"La Fiscalía Anticorrupción
está preparando una querella por los presuntos delitos de apropiación
indebida y falsedad documental contra José Ángel Fernández Villa, de 73
años, histórico dirigente del sindicato minero SOMA-UGT de Asturias que ocultó a Hacienda 1,4 millones de euros
y los regularizó durante la amnistía fiscal anunciada por el Gobierno
en marzo de 2012, según fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS.
Estas
fuentes señalan que Fernández Villa amasó su fortuna apropiándose
supuestamente de dinero de dietas de otros compañeros del sindicato y
mediante certificaciones falsas de las obras de construcción de una
residencia para mineros jubilados que subvencionó el Gobierno central.
La querella culmina una investigación de dos años sobre el origen del
patrimonio del líder obrero de la minería asturiana después de que este
periódico desvelara en octubre de 2014 su fortuna oculta.
El exlíder minero justificó el dinero asegurando que procedía de una
herencia de su madre, dueña de un bar en Tuilla, pero su hermana ha
testificado que no existió ningún legado familiar.
La investigación desarrollada por Anticorrupción sobre el dinero aflorado por Fernández Villa
apunta a que procede de la presunta apropiación de dietas del sindicato
que dirigió durante años y de certificaciones falsas de una residencia
para mineros jubilados que sufragó el anterior Gobierno y cuyo coste
ascendió a 30 millones de euros. La residencia excedió con creces su
presupuesto inicial.
Desde el inicio de la investigación, las pesquisas se centraron en la construcción de la moderna residencia geriátrica de Felechosa,
en el municipio asturiano de Aller, destinada a mineros de la tercera
edad y perteneciente al Montepío de la Minería Asturiana. En el citado
complejo Fernández Villa tuvo un destacado papel: durante 30 años ha
sido dirigente del sindicato Soma-UGT. Las obras de esta residencia,
bajo el control del mencionado montepío, se iniciaron en 2009 y
terminaron en 2012. Acoge a 300 personas y cuenta con 18.000 metros
cuadrados construidos.
El sindicalista investigado colocó como gerente
del centro a Rolando, uno de sus dos hijos, con un sueldo de 50.000
euros anuales y un blindaje de una anualidad en caso de despido. En la
presidencia del organismo privado situó a su amigo y veterano dirigente
minero José Antonio Postigo. Una hija de este último también entró a
trabajar en la residencia.
Las obras de la residencia geriátrica salieron a concurso por 27,73
millones y la adjudicación recayó en la firma Alcedos de los Caballeros,
un constructor cercano a Postigo. Concurrieron cinco compañías. Esta
constructora ya había resultado adjudicataria de otras contratas del
montepío minero asturiano. Finalmente, el coste de las obras se
incrementó hasta 29,9 millones. A través del abogado José Miguel Marcos,
el constructor negó que hubiese sobreprecio.
“Se cobró lo que se hizo
en función de la excelencia y calidad de los materiales empleados; es
una obra de lujo, tal como se nos pidió”, aseguró el letrado. Postigo
también destacó que se hicieron cuatro auditorías que no revelan
irregularidades. “De ahí no ha podido salir el dinero de Villa”, afirmó
Postigo hace un año a este periódico.
Una hija de José Antonio Postigo regularizó 360.000 euros en fechas
similares a las de Fernández Villa. Su padre afirmó que ese dinero
provenía del sueldo que cobraba su hija en la librería en la que trabajó
antes de entrar en la residencia. El nuevo presidente del Montepío de
la Minería, Juan José Pulgar, prescindió de los hijos de Fernández Villa
y de Postigo.
Los investigadores han descubierto que hubo certificaciones falsas
sobre la evolución de las obras de la residencia y de cuyo importe se
apropió supuestamente el histórico dirigente minero. Otra parte de su
fortuna procede asimismo, según las pesquisas, de las dietas destinadas a
otros compañeros del sindicato por sus labores a lo largo de los años.
José Ángel Fernández Villa
dejó la cúpula del sindicato en 2013. Desde que EL PAÍS reveló su
fortuna se encerró en su domicilio y ha evitado cualquier aparición
pública. El exdirigente de SOMA-UGT fue citado a comparecer a la
comisión de investigación que abrió la Junta General del Principado de
Asturias y alegó problemas de salud. Sus hijos Ronaldo y Ángela negaron a
este periódico que su padre dispusiera de los 1,4 millones regularizados a Hacienda. “Estamos flipando. Todo es una mentira”, afirmó esta última." (El País, 04/11/16)
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