La trama llegó a embolsarse 32 millones de euros en comisiones. Eran los años felices. Entre los políticos catalanes reinaba el convencimiento de que Cataluña había quedado al margen de la corrupción urbanística que ya hundía Ayuntamientos y llevaba a la cárcel a alcaldes de media España. Todo pasó sospechosamente inadvertido hasta que Baltasar Garzón desembarcó con la Guardia Civil en octubre pasado en la primera gran intervención en Cataluña del ex juez de la Audiencia Nacional desde 1992.
Los pelotazos de Luigi requerían de una amplia agenda de contactos de alcaldes, concejales, abogados y otros cargos públicos que se concentraban sobre todo en el área de Barcelona. Y sus negocios no entendían de colores políticos. En su etapa en el Parlamento catalán había fraguado amistad en las filas convergentes con el ex consejero de Economía Macià Alavedra. Y este, a su vez, le presentó al que fue secretario de Presidencia de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta, para participar en varias operaciones urbanísticas durante la época del boom. Dos antiguos pesos pesados de CiU que también hacían sus negocios echando mano de su estatus de ex consejero.
La trama ha acabado salpicando casi por igual a los dos principales partidos catalanes. CiU ha visto caer del pedestal a Prenafeta y a Alavedra, dos de sus tótems. Al PSC le han torpedeado la flota más sólida de la que dispone, su red de alcaldes metropolitanos.Pero ¿cómo logró un sindicalista llamado García tamaños contactos en la crema nacionalista catalana? "En su etapa de diputado ya apuntaba maneras; era buen orador y a veces parecía que trabajaba más para caer bien a los de Convergència que al propio partido", dice un dirigente histórico del PSC. "Luigi es el Correa catalán", dice sin reparos este socialista que ve en Luis García una copia de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel. Y hablaban el mismo idioma, el del dinero contante y sonante. De eso y de cómo mantener en el poder a los políticos que les ayudaban.
La relación entre el alcalde y Luigi viene de lejos, de cuando el conseguidor todavía militaba en el PSC y puso en marcha una empresa de gestión de servicios a Ayuntamientos que protagonizó una sonora quiebra. Fue entonces cuando la dirección del partido le expulsó y lanzó la consigna de romper cualquier relación con él. Bartu no cumplió. Tampoco lo hicieron otros alcaldes socialistas. Durante la bonanza inmobiliaria, la trama se embolsó 32,3 millones de euros en perjuicio de los Ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres. La dinámica era siempre la misma: los consistorios aprobaban un proyecto que se paralizaba por algún motivo y después las Administraciones modificaban el plan urbanístico para beneficiar a la empresa promotora. Siempre había un contacto. En Santa Coloma, Luigi controlaba el Ayuntamiento; en Badalona, era amigo íntimo del consejero delegado de la empresa pública Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz, que también fue subdelegado del Gobierno en Menorca, y en Sant Andreu de Llavaneres, Antoni Jiménez, el concejal de Urbanismo, que había pasado por Santa Coloma. Tres pelotazos en toda regla que reportaron a Luigi más de ocho millones de euros, y a Alavedra y Prenafeta, 637.590 euros.
Luigi era, además, el alcalde de facto de Santa Coloma y dirigía con mano férrea la actividad de la constructora pública Gramepark. En una conversación intervenida, Luigi llegó a prometer al alcalde montarle una campaña como la de Obama, con comunidades de apoyo en Facebook y Twitter. El alcalde se lo agradece: "Sí, porque si lo tuvieran que hacer los míos [el PSC] vamos dados; me montarán la misma web de siempre, la porquería de siempre".
Esa cercanía fue su tabla de salvación tras la crisis inmobiliaria. Ahí hacía y deshacía a sus anchas: decidía adjudicaciones, amañaba concursos y fijaba las cantidades que debía recibir del Ayuntamiento. "Fantástico. A la mejor oferta del mejor amigo", le dice Luigi a un constructor.
Prenafeta y Alavedra picaban todavía más alto. Ambos ex dirigentes presionaron a consejeros y secretarios del tripartito para colar tres pelotazos. Lo lograron en dos casos: uno en El Prat de Llobregat y otro en Cerdanyola del Vallès. Para este último, Prenafeta requirió incluso de la ayuda del presidente de CiU, Artur Mas, quien lo puso en contacto con la concejal del partido en la localidad, que era contraria a los intereses de la trama. No fue la única ocasión en la que los ex dirigentes convergentes recurrieron a Mas. Y eso que eran conscientes del riesgo que entrañaba. "¡Coño!, a este niño al final no le dejaremos ganar las elecciones si hacemos el burro", le espetó en una ocasión Alavedra a su socio nacionalista.
Prenafeta quería endosarle, además, a la Generalitat por 89 millones un inmueble en la exclusiva zona de Diagonal Mar. Y durante más de un año y medio, él y Alavedra presionaron a los consejeros socialistas Antoni Castells y Joaquim Nadal. No les fue posible. Las llamadas y las presiones a Castells y a sus secretarios de departamento fueron constantes. Pero les salió un obstáculo: la secretaria de Vivienda, Carme Trilla, insistía en convocar un concurso público. "A la que hay que apretar es a Trilla", decía Prenafeta al empresario. "Supongo que el concurso es para cubrir el expediente, no para comprárselo a otro", le dice en otra llamada. Llegaron tarde, porque el tripartito concluyó que ya no había dinero para compras, lo cual no les impidió seguir intentándolo presionando el entorno de José Montilla. La última salida fue la de intentar que la Generalitat realizara una opción de compra, con el cálculo de que Artur Mas ganaría este año las elecciones y debería "cumplir". (El País, Domingo, 30/05/2010, p. 20/1)
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