"La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha emitido este lunes un comunicado
exigiendo la "dimisión inmediata" de Luis María Díez-Picazo, presidente
de la sala tercera del Tribunal Supremo por su "nefasta gestión" ante
la petición de revisión de la sentencia de las hipotecas.
Díez-Picazo solicitó el pasado viernes la revisión de la sentencia
que dictaminaba que eran los bancos y no los clientes quienes debían
abonar el impuesto de Actos Jurídicos Documentales (AJD) en la firma de
hipotecas, por haber provocado una "enorme repercusión económica y
social".
La
asociación JJpD reconoce que las decisiones de la Justicia pueden tener
"impacto, no solo en la vida y economía de la ciudadanía en particular,
sino en la sociedad en su conjunto" pero, sostienen: "Esta es la labor
que nos encomienda la Constitución".
El comunicado emitido por JJpD manifiesta
sorpresa ante la decisión "sin precedentes" de Díez-Picazo y recuerda
que en enero el mismo magistrado admitió a trámite el recurso analizado
por el Tribunal Supremo, donde reconoció la "importante trascendencia
social, más allá del caso objeto del proceso".
Como ya habían adelantado expertos en
derecho, esta "insólita actuación" debe ejercerse "antes del dictado de
la Sentencia". De lo contrario, afirman desde JJpD, el juez se enfrenta
"a la incompetencia, incomprensión, mala imagen de la Administración de
Justicia que ha generado", a lo que suma el "descrédito de sus propios
compañeros a los que preside".
Con la decisión del magistrado, JJpD
mantiene que han generado "alarma social" y "desconcierto en la
ciudadanía", además de una "inseguridad jurídica" y una "imagen
lamentable" de la Justicia, por la utilización indebida de las
facultades legales.
Este lunes el presidente del Supremo ha reunido al presidente de la sala de lo contencioso-administrativo,
junto a los seis jueces que dictaron sentencia para hacer una
evaluación de daños de ambas actuaciones. La reunión, de carácter
interno, no revocará la decisión de revisar la nueva jurisprudencia." (eldiario.es, 22/10/18)
"El Supremo sume en la incertidumbre a decenas de miles de clientes afectados por el impuesto de las hipotecas.
Un "giro radical" que ha provocado una
"enorme repercusión económica y social". Con estos argumentos justificó
el Tribunal Supremo 24 horas después que se vaya a revisar la sentencia
que el jueves dictó que deben ser los bancos, y no los clientes, quienes
abonen el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), una tasa
vinculada a las hipotecas, en contra de lo señalado por dos sentencias
anteriores del mismo tribunal.
El Supremo paralizó este viernes los miles de recursos pendientes
sobre este asunto hasta que se decida qué criterio aplicar. No hay una
fecha concreta para acabar con la incertidumbre. Hasta entonces, ni los
afectados ni los bancos sabrán qué criterio aplicará la Justicia a las
nuevas hipotecas y a las reclamaciones que vienen de atrás.
La doctrina que iba a sentar la nueva sentencia
será ahora revisada por el pleno de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, compuesta por 31 jueces, a petición del
presidente de la Sala, Luis María Díez Picazo. El fallo del jueves que
condenaba a los bancos a pagar el impuesto está firmado por cinco
magistrados, mientras que un sexto emitió un voto discrepante.
La
decisión del presidente de la Sala del Supremo Díez Picazo no afecta a
la reclamación que motivó la sentencia: la Empresa Municipal de la
Vivienda de Rivas Vaciamadrid (Madrid), un municipio gobernado por
Izquierda Unida, recuperará los 2,5 millones de euros que reclamaba. Ese
fallo es firme.
Lo que queda en suspenso en la aplicación de la
doctrina y si, como sostienen los magistrados que han firmado la
sentencia, los clientes que han firmado una hipoteca en los últimos
cuatro años pueden reclamar la devolución del impuesto que pagaron en
sus respectivas haciendas autonómicas.
Todo eso queda en un limbo jurídico hasta
que el Pleno del Supremo resuelva. Según fuentes del alto tribunal,
hasta que no se fije la fecha de señalamiento para alguno de los
recursos pendientes, el Pleno de lo Contencioso-Administrativo no se
reunirá. Algunas fuentes apuntan que ante lo trascendente de la decisión
los jueces pueden acelerar los plazos para que la decisión se tome lo
antes posible.
Una decisión "atípica"
La ley que regula la jurisdicción del contencioso-administrativo recoge la posibilidad de que sea el Pleno del tribunal (31 jueces) y no la sala (integrada por seis magistrados) quien decida "cuando la índole del asunto lo aconsejara". Lo que apuntan varias fuentes jurídicas es que es del todo inusual que se haya tomado la decisión una vez dictada la sentencia.
(En este caso se adoptó 24
horas después, cuando las pérdidas de los bancos estaban en todos los
periódicos y con las principales entidades desplomándose en Bolsa). Lo
habitual, dicen los expertos consultados, es siempre avocar el
conocimiento del asunto al Pleno antes de que se dicte el fallo y no
después.
