"Le llaman Zumosol. También lo nombran por sus siglas, O. P.
Los tres empresarios y dos altos cargos imputados en una trama de
presunta corrupción le tienen siempre presente. Creen que su relevancia
política es la mejor baza para los negocios que planean: amañar
concursos públicos para adjudicarse estaciones de ITV, conseguir
subvenciones y forzar cambios legislativos para hacer caja en el sector
de la energía.
Y le cuidan, a él y a su familia. El sumario del caso, al
que ha tenido acceso EL PAÍS, revela que el secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol Ferrusola, ocupa un lugar relevante como “colaborador necesario” en la trama.
El hijo del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol,
es “el hombre encargado de aportar la influencia política” y de
realizar “los movimientos oportunos” para “beneficiar” el proyecto de
los empresarios involucrados. Las conversaciones telefónicas destapan la
estrecha relación que la familia Pujol mantiene con el empresario Sergi
Alsina.
Este y la mujer del líder nacionalista, Ana Vidal Maragall,
fueron socios en la firma Alta Partners,
dedicada al asesoramiento empresarial. A través de una empresa en la
que consta como administradora, Vidal emite diversas facturas a Alsina
por conceptos genéricos que, según la investigación, podrían ser falsas.
Ni Pujol ni su esposa figuran como imputados en la investigación que
dirige la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona,
Silvia López Mejía. Pero la magistrada destaca, en un auto de septiembre
de 2011, que existen “indicios racionales” de que Pujol forma parte de
la estructura.
En los pinchazos telefónicos, además, consta que Vidal
pregunta al empresario y amigo de la familia cómo debe elaborar las
facturas, qué conceptos ha de incluir e incluso si los importes que
consignan deben ser cifras redondas o aproximadas. (...)
El empresario Alsina también tiene “a sueldo” al político convergente
Josep Tous, que el año pasado fue contratado a dedo por la Generalitat
para “poner orden” en el sector de la inspección técnica de vehículos,
inmerso en disputas judiciales. En una de las llamadas, Alsina le
plantea la posibilidad de pagarle 2.000 euros al mes.
Los funcionarios
de Vigilancia Aduanera, que han liderado la investigación, consideran a
Tous “la mano ejecutora de Oriol Pujol”. Ambos estudiaron juntos en la
escuela de negocios IESE y trabajaron codo con codo en la anterior etapa
de gobierno convergente, hasta 2003. Fue Pujol, de hecho, quien le
propuso para ocupar el cargo de coordinador de la Diputación de
Barcelona, un nombramiento frustrado por el estallido del caso.
La designación de Tous y de un nuevo subdirector de Seguridad
Industrial, Isidre Masalles, perseguían el mismo objetivo, según la
investigación: conseguir la anulación de un concurso público de
estaciones de ITV que había sido adjudicado por el tripartito. A partir
de ahí, el objetivo —que no se ha llegado a concretar— era conseguir más
adjudicaciones a medida.
Para ello, otro de los imputados, el
empresario Ricard Puignou —responsable de la empresa de certificación
Certio—, recurrió el concurso en los tribunales. El magistrado del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña José Joaquín Ortiz Blasco, que
también está siendo investigado, acordó las medidas cautelares que
solicitó Puignou. Poco después de esa decisión, Pujol llamó a Alsina: “A
Ricard le han dado las cautelares, que anulan el concurso”.
En esa fecha (mayo de 2011) la trama ve la oportunidad ideal para
buscar, a través de la influencia política, que las futuras
adjudicaciones beneficien a una nueva empresa que va a crearse y a la
que están vinculados Alsina, Sergio Pastor —otro de los empresarios
imputados—, así como responsables de la multinacional Ficosa. “Te van a
dar una ITV, ¿es que no la quieres?
Si te puedes ganar seis millones de
euros en esta operación tranquilamente, qué más quieres”, le dice Alsina
a un alto cargo de Ficosa, según consta el sumario. A cambio de
interponer el recurso, el empresario Puignou conseguiría “una estación
de ITV más” para ampliar el negocio, según las conversaciones.
Los imputados hacen el cuento de la lechera y sostienen que el dinero
que consigan con las ITV es una suerte de “adelanto” para financiar el
verdadero proyecto “de recorrido y a largo plazo”, dice Alsina: la
eficiencia energética.
Según los informes de Hacienda, los imputados
pretenden “realizar certificaciones energéticas, primero en edificios
industriales y públicos, y luego en residenciales”. Para ello, quieren
introducir, a través de sus políticos, enmiendas legislativas que hagan
“obligatorias” las inspecciones a hogares. Pastor llega a proponer a
Tous que el ciudadano pague 50 euros por cada revisión.
