"(...) Hay indicios sólidos de la existencia de una única red estatal de
sistema de adjudicaciones de obras y contratos: las mismas constructoras
cotizadas en el IBEX, el mismo modus operandi de fundaciones y
empresas vinculadas a los partidos recibiendo donaciones en dinero
negro; una coincidencia temporal sorprendente en los cuadernos de
contabilidad entre donaciones y adjudicaciones de obra, y hasta una
tarifa tipo, el 3% del valor.
Un savoir faire exportado con
éxito a África --demandas, sobrecostes y abandono de contratos en
Argelia--, Centroamérica --sobrecostes millonarios en el Canal de
Panamá-- y el Desierto Arábigo --sorpresa, más sobrecostes de 6.000
millones en el AVE La Meca-Medina, incluidas las comisiones por su
mediación, ingresadas en Suiza, como corresponde, según informó Interviú-- a miembros del entorno de la Corona. Siempre los mismos nombres: FCC, Ferrovial, OHL...
Hay constructoras como FCC y Ferrovial, por ejemplo, que hacen bingo:
aparecen en el caso de los sobrecostes del AVE Madrid-Barcelona, en la
trama Púnica, en Gürtel-Bárcenas, en el caso de los ERE andaluces y el
caso Palau-Convergència.
Constituyen el auténtico nexo en común entre
todos los grandes sumarios de corrupción del Estado, con el que unos
investigadores que se dedicaran a seguir al dinero, como en The Wire,
armarían un gran caso.
Pero Luis Bárcenas es fuerte y no habla, el
sindicalista andaluz Juan Lanzas y el prócer Fèlix Millet guardan el
mismo silencio ibérico prudente, y Jordi Pujol advierte de los riesgos
que conlleva para todo el árbol hacer caer una rama. La judicatura, por
cierto, tampoco desobedece mucho: los mayores riesgos para las
instituciones vienen de un juez de instrucción mallorquín empeñado en la
igualdad ante la ley.
Cuanto más arriba, menos problemas para el poder:
milagrosamente el juez interino de la Audiencia Nacional Ruz no estimó
relación alguna entre las anotaciones en los papeles de Bárcenas y las
adjudicaciones de obra coincidentes en el tiempo.
Ante todo este cuadro, en los tres territorios más poblados del
Estado --Andalucía, la Comunidad de Madrid y Catalunya-- los tres
partidos protagonistas en los grandes sumarios de corrupción y con los
casos abiertos --PSOE, PP y Convergència-- siguen cómodamente instalados
en el poder.
Los líderes políticos en el momento del esplendor de esas
grandes tramas --Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre, Artur Mas--
están aún más o menos en activo, y algunos como José Antonio Griñán y
Manuel Chaves se retiraron --forzadamente-- hace apenas unos meses.
Ninguno de ellos ha sido aún ni siquiera juzgado por estos casos, la
mayoría de ellos ni tan siquiera imputado.
Múltiples ministros,
consejeros y diputados relacionados con tales sumarios siguen en
política activa como si nada y más o menos jaleados por la prensa. Pero
nada de esto es demasiado relevante si se dispone de un muñeco vudú para
exorcizar los problemas y reírse como terapia: a la progresía española
siempre le queda el recurrente ¿Cuándo se jodió Valencia?
El País Valenciano, al que no sin cierta razón se compara con Italia
--aunque Valencia está hermanada con Bolonia y no con Nápoles como
algunos creen--, es el cuarto territorio más poblado del Estado, con
cinco millones de habitantes. Pero a diferencia de los tres territorios
más poblados, el partido responsable de sus grandes casos de corrupción,
el PP, ha sido desalojado del Gobierno autonómico y de casi todos los
grandes ayuntamientos.
Hay muchos sumarios abiertos en relación con las
dos largas décadas de Gobierno del PP que dibujan un mapa preocupante de
hasta qué punto la corrupción se extendió en las Administraciones
autonómica, municipal y provincial valencianas. Lo que se tiende a
explicar menos son las causas por las que todo esto ha salido a la luz.
Lo que sí es bien cierto es que mientras la oposición madrileña firmaba el Pacto de Estado por Caja Madrid, incluidas tarjetas black,
créditos en condiciones ventajosas y un ominoso pacto de silencio, la
oposición valenciana se dedicó a denunciar, investigar y querellarse en
casos en los que la Fiscalía no parecía demasiado operativa.
La reciente
Operación Taula tiene mucho que ver con la denuncia, la documentación y
el seguimiento operado por Esquerra Unida del País Valencià a lo largo
de varios años al respecto. Las diferentes piezas valencianas de Gürtel
no serían posibles sin las querellas del PSPV-PSOE, que se endeudó para
hacerlas posibles; así mismo con la rama valenciana del caso Nóos.
Los
casos Cooperación, EMARSA, Brugal o Taroncher no serían posibles sin la
persecución de Compromís, incluidas amenazas de muerte y otras de
carácter machista a sus diputadas, tal y como aparece en las escuchas.
En contraste, la acusación popular contra Bankia en Madrid sólo fue
posible por crowdfunding --UPyD aparte--. En Catalunya o Andalucía ni eso. (...)" (CTXT, 27/01/16)
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