La decisión deja en una posición muy
complicada a los jueces que firmaron el fallo, que pueden ver ahora cómo
el pleno revoca la decisión que han tomado. El ponente, Jesús Cudero
Blas, podrá mostrar su disconformidad si el Pleno rechaza la sentencia
que él redactó, aunque no le servirá de mucho. En ese caso se encargaría
la redacción definitiva a otro magistrado.
El juez de lo Mercantil Jesús María
Fernández Seijo, que cuestionó las cláusulas Ley Hipotecaria y acabó
ganando ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), señala
que es "atípica" la decisión de pedir la intervención del Pleno una vez
emitida la sentencia, aunque aclara que la ley recoge esta posibilidad.
"Si el tema era trascendente se tenía que haber hecho de otro manera"
porque, añade, había "un riesgo objetivo" de que se dictara un fallos
contradictorio con sentencias anteriores del mismo tribunal.
Fernández Seijo también califica de
"atípica" la sentencia del Supremo, que cuenta con dos votos
particulares y falla en sentido contrario a la doctrina de la Sala
Primera y la Sala Tercera del mismo tribunal. "Es una sentencia
excepcional en todos los sentidos y la reacción es excepcional", añade.
Este reputado jurista defiende que lo
ocurrido "genera inseguridad" y por tanto ve razonable que "las
entidades financieras no planteen mecanismos de devolución" por ahora.
Este juez considera que es un asunto jurídico muy complicado de abordar y
que la decisión del Supremo de posponer su criterio final va a generar
"días de incertidumbre".
Desde Jueces para la Democracia, su
portavoz adjunta Esther Castanedo, se muestra mucho más tajante y apunta
a que el Supremo ha tomado una decisión "extraordinaria" al resolver
sobre un asunto que iba a causar daños millonarios a los bancos.
"Estamos muy indignados, no sé si se debe a presiones de la banca o de
la Agencia Tributaria".
Castanedo destaca que la sentencia del jueves
fue una muy buena noticia para gran parte de la ciudadanía, y que ahora
"va a ser puesta en entredicho".
Abel García, abogado especialista en
derecho fiscal en Life Abogados, celebra en cambio la decisión del
Supremo de clarificar la cuestión después de una sentencia -la del
jueves que carga el pago del impuesto a los bancos- que pone en cuestión
un criterio "suficientemente consolidado" por el propio tribunal. Este
fiscalista incide en que la sentencia tiene un voto particular que va en
sentido contrario al que defendieron los otros cinco magistrados.
Afirma que lo que hace ahora el Supremo es plantear si se han podido
equivocar y ante esa sospecha, deciden "parar lo antes posible".
García incide en que la sentencia de este
jueves cambia un criterio jurídico "claramente ratificado por varias
sentencias del Tribunal Supremo". Lo que hacen los magistrados anular el
artículo que, hasta ahora, había servido para interpretar que era el
cliente y no el banco quien debía pagar el impuesto: "Si ya el sujeto
pasivo no es el prestatario, el sujeto pasivo no puede ser otro que el
banco". Esta conclusión choca, dice, con la interpretación histórica que
se ha hecho de la ley.
La sentencia de este jueves provocó
grandes perdidas de los bancos en bolsa y la perspectiva de una cascada
de reclamaciones de clientes. Las asociaciones de usuarios y los
despachos de abogados calcularon que, de media, cada ciudadano
hipotecado podría reclamar entre 2.500 y 3.000 euros de media más los
intereses, según la cuantía del préstamos. Según los datos del INE, en
España se firman 1.000 hipotecas diarias.
El sujeto pasivo es el banco
El fallo que revolucionó a los poderes financieros el jueves, de 50 páginas, establece que es el banco quien debe hacer frente al impuesto de actos jurídicos documentados por ser ellos el sujeto pasivo, son ellos los interesados en la elevación de la escritura pública porque sin ese trámite, no pueden dar la hipoteca. Con esa conclusión, los clientes podrían dirigirse a las haciendas autonómicas, con la previsión de que estas luego se lo reclamasen a los bancos correspondientes.
La sentencia corrige una anterior del
propio Supremo, del 28 de febrero de este mismo año, en la que dictaminó
que son los clientes quienes debían pagar el Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales (ITP) y el de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la
constitución de hipotecas, de acuerdo con lo acordado por el Pleno de la
Sala Primera del alto tribunal, que dio la razón a los bancos. Lo que
debe decidir ahora el Pleno es si aplica la doctrina de la última
sentencia tal y como esta reflejada en ella, si hace alguna acotación o
si vuelve al criterio anterior.
Algunos bancos, ante la incertidumbre que provoca la decisión del Supremo, han decidido cerrar el acceso a la información sobre sus préstamos hipotecarios.
Es el caso de Bankia, BBVA o Banco Santander. "La página solicitada no
se encuentra disponible temporalmente", reza en la web de la entidad
rescatada. "Servicio temporalmente no disponible", asegura BBVA en su
portal de información a clientes. En el caso de Banco Santander, los
enlaces al apartado sobre hipotecas dirigen directamente a la portada de
la web" (Marcos Pinheiro, eldiario.es, 19/10/18)
No hay comentarios:
Publicar un comentario