23.3.10

La corrupción del PNV... empieza por la cabeza...

"Este señor me quiere cobrar una comisión para cerrar el trato". El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Álava, Josu Izaguirre, recibió personalmente hace varios meses esta denuncia de un conocido empresario, quien identificó, lógicamente, a la persona "muy conocida" que le exigía el pago y cuya identidad no puede ser desvelada todavía por encontrarse la instrucción bajo secreto de sumario.

"Este señor me quiere cobrar una comisión para cerrar el trato". El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Álava, Josu Izaguirre, recibió personalmente hace varios meses esta denuncia de un conocido empresario, quien identificó, lógicamente, a la persona "muy conocida" que le exigía el pago y cuya identidad no puede ser desvelada todavía por encontrarse la instrucción bajo secreto de sumario.

Contrastada la denuncia del empresario, el fiscal abrió de inmediato la línea de investigación, que sigue adelante a pesar del golpe de efecto que supuso el pasado miércoles la detención y posterior puesta en libertad con cargos y sin fianza de ocho destacados militantes del PNV de Álava, un grupo encabezado por Alfredo de Miguel, diputado foral dimisionario de Administración Local, y considerado, junto con Aitor Tellería, un ex concejal peneuvista de Vitoria, cerebros de esta supuesta trama. (...)

Según ha podido conocer EL PAÍS, la documentación recabada en algunos de los locales donde se practicaron registros minuciosos tras las detenciones es de "gran valor" ya que confirma alguna de las hipótesis con las que ha venido trabajando conjuntamente la Fiscalía de la Audiencia de Álava y el titular del Juzgado número 4 de Vitoria. A tal punto llega el calibre de algunos de los documentos hallados que no se descartan nuevas imputaciones. De momento, la imputación de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales se mantiene para los ocho detenidos, que fueron puestos en libertad tras una declaración ante el juez que se prolongó durante casi 14 horas.

Mucho más sigilo se apreció en el seno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), otra institución concernida indirectamente por las detenciones, por la condición de auditor jefe de otro de los imputados, Alfonso Arriola, que guardó silencio al igual que el PNV, posiblemente porque conocía la voluntad de De Miguel de emitir una declaración propia a lo largo del día. Por el contrario, el PP aprovechó la coyuntura y su portavoz en las Juntas Generales de ese territorio, Javier De Andrés, denunció que el pacto de PSE y PNV en Álava "está causando una quiebra institucional". (El País, ed. Galicia, España, 18/03/2010, p. 15)

"Nunca en los 30 años de historia de la democracia, la corrupción había acechado tan de cerca al PNV, el partido mayoritario en Euskadi, que siempre ha apelado a "la honradez" como una de las señas de identidad de su centenaria trayectoria. En los últimos meses se han multiplicado los escándalos. Para intranquilidad de una formación que encara la incómoda situación de ver cómo se resuelven imputaciones de corrupción contra cargos suyos en los tres territorios históricos.

Episodios turbios ha habido en estas tres décadas. Lo que ha cambiado es la concentración de unos escándalos que empezaron hace tres años en Guipúzcoa con el caso Jauregi, el candidato a diputado general que se quedó en el camino tras descubrirse que no había declarado a Hacienda parte de sus ingresos. Siguieron con las irregularidades en el futuro Museo Balenciaga, que afectan directamente al ex alcalde Mariano Camio, hasta llegar al caso Bravo, el ex senador implicado por recibir 1,4 millones de una sociedad a la que ayudó a defraudar cuando era director de la Hacienda foral.

La bola se ha extendido al resto de provincias. Con rapidez. El último caso y el de mayor importancia, a priori, se ha destapado esta semana en Álava al ser imputados por corrupción ocho significados militantes peneuvistas. Los escasos datos que han trascendido por ahora indican que existe una red para el cobro de comisiones ilegales en la compraventa de terrenos en el Parque Tecnológico de Miñano, en las afueras de Vitoria.

Tampoco Vizcaya se ha librado de la apertura de sendas investigaciones, por parte de la Fiscalía, sobre la recalificación de terrenos a la familia de la alcaldesa de Lezama, sólo ocho meses después de haber firmado su venta por seis millones, y acerca de la desaparición de más de 35.000 bonos de un ferry que la Diputación compró a la naviera." (El País, ed. Galicia, España, 22/03/2010, p. 21)

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