El departamento de Solidaridad y Ciudadanía, que dirige el también portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco, uno de los hombres fuertes del Gobierno de Camps, otorgó en 2008 dos "grandes proyectos" de cooperación, por valor de 833.409 euros cada uno, a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes) que preside Marcial López López, inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y acusado de malversación y apropiación indebida a finales de los años noventa, cuando presidió el Colegio de Enfermería de Castellón.
Los dos proyectos consistían en perforar dos pozos en Totogalpa (departamento de Madriz, en Nicaragua) para acercar el agua potable a 30 familias (unas 180 personas) y en ayudar a otras 40 familias (unas 203 personas) a diversificar cultivos y mejorar la comercialización de sus productos. También recibió la Fundación Cyes otras tres subvenciones para cursos de sensibilización y educación por 64.000, 64.000 y 33.020 euros.
Del primero de los proyectos, solo han llegado a Nicaragua 23.500 euros y del segundo, unos 40.000 euros, mientras que más de 800.000 euros fueron destinados por la Fundación Cyes, con la excusa de crear una oficina técnica, a la adquisición en Valencia de sendos locales de 295 metros cuadrados con plaza de garaje. El consejero Blasco dijo ayer a este diario que "nadie podrá demostrar que las subvenciones han servido para comprar locales y garajes" porque en la tramitación del expediente se obligó a la fundación a retirar esa adquisición del proyecto porque se consideró "impropia".
El expediente, al que ha tenido acceso EL PAÍS, revela lo contrario. La Generalitat advirtió a la Fundación Cyes en noviembre de 2009 de que los bienes inmuebles adquiridos deben ser propiedad de los destinatarios del proyecto o de alguno de sus socios locales (cuatro organizaciones nicaragüenses) al menos durante 15 años, pero el hecho es que los pisos están escriturados a nombre de la Fundación Cyes.
El pasado mes de febrero, el subsecretario de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, Alexandre Català Bas, exigió la devolución de una parte de la subvención (149.462 euros en un proyecto y 185.762 euros en el otro) sin mencionar los inmuebles. Finalmente, el director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Josep Maria Felip, certificó el pasado 12 de julio que la subvención había cumplido los fines que justificaron su concesión.
Según las facturas presentadas por la Fundación Cyes ante la consejería que dirige Blasco, con el dinero de uno de los proyectos en Nicaragua se adquirió un entresuelo en el número 79 de la avenida de Ausiàs March, de Valencia, y una plaza de garaje por 439.668 euros; se reformó el inmueble y se instalaron alarma, teléfono y equipos informáticos por 22.194 euros; se destinaron 71.976 euros a "gastos de personal en la oficina técnica de Valencia" y 66.672 euros a "gastos administrativos de la entidad en España", y se pagaron 208.352 euros por asesoramiento a la empresa Gestiones e Iniciativas Arcmed, S. L., dedicada a la importación y exportación de equipos informáticos y a la consultoría técnica. Con cargo al segundo proyecto, casi un calco literal del primero, y con justificaciones de gastos similares, se adquirió el contiguo entresuelo del número 81 de la avenida de Ausiàs March. Arcmed es la promotora de la Fundación Solidaria Entre Pueblos, que recibe subvenciones públicas, justifica gastos y evalúa proyectos de varias ONG." (El País, 07/10/2010)
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