"La Agencia Tributaria estima que el dirigente del PP ocultó dos
millones de euros en ingresos durante tres ejercicios fiscales, de los
que tendría que haber abonado unos 650.000 euros en concepto de IRPF.
Luis Díaz Alperi dimitió como alcalde en septiembre de 2008 y fue sustituido por Sonia Castedo. Los dos están imputados en el caso Brugal por el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante en beneficio del empresario Enrique Ortiz.
Con un sueldo de unos 70.000
euros cuando era alcalde y de 61.500 actualmente como diputado
autonómico, tiene por delante una tarea harto complicada, la de explicar
cómo ha podido acumular un patrimonio que difícilmente se puede
adquirir mediante un sueldo público como el suyo.
Según la investigación llevada a cabo por la Agencia Tributaria, Luis Díaz Alperi habría dejado de ingresar al fisco unos 400.000 euros en 2007, alrededor de 140.000 en 2008 y 130.0000 en 2010, cantidades que corresponderían a la cuota exigible por el IRPF.
En esos tres años, el
ex alcalde de Alicante habría ocultado a Hacienda casi un millón de
euros en 2007, 325.000 en 2008 y 300.000 en 2010, así como otras
cantidades aún por determinar hasta alcanzar los dos millones de euros. (...)
Dentro de la causa Brugal, la Fiscalía Anticorrupción
investiga la entrega de tres adosados por la trama corrupta a los tres
hijos del diputado autonómico popular, de los que uno estaría a nombre
de Elisa Díaz, la mayor de los descendientes del ex alcalde y también
diputada autonómica desde diciembre pasado.
Según informes policiales,
el empresario Enrique Ortiz constituyó con otros constructores varias
sociedades ficticias para ocultar la entrega de los tres “bungalows”,
uno de los cuales habría ido a parar a manos de la nueva diputada.
Elisa
Díaz sustituyó en el escaño al ex alcalde de Torrevieja, Pedro
Hernández Mateo, que tuvó que dimitir después de que el TSJCV lo
condenara a tres años de prisión y nueve de inhabilitación por los
delitos de falsedad documental y prevaricación en la adjudicación en
2004 del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de su
localidad.
El aún diputado autonómico del PP tiene una trayectoria política casi tan larga como la relación de asuntos polémicos que ha tenido que ir afrontando y de los que ha ido saliendo indemne. Nacido en Oviedo en 1945, fue alcalde de Alicante durante más de trece años, concretamente entre 1995 y 2008.
Cuando recibió la vara de mando, un juez acababa de
archivar por prescripción un proceso por antiguas relaciones
inmobiliarias, debía 25 millones de pesetas a bancos y a la Seguridad
Social tras quebrar la empresa Alivacsa de su propiedad, dedicada a
precocinados. Con una orden de embargo, se declaró insolvente.
El caso de los aparcamientos
En 2005 fue imputado por la fiscalía anticorrupción por el desfalco de la empresa pública Mercalicante y exculpado por el juez tras una instrucción que recurrió el fiscal. Poco después, fue acusado de prevarivación, tráfico de influencias, falsedad, malversación de caudales públicos y apropiación indebida en el caso de la construcción de unos aparcamientos públicos que construyó Enrique Ortíz. Con Díaz Alperi fueron también inculpados la entonces concejala de Urbanismo y actual alcaldesa, Sonia Castedo y el empresario Ortiz.
Los tres vértices
del mismo triángulo protagonista del caso Brugal. En las
elecciones autonómicas de 2007, Díaz Alperi fue elegido diputado en les
Corts Valencianes, por lo que el sumario del caso de los aparcamientos
pasó al TSJCV, que en menos de cinco días archivó la causa con la
oposición del ministerio fiscal." (El Plural, 14/03/2013)
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