El mediador
designado por la Generalitat supuestamente para pacificar el sector de
las ITV responde a Pastor que le haga llegar una propuesta para ver
“dónde puede colocar la enmienda”. Tous añade que debe comentar ese
asunto a Josep Sánchez Llibre, diputado de CiU en el Congreso de los
Diputados.
En ese futurible negocio a propósito del ahorro energético está
prevista la participación de Oriol Pujol. Así lo afirman los
investigadores en función de las conversaciones telefónicas. El líder de
CiU se interesa a menudo por la evolución del tema, aunque no figura en
la empresa creada ad hoc para impulsarlo.
En una de las llamadas,
Pastor dice que debe ocuparse de constituirla “un abogado de confianza
de Zumosol que lo elija él”. Poco después, Alsina habla con el letrado, Modesto Llopis.
Alsina procura “informar en todo momento” a Pujol del estado de las
negociaciones y “celebrar reuniones con él”, recoge el informe de
Hacienda. Los seguimientos al “investigado” Oriol Pujol constatan que
mantuvo “reuniones de negocio” con los empresarios en un céntrico
restaurante de Barcelona, que servían para “dar un impulso” a los
proyectos al transmitirles su apoyo.
Los empresarios discuten sobre el porcentaje de participación de cada
uno de ellos en el proyecto. Y coinciden en que deben usar sus
contactos, de entrada, para conseguir “financiación a través de
subvenciones públicas”, según el auto judicial. Se marcan un objetivo:
200.000 euros. En julio del año pasado, Pastor expresa sus temores.
“Si
te dan una subvención para montar una empresa y con esa empresa además
te dan un concurso, los van a meter en el trullo”. Y añade que hay quien
“está vociferando que van a rifar una ITV” y que el tema puede ser un
escándalo “porque han choriceado a un juez”, en alusión a la supuesta
implicación del juez que suspendió el concurso.
Sus temores no eran infundados. En marzo, y sin que los proyectos
llegasen a cuajar, fueron detenidos por los presuntos delitos de tráfico
de influencias, falsedad documental, contra la hacienda pública y
malversación." (El País, 26/07/2012)
"La magistrada titular del juzgado de instrucción número 9 de
Barcelona, Silvia López Mejía, encargada de la investigación de la
presunta trama ilegal de concesiones de ITV para vehículos en Cataluña,
señala a Oriol Pujol Ferrusola, secretario general de Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC) e hijo del ex presidente de la
Generalidad, como ‘colaborador necesario’ de la red.
Además, la esposa del dirigente nacionalista, Ana Vidal Maragall,
cobró miles de euros de uno de los imputados en el caso a través de
facturas que la Agencia Tributaria sospecha que son fraudulentas.
Según el auto emitido por la jueza en septiembre de 2011, y al que han tenido acceso El País y El Periódico, Oriol Pujol era ‘el hombre encargado de aportar la influencia política’ y de realizar ‘los movimientos oportunos’ para ‘beneficiar’ el proyecto de los empresarios involucrados. (...)
La investigación supuso la detención de cinco personas en marzo pasado. En concreto, Josep Tous Andreu (ex director general de Consumo y Seguridad Industrial de la Generalidad, y dirigente de CDC que acababa de ser nombrado número dos de
la Diputación de Barcelona ); Isidre Masalles Roman (subdirector de
Seguridad Industrial de la Generalidad); Ricard Puignou (responsable de
Certia y ex director general de Menta ITV, escisión de APPlus); Sergi
Alsina (consultor) y Sergi Pastor (ex consejero delegado de APPlus y de
Excalestric, y director general de Upprime Energy Ficisa). (...)
Pujol matenía una estrecha colaboración
con el empresario Sergi Alsina, quien fue socio de su esposa -Ana
Vidal- en la firma Alt Partners, dedicada al asesoramiento empresarial. A
través de una empresa de la que es administradora, Vidal emitió
facturas a Alsina por conceptos genéricos que Hacienda cree que no responden a un trabajo real. Según los pinchazos telefónicos, Vidal consulta al empresario cómo debe elaborar las facturas, y qué conceptos y cifras ha de incluir. (...)
Alsina también pagaba un sueldo a Josep Tous, quien, según un informe
del Servicio de Vigilancia Aduanera, que depende de la Agencia
Tributaria, ‘es la mano ejecutora de Oriol Pujol’. De
las escuchas telefónicas se desprende que Tous -que fue contratado en
2010 por la Generalidad para desarrollar el plan territorial de
estaciones de ITV- habría puesto en contacto a los empresarios imputados
con Isidre Masalles para que la Generalidad emitiese informes favorables a la anulación de un concurso de adjudicación de licencias realizado por el tripartito en el año 2010 del
que los investigados habían quedado fuera, aprovechando que, tras ser
recurrido por Puignou, estaba suspendido cautelarmente por el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Los pinchazos recogen conversaciones telefónicas de los empresarios
María José Muro, Sergi Pastor y Sergi Alsina, de Josep Tous, y del
propio Oriol Pujol, al que, en ocasiones, se refieren como “Zumosol” o
“líder espiritual”.
