Es el gran desconocido en la presunta trama de corrupción en la que se han visto involucrados varios ex altos cargos y afiliados del PNV alavés. Aquella convulsa mañana del 17 de marzo, Jon Iñaki Echaburu Barainca fue detenido por la Ertzaintza, imputado por los supuestos delitos de cohecho, blanqueamiento de capitales y tráfico de influencias.
Como los otros siete arrestados -el ex diputado foral Alfredo de Miguel, entre ellos- pasó más de doce horas en los calabozos del Palacio de Justicia de Vitoria a la espera de declarar ante el juez sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales en operaciones de compraventa de terrenos en el parque tecnológico de Miñano durante 2006. A primera hora de la noche, quedó en libertad con cargos y sin fianza, como ocurrió con el resto. Desde entonces, su papel en la trama ha quedado velado por un secreto de sumario que podría levantarse a finales de este mes.
El listado de imputados es de sobra conocido: De Miguel; Aitor Telleria, ex burukide del ABB; Koldo Otxandiano, ex director del Instituto Foral de Bienestar Social; sus respectivas mujeres Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu; Alfonso Arriola, ex director del complejo empresarial de Miñano; y Jon Iñaki Echaburu Barainca, el gran desconocido. ¿Quién es «ese tal Echaburu»? La conclusión dentro de las filas del PNV es elocuente: nadie le conoce o, por lo menos, confiesa conocerle. «Sólo de oídas», apostillan algunos.
Su círculo de conocidos describe a un hombre de «unos 40-42 años, casado y con dos hijos». De origen vizcaíno, su pasado se escribe en Bilbao, donde ha desarrollado su vida privada y sobre todo profesional, marcada por el sector de la construcción y la promoción. En lo político, siempre ha llevado por bandera las siglas del PNV, partido al que está afiliado desde hace años. En su etapa de Bilbao lo estaba en la organización municipal de Abando, batzoki que en su momento se alineó con los soberanistas de Joseba Egibar, al igual que los actuales responsables del Araba buru batzar.
Contratos con instituciones
Durante su actividad profesional y mediante su empresa de referencia, Construcciones Loizate S.L. -liquidada el pasado año-, ha logrado bastantes contratos con instituciones públicas gobernadas con el PNV, sobre todo entre 2004 y 2007. Tanto de la Diputación de Vizcaya -36 viviendas por 3,9 millones- como del Departamento vasco de Interior, dirigido entonces