"Con motivo de las noticias aparecidas en un medio sobre supuestas
cuentas bancarias de Jordi Pujol y Artur Mas en Suiza han vuelto a
invocar el ‘caso Banca Catalana’, afirmando, con notoria falta a la
verdad, que dichas noticias han sido, como entonces lo fue aquel
‘affaire’, un “ataque innoble” del Estado español a Catalunya. Nada más
lejos de la verdad.
Es evidente que una gran parte de la actual sociedad catalana
desconoce la realidad y el alcance de lo que sucedió con dicho banco
hace 30 años. Por ello, parece oportuno aclarar algunos datos sobre lo
que en realidad fue un proceso penal contra los administradores y
presuntos responsables de la crisis de aquella entidad.
Banca Catalana era una entidad de crédito en la que Jordi
Pujol, como consejero y, especialmente como Consejero Ejecutivo,
desempeñó un papel relevante y decisorio hasta su dimisión en 1977,
formando parte siempre de su núcleo rector. Él y otros consejeros la
administraron, en todo caso, de forma manifiestamente irregular
provocando su quiebra.
Los fiscales que presentaron la querella
criminal en mayo de 1984 contra dichos consejeros – querella que fue
admitida a trámite- y dirigieron la investigación estimaron, que
dicha administración era constitutiva de varios delitos, como los de
apropiación indebida, maquinaciones para alterar el precio de las cosas y
falsedad de documentos oficiales y mercantiles.
Pero la mayoría de los magistrados de la
Audiencia, en noviembre de 1986 -con el voto en contra de siete de
ellos, conforme con lo solicitado por la Fiscalía- , decidieron que las conductas atribuidas a los consejeros no eran constitutivas de delito alguno.
Desde
estos antecedentes, lo que no puede obviarse ni enmascararse es la
realidad. En el escrito -de 400 folios- en el que los fiscales
solicitaron el procesamiento de los querellados se hace constar que el empobrecimiento, ruina y quiebra de la entidad había originado unas pérdidas por valor de 19.679 millones de pesetas,
cifra que expresaba “el perjuicio cierto e incuestionable” de la
entidad.
Perjuicio causado por las actividades, detalladamente relatadas
por los fiscales, como presuntamente delictivas. Entre otras, por
ejemplo, la constitución de la Caja B, la creación y utilización de las
llamadas “sociedades instrumentales” o también denominadas “simuladas”,
los créditos ficticios cuyo importe fue desviado hacía la Caja B en
perjuicio de la entidad y otras prácticas irregulares que, en su
conjunto, contribuyeron a su vaciamiento patrimonial.
Para compensar ese déficit, los
administradores, en 1982, “recurrieron al Banco de España para atender
perentorias necesidades de tesorería y de liquidez, facilitándoseles, a
tal fin, 19.500 millones de pesetas”.
Como consecuencia de
ello, el Consejo de Administración fue suspendido en sus funciones y
sustituido por una Administración provisional que, luego, fue asumida
por el Fondo de Garantía de Depósitos, la mitad de cuyos recursos eran
fondos públicos.
El Fondo asumió el saneamiento del banco, sin que
colaborasen económicamente los administradores, pese a que eran los
accionistas mayoritarios y habían sido los causantes de la catástrofe
financiera.
Por tanto, el Estado español, lejos de
abandonar a su suerte a un Banco arruinado, acudió en su apoyo para
salvaguardar los intereses de sus clientes. ¿Donde estuvo la
operación contra Catalunya? Sólo en quienes, como accionistas y
administradores, poseían y controlaban la entidad.
Pero, continúa
deformándose y tergiversándose la realidad para ocultar la
responsabilidad de unos gestores, los de Banca Catalana, que emplearon
la entidad para fines completamente ajenos al interés de los ciudadanos
que, de buena fe, depositaron sus fondos allí y los salvaron, en parte,
gracias a las ayudas del Estado español.
Ya mas tarde, tras
diez años de mandato presidencial de Jordi Pujol, comienzan a aparecer
signos de un aprovechamiento patrimonial de fondos públicos con un
evidente abuso de poder. No puede olvidarse el titular de El Periódico de Catalunya
de 18/3/1990: “Pujol atraviesa el momento mas difícil tras 10 años de
mandato”.
La causa fue que la Fiscalía de Barcelona abrió una investigación penal contra Lluís Prenafeta,
entonces secretario general de la Presidencia, por compatibilizar ese
cargo con el de consejero de Iberia de Seguros S.A.
Como consecuencia de
ello, Prenafeta se vio obligado a dimitir. Entonces, el Fiscal General
del Estado impidió que la Fiscalía formulara una querella criminal,
obteniendo CiU el apoyo de una institución del Estado para preservar a
sus dirigentes de acciones penales.
