"Algo no va bien cuando es el alcalde
el que elige a los vecinos. Tanto chirría una situación de ese tipo, que
el edil puede acabar condenado por un delito electoral, como le ha
ocurrido este lunes a Francisco Pardillos Marín,
del Par, que ha confesado cómo unos meses antes de las municipales de
mayo de 2015, en las que revalidó la alcaldía a la que había accedido
tras ser inhabilitado por prevaricación su primo Jesús, aprobó el empadronamiento de once parientes, amigos y empleados en Manchones (Zaragoza) "con el fin de que constasen como electores” y “a sabiendas de que no residían" allí.
Pardillos eludirá la prisión pese a la condena.
La confesión forma parte de un acuerdo con la Fiscalía y las
acusaciones que reduce su pena a seis meses de cárcel (sustituidos por
una multa de 1.080 euros) y una multa de 540, con una pena accesoria de
medio año de inhabilitación para el sufragio pasivo que conllevará su
cese.
Al tratarse de un concejo abierto de
cinco concejales Pardillos será relevado por el sexto candidato más
votado en 2015, en este caso el candidato de IU Ángel Vicente,
que será el segundo edil de la oposición junto con la socialista
Natividad Badules aunque el Par mantendrá una mayoría suficiente de tres
para elegir al nuevo alcalde.
¿Revisar las municipales de 2015?
La duración de la condena no impedirá que pueda volver a presentarse en las municipales de 2019.
Sin embargo, esa sentencia, firme desde el momento en que el magistrado
del Juzgado de lo Penal número 2 de Zaragoza la dictó de viva voz este
lunes, abre una vía inédita a la eventual repetición de unas elecciones
por la manipulación del censo, algo que ocurre con relativa frecuencia
en el mundo rural.
PSOE e IU denunciaron
ante la Junta Electoral que en las municipales habían votado más de una
decena de personas que no residían de manera habitual en el pueblo
En
mayo de 2015, las dos formaciones que se consideran perjudicadas por la
manipulación del censo, PSOE e IU, denunciaron ante la Junta Electoral
de Daroca que en las municipales habían votado más de una decena de personas que no residían de manera habitual en el pueblo.
Los once empadronamientos irregulares confesados por el alcalde suponen
casi la décima parte del censo, formado por 128 votantes y en el que solo se abstuvieron catorce, cuatro más que en 2011.
Según explicaron fuentes de ambas formaciones, la junta rechazó la impugnación alegando que ese asunto es competencia de la Oficina del Censo.
Ahora se plantean reabrir esa reclamación a partir de la sentencia, que
confirma que una parte de los votantes inscritos no debían haber
emitido su sufragio.
Más demandas por el padrón
Donde sí va a ir la sentencia es a
los juzgados de lo Contencioso. El propio magistrado anunció que la
remitirá al que tramita el pleito en el que ocho personas críticas con
la gestión del alcalde y que residen en el pueblo con frecuencia han demandado al ayuntamiento por denegarles la inscripción en el padrón, precisamente en las mismas fechas en las que Pardillos tramitó las altas cuya ilegalidad ha confesado ahora.
Ese tipo de procesos administrativos contemplan la posibilidad de inhabilitar a cargos y empleados públicos cuando sus decisiones afectan a derechos fundamentales de los ciudadanos.
El relato de hechos admitido por el
alcalde recoge cómo este, entre noviembre y diciembre de 2014, "como
quiera que tenía la intención de presentarse a su reelección", aprobó la
incorporación al padrón de su hermana, dos primos de Valencia, seis
amigos y primos de su padre y dos empleados suyos, en este caso con su
propio domicilio como dirección. Varios de ellos figuran como residentes
en señas que no existen o que corresponden a casas deshabitadas.
Francisco Pardillos se enfrentaba inicialmente a peticiones de condena de hasta dos años de cárcel y quince de inhabilitación, más multas de hasta 7.200 euros, por un delito electoral de alteración del censo
y otro de prevaricación. Sin embargo, el acuerdo, formalizado tras una
breve vista a puerta cerrada, considera que la prevaricación se
encuentra subsumida en la infracción electoral.
Segundo alcalde condenado en cuatro años
La sentencia, en cualquier caso, no zanja la tensión que se vive en este pequeño municipio zaragozano, cuyos dos últimos alcaldes han sido condenados en menos de cuatro años por asuntos relacionados con la gestión municipal.
La Audiencia de Zaragoza inhabilitó durante nueve años a Jesús Pardillos, antecesor de Francisco, por las trabas ilegales que puso durante meses para impedir que una familia pudiera ampliar la granja de pollos con la que se gana la vida.
La resolución, que condenaba al anterior alcalde a indemnizar con 137.614 euros a las víctimas,
fue emitida en mayo de 2014 y confirmada en abril del año siguiente por
el Supremo, que describió la conducta de aquel como "lo que en lenguaje
coloquial se conoce como una 'alcaldada'", por su "abuso de autoridad" y
su "intención de perjudicar en todo momento" a los afectados." (Eduardo Bayona, Público, 08/01/18)
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