Los afectados por el metílico buscan reabrir el caso

"El mayor envenenamiento de la historia de España con cuna en Ourense, el Caso Metílico, es un capítulo de la memoria histórica gallega con cuentas pendientes casi cincuenta años después. Los afectados, más bien sus descendientes –la gran mayoría murieron sin que se hiciese justicia– están dispuestos a recuperar en los tribunales las herida de cientos de muertes y cegueras que se pagaron con condenas que el franquismo redujo e indemnizaciones que nunca llegaron a pagarse.

La bebida asesina, como la bautizó la prensa de la época, provocó más de mil muertos en el año 1963, según los datos del fiscal que llevó el caso, Fernando Seoane, a pesar de que las investigaciones judiciales se basaron solo en las pruebas de la exhumación de 51 cadáveres, en los que se hallaron restos de alcohol metílico en sangre, y nueve personas ciegas. La magnitud de los hechos no permitió conocer nunca la cifra exacta de muertos, ya que el venenoso licor llegó a distribuirse desde Galicia a Canarias, Madrid, Cataluña, Andalucía, Melilla, Santander, Aragón, el País Vasco, Sudamérica, Alemania, EE UU, Guinea Ecuatorial o el Sáhara español. (...)

Fueron cuatro años de investigación del sumario 1/1963, cuya instrucción fue llevada a cabo por el magistrado José Cora Rodríguez. Las declaraciones de 133 testigos, un juicio que duró un mes y el informe de Fernando Seoane, de siete horas de duración, acabaron con dos responsables civiles subsidiarios y once bodegueros condenados a penas que entre todas sumaban 140 años de cárcel e indemnizaciones por un importe de más de veinte millones de pesetas. El juzgado reconocío que los procesados no tuvieron intención de matar o causar lesiones, pero obraron “con un afán desmedido de enriquecimiento, a costa de la comercialización del metílico”. (...)

Las amenazas al fiscal no faltaron en los días previos al juicio en un caso que podía responsabilizar a algunos hombres pudientes. El Gobierno zanjó el tema diciendo que ni el juez ni el fiscal tenían competencias para poder valorar informes de los jefes agronómicos que ellos habían solicitado antes. Los abogados del Estado le comunicaron al juez que se adentraba en un “derrotero impreciso”, con delitos que eran difíciles de prever. “Las actuaciones criminosas de este tipo monstruoso suelen sorprender siempre al hombre normal y a la administración más cuidadosa”, aseguraron con diplomacia.

La sociedad consideró justa la sentencia, pero el que más años de pena cumplió finalmente se quedó en seis o siete, y casi cincuenta años después, ni las familias ni las víctimas han recibido un solo céntimo de indemnización. “Al día siguiente de conocerse el fallo, la prensa, con generosa tipografía, recogía el dictamen judicial, y muchos se apresuraron a recortar los artículos para guardarlos en las hemerotecas. Había que prevenir, por si acaso el tiempo decidía curar la herida que alguien abrió utilizando la confianza del pueblo, pero la herida del metílico aún sigue abierta”, dice el periodista Fernando Méndez.

Tras salir publicados sus libros, varios de los perjudicados buscan el reconocimiento de sus antepasados y están hablando con letrados para lograr reabrir un caso que quedó en el olvido sin que nunca se hiciese justicia. Es la memoria histórica de un envenenamiento masivo." (Xornal.com, 24/09/2010)