La historia volvió a
repetirse: la Fiscalía, en mayo de 1990, abría una investigación por
hechos que tuvieron lugar en la década de los ochenta. El Gobierno de la
Generalitat había creado la Comisión de ayuda para la reconversión
industrial de Catalunya (Caric) con el fin de apoyar, con fondos
públicos, a empresas en crisis.
La realidad fue que parte de
dichos fondos – los llamados avales- se destinó, en condiciones muy
ventajosas, a sociedades vinculadas a consejeros o altos cargos de la
Generalitat, fondos que posteriormente no fueron reintegrados, causando
un grave perjuicio al erario público autonómico.
Entre
las empresas beneficiadas figuran Industrias Reunidas de Sallent S.A. y
Comercial de Cubiertos y Platería S. A., ambas del grupo familiar de los
fueron consejeros Joan Vallvé i Ribera y Joan Hortalá i Arau;
Iberhospitalia S. A. vinculada al proyecto del Hospital General de
Catalunya; Subirá i Cia,S.A. y Puntextil S.A. de la familia del
Consejero Antoni Subirá i Claus; Egasa S. A., propiedad de Josep Garrell
i Pubill, diputado de CDC y de sus familiares.
Posteriormente,
las deudas de dichas empresas fueron reclamadas judicialmente por la
Generalitat cuando estaban prescritas, consumándose así el perjuicio
causado. Por otra parte, se acreditó que el Consejero Maciá
Alavedra i Moner estuvo simultaneando cargos públicos con cargos
ejecutivos en varias empresas privadas, conducta que era penalmente
perseguible.
Ante los resultados de esta investigación, la
Fiscalía planteó formular una querella criminal por delito de
malversación de caudales públicos contra los consejeros Cullell, Oller,
Hortalá, Pujol i Figa, Vela, Garrell, Vallvé, Subirá, Basáñez y
Alavedra.
El Fiscal General del Estado apoyó nuevamente a CiU y prohibió a la Fiscalía el ejercicio de acciones penales por entender que los delitos estaban prescritos; eso sí, en un ejercicio de cinismo, se permitió afirmar que de los hechos descritos se desprendía “un aroma de corrupción”.
Luego,
ya en los años noventa, llegaron nuevos casos de corrupción que fueron
investigados por los Juzgados de Instrucción y recayeron condenas
judiciales contra altos cargos de la Generalitat, generalmente
vinculados a Unió Democrática según reconocían las propias sentencias.
Solo el caso Adigsa, empresa pública dedicada a la
promoción de viviendas sociales, sobre graves irregularidades en el
proceso de adquisición de viviendas de segunda mano para rehabilitarlas y
ponerlas de nuevo en el mercado, está aún pendiente de juicio.
Citaré el llamado caso Turisme de Catalunya,
en el que se utilizó el Consorci de Promoció Turística para detraer
fraudulentamente fondos públicos por importe de 467.453 euros. Los
condenados, mayoritariamente empresarios, fueron diez, que repararon
antes del juicio el perjuicio causado, por lo que el Tribunal Supremo
rebajó las penas eludiendo así su ingreso en prisión.
O el caso Departament de Treball,
en el que los dos condenados, que ”compartían militancia en el partido
Unió Democrática de Catalunya”, contrataron subvenciones y cursos de
formación y ocupación través de las sociedades, constituidas por uno de
ellos, Gestumer S.L. y Socesca S.L., que no tenían otra finalidad que su
enriquecimiento o el de terceros. Así perjudicaron a la Generalitat en
46.157 euros.
O el caso Ferrocarrils de la Generalitat,
empresa pública, en el que resultaron condenados dos presidentes de la
entidad por haber “suscrito un plan oculto y complementario de
retribuciones” con la aseguradora Winterthur, por el que causaron a la
Generalitat un perjuicio de 2.718.035 euros.
Todos ellos fueron penados por delitos, según los casos, de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Mas recientemente, han estallado otras formas de corrupción, como el caso Pretoria y el saqueo del Palau de la Música, que están en trámite.
Eso
sí, cuando son perseguidos o condenados acuden presurosos al supuesto
enemigo, al Estado español, para que paralice a los fiscales o se
concedan generosos indultos a sus dirigentes o militantes condenados
penalmente.
*Carlos Jiménez Villarejo es jurista y exfiscal Anticorrupción. Él
y José María Mena fueron los dos fiscales que presentaron la petición
de procesamiento de los 18 exconsejeros de Banca Catalana, entre ellos
Pujol". (El Plural, 22/11/2012)
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