos de los abogados de los bancos.

 A este estúpido espectáculo, se han añadido las conexiones de Díez Picazo, y del despacho de abogados de su familia, con las entidades bancarias para que se organizara un escándalo nacional e internacional sobre la independencia de la Justicia en España. Durante las tres semanas, entre una y otra sentencia, obviamente, los medios le han dado alcance urbe et orbi, con lo cual, donde no existía problema aparente se gestó uno nuevo de grandiosa dimensión política. 

Evidentemente, “solo nos queda el Rey”, era una manifestación de preocupación de muchos amantes de la democracia que se sienten desesperados por la actitud de ciertos personajes públicos.

El magistrado Díez-Picazo es un prestigioso jurista, cuyos libros han sido admirados por los estudiosos del Derecho. Él ha llegado al Tribunal Supremo por la vía de acceso reservada a los juristas de acreditada competencia y con muchos años de actividad, como es su caso. Entre otros cometidos, ha ejercido como catedrático de  Derecho Constitucional. Su presencia en la Sala era un refuerzo de finura teórica que contribuía a que el Tribunal Supremo perfeccionase su doctrina judicial.

El problema no estaba en que Díez-Picazo no es un juez de oposición. En mi opinión, es el sistema de elección del Consejo del Poder Judicial donde encuentro las causas del desaguisado. El Consejo del Poder Judicial, desde hace muchos años, se elige por un método que está en la ley y que favorece, primero, a los partidos políticos con gran presencia parlamentaria, y en segundo lugar, a los jueces y magistrados que están afiliados a las asociaciones judiciales mayoritarias.

Opino que debiéramos volver al método con el que elegimos el primer Consejo General del Poder Judicial, al comienzo de nuestra vida democrática. Aquel Consejo, presidido por  Federico Carlos Sainz de Robles, se eligió aplicando literalmente lo que se lee en el artículo 122.3 de la Constitución. En resumen, doce miembros elegidos “entre Jueces y Magistrados”(¡entonces también entre y por los mismos!), y ocho a propuesta del Congreso y del Senado.

Con un Consejo del Poder Judicial elegido mayoritariamente por jueces y magistrados, sin la presencia excesiva de sus “asociaciones profesionales” (que actualmente son una especie de sindicatos corporativos), ¿hubiera sido posible el nombramiento de Díez-Picazo a la presidencia de la Sala de lo Contencioso, por el presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes? Mi modesta opinión es que no hubiera sido posible.

 ¿Por qué Carlos Lesmes forzó la elección de Díez-Picazo hasta el límite, nunca visto en el Tribunal Supremo, de prescindir del anterior presidente de la Sala, el experimentado y apreciado magistrado José Manuel Sieira?  Tristemente, la respuesta que se  da -sea cierta o no, pero eso ya no importa en medio del lío mediático- es que Lesmes fue un presidente que sirvió a un Gobierno y a su partido político, y que por eso prefirió al frente de una Sala a un magistrado de su confianza, y por tanto, de la del poder partidario.

En 2007 escribí un artículo periodístico sobre lo mismo. Terminaba con estos párrafos: “No estaría de más considerar la vuelta al sistema de elección que está en la Constitución, y con el que se eligió el primer Consejo…. apliquemos el refrán que dice: “Que cada palo aguante su vela” (es decir, que los jueces se responsabilicen básicamente de lo que hacen como poder del Estado)."                (Juan José Laborda, Vox Populi, 11/11/18)