“El hecho de que quiera hacer negocio con Zumosol y
tal y cual, ojo, que no es lo mismo esto que hace diez años o hace
cinco. Está cambiando sustancialmente, están pasando muchas cosas, que la gente va al trullo, que todos estos temas si no se hacen con la más absoluta pulcritud acabaremos mal”, le dice Muro a Pastor en una de ellas.
El triángulo Tous-Masalles-Pujol
Tous fue director general de Consumo y Seguridad Industrial de la Generalidad entre 1999 y 2004,
además de asumir otros cargos, como el de director del Instituto
Catalán de Consumo y director del Centro Europeo del Consumidor de
Barcelona. En la Generalidad tuvo como superior inmediato Oriol Pujol,
durante dos años (2002 y 2003), con quien compartía vocación (ambos
estudiaron Veterinaria en la UAB en la misma promoción, 1984-1989) y
aspiración (ambos cursaron un máster en dirección de empresas en IESE). Allí también coincidió con Masalles, entonces responsable del Gabinete Técnico de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo.
Tres meses antes de las autonómicas de 2003, Tous prorrogó en ocho
años las concesiones a las dos únicas empresas adjudicatarias de la ITV
en Cataluña, a pesar de que sus contratos no vencían hasta 2006. Tras esa decisión, las compañías beneficiarias hicieron una donación de 138.000 euros a la Fundació Ramon Trias Fargas, vinculada a Convergència.
En 2004, poco después de la llegada del tripartito, Tous abandonó sus
múltiples cargos públicos y puso en marcha su propia empresa, ieConsumo Observatorio del Consumo, una consultoría sobre consumo. Tous aprovechó esa época para impulsar su carrera política, llegando a presidir la sectorial de Empresa, Industria e Innovación de CDC desde el año 2008, y a formar parte del Consejo Nacional de CDC.
A principios de este mes de marzo, fue nombrado coordinador general de
la Diputación de Barcelona a propuesta de Pujol en sustitución de Josep
Maria Matas (CDC), quien había sido destituido semanas antes por el escándalo de la Asociación Catalana de Municipios, actualmente investigado por la fiscalía. (...)
Por otra parte, el magistrado del TSJC que acordó las medidas cautelares solicitadas por Puignou, José Joaquín Ortiz Blasco, también está siendo investigado, después de que se reuniera en un restaurante con Margarida Gil, directora del Gabinete Jurídico de la Generalidad y Assumpta Palau,
directora general de Asuntos Contenciosos de la Generalidad, a quienes
la jueza también relaciona con el caso. Tras la decisión del juez, Pujol
llamó a Alsina: “A Ricard [Puignou] le han dado las cautelares, que
anulan el concurso””.
Según El País, la trama pretendía conseguir la influencia política necesaria para obtener futuras adjudicaciones con una nueva empresa
a la que estarían vinculados Alsina, Pastor y responsables de la
multinacional Ficosa. “Te van a dar una ITV, ¿es que no la quieres? Si
te puedes ganar seis millones de euros en esta operación tranquilamente,
qué más quieres”, le dice Alsina a un alto cargo de Ficosa.
Otro proyecto de los imputados era el de conseguir ‘realizar
certificaciones energéticas, primero en edificios industriales y
públicos, y luego en residenciales’, según recoge el informe de
Hacienda.
Para ello buscaban introducir enmiendas legislativas
que hiciesen ‘obligatorias’ las inspecciones a los hogares. Pastor
incluso propone a Tous fijar el precio de las inspecciones en 50 euros, y
este le pide que le haga llegar una propuesta para ver ‘dónde puede
colocar la enmienda’, indicando que debe comentar este asunto con el
congresista de CiU Josep Sánchez Llibre.
Las conversaciones telefónicas revelan el interés de Oriol Pujol por este proyecto,
aunque no figura en la empresa creada para impulsarlo. Pastor insta a
que se ocupe de constituir la sociedad “un abogado de confianza de
Zumosol que lo elija él”. El elegido fue Modesto Llopis. Según la
investigación, Pujol estaba al corriente de estas negociaciones y
mantuvo reuniones con los empresarios implicados.
Entre los objetivos iniciales de la trama estaba el de conseguir
200.000 euros de “financiación a través de subvenciones públicas”. En
julio de 2011, Pastor insta a actuar con cautela: “Si te dan una
subvención para montar una empresa y con esa empresa además te dan un
concurso, los van a meter en el trullo“. (lavozdebarcelona.com, 26/07/2012)
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