Antonio Pedreira, el magistrado instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tiene en sus manos el último informe de la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso Fundescam. En él, el ministerio público observa indicios de financiación ilegal del PP madrileño en las campañas de 2003, el año del tamayazo, y de 2004, turno de los comicios generales y europeos. Pudo cometerse falsedad documental y también delito electoral, pero ambos, asegura Anticorrupción, "se encontrarían prescritos".
Ese informe, como adelantó este diario la semana pasada, decía algo más. Puede hablarse de prescripción de tales delitos, "sin perjuicio de la valoración de los informes policiales y la documentación intervenida como indicios de conductas semejantes no prescritas".
Es decir, que las indagaciones acerca de la financiación del PP madrileño, presidido desde 2004 por Esperanza Aguirre, podrían no haber concluido. Bien porque podría haber delitos cometidos en fechas posteriores, o bien porque los hubiese conectados con los de 2003 y 2004 y aún no estuviesen caducados. Al menos esa es la interpretación del PSOE, personado en la causa.(...)
3. ¿Y la corrupción? España, a la altura
La mayoría de expertos entiende que los castigos en España son "suficientes". Sólo Asencio propone una regulación autónoma para la corrupción, ya que hoy el Código Penal no recoge el delito de corrupción, sino una serie de conductas que se rotulan como tales: malversación, cohecho, prevaricación...
"El problema no es la pena o la prescripción sostiene Queralt, sino que hace falta más músculo del Estado: autoridades de investigación potentes e independientes, con medios y equipos. También se precisan políticas preventivas o reforzar la cooperación internacional. Y se requiere que los cargos públicos interioricen que manejan un dinero que no es suyo. Fiarlo todo a las leyes es ilusorio e ineficaz". Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Penal de la UNED, apunta a "los partidos". "La Administración quizá debiera madurar más y no estar tan controlada por los políticos", razona.
Juan Carlos Carbonell, penalista de la Universitat de València, no cree que haya que culpar por igual a las fuerzas políticas. "Todas las reformas aprobadas para perseguir más la corrupción no han venido con el PP en el Gobierno. Es evidente que el electorado de izquierdas no tolera estos casos". Queralt subraya asimismo los "esfuerzos" del PSOE, aunque "ningún Ejecutivo se apunta a un festival de mejoras".
4. ¿Qué soluciones existen? Un sistema que nutre la impunidad
"La Justicia penal es propensa a la tardanza. Pero con esta Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882, no se puede hacer nada", comenta de-salentado Fernando González Montes, catedrático de Procesal en Granada. El Gobierno, de hecho, ya prepara una nueva norma. "Sólo así se plasmará una Justicia rápida, moderna", añade. El profesor propone extender la mediación entre las partes para los delitos menos graves. Y, si se quiere que el ministerio público asuma la instrucción, "habrá que conferirle más autonomía".
Carbonell insiste igualmente en la necesidad de una nueva ley y sí apuesta por que los fiscales y no los jueces instruyan. "Habría unidad de criterio y no se perdería tanto tiempo en las inhibiciones de un juzgado a otro, como se ha visto con la Gürtel y el trajín entre el tribunal valenciano y el madrileño".
¿Cuál es la conclusión? "No hay interés en modificar una situación que favorece la corrupción y fomenta la impunidad", señala rotundo Asencio. Para González Montes, "una Justicia lenta es una Justicia mala, ineficaz e injusta". "Todo lo que haga que la Justicia no funcione con rapidez es malo, claro", aduce Rodríguez Ramos. Queralt incide en la idea de "más músculo". No es baladí: "La corrupción es un enemigo muy potente, con tentáculos por todos lados. Y muy sofisticado". (Público, 02/11/2010)
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