"Es una de las guerras
judiciales abiertas en Castilla y León. Otra más sobre la gestión de las
antiguas cajas de ahorro. Una más sobre los pasos previos a aquel
‘músculo financiero’ que se quiso implantar desde la Junta de Castilla y
León.
Desde que en
2011, IU y Ecologistas en Acción dieron el paso de denunciar la gestión
de la antigua Caja España, antes de fusionarse con Caja Duero, que hoy
es Unicaja, se tomaron decisiones judiciales. Pero todavía, cuatro años
después, nadie aclara los motivos por los que se concedieron préstamos
millonarios, y se renegociaron, con el que fuera presidente de la
entidad leonesa, el empresario Santos Llamas.
Casi nadie lo trata de
esclarecer. Salvo los peritos del Banco de España, quienes reconocen
ante el Juzgado de Instrucción número 5 de León que la refinanciación de
estos créticos responde a “razones inexplicables, ya que ni siquiera
superaban el informe de riesgos elaborado” por la propia Caja España.
El abogado de IU y de
Ecologistas en Acción, Gorka Esparza, reconoció esta semana, en rueda de
prensa, que todo ello puede ser constitutivo de un delito de
administración desleal pero que no solo cometió Santos Llamas, sino
“todo el Consejo de Administración” de la entidad. En opinión del
letrado, “en lugar de salvaguardar los intereses de la entidad,
trabajaron en beneficio personal y de las empresas” del empresario
leonés.
Por ello,
reclamaron que se “imputara” al Consejo de Administración, a sus 17
miembros, y creen que también “algún responsable de la Consejería de
Economía y Empleo” de la Junta de Castilla y León “debería explicar ante
el juez, “también como imputado”, las razones por las que se “autorizó,
como exige la Ley de Cajas de Castilla y León, la refinanciación de las
deudas de Santos Llamas”, según explicó el todavía coordinador regional
de IU, José María González.
Las sospechas se centran en 29 operaciones de Caja España con cuatro
sociedades del empresario leonés y 17 de Caja Duero con tres de sus
sociedades. En total, se negociaron 76,7 millones de euros en unas
operaciones que fueron autorizadas, en su mayor parte, por la Consejería
de Economía. Sin embargo, advertían de que esas aprobaciones no
significaban “pronunciamiento alguno sobre la oportunidad de su
concesión”.
Según este
informe, el 80 por ciento de las operaciones firmadas con Caja España
eran de riesgo y no estaban computadas como tales por la entidad. La
acusación particular calcula que el quebranto para la entidad financiera
ascendió a cerca de 47 millones de euros.
Pero también, este informe del Banco de España, ratificado el pasado
mes de enero por peritos del organismo supervisor, desvela que Santos
Llamas pudo haber presidido Caja España de forma ilegal durante casi dos
años y otros dos como consejero, también de forma irregular por las
deudas que tenía con la entidad. El informe decía que “Santos Llamas no
podía ser miembro de los órganos de gobierno de Caja España ni de su
sucesora Ceiss”.
Es
decir, que las sospechas siguen abiertas cuatro años después de que IU y
Ecologistas en Acción lo llevaran al Fiscal Jefe de Castilla y León y
este lo trasladara a los juzgados de León. Cerca de cuatro años sin un
pronunciamiento claro. Solo declaraciones de imputados. Y poco más.
El procurador regional por IU, José María González, reclamó al Juzgado
de Instrucción número 5 de León que agilice la instrucción para
demostrar que “al menos funciona una pata del Estado en defensa de la
legalidad”. Y añadió que si no ocurre así llegaría a la conclusión de
que “se dilata de propio intento”. Entre junio de 2013 y enero de 2014
no ha habido nuevas actuaciones. " (Justino Sanchón
, eldiario.es, 19/02/2015)
No hay comentarios:
Publicar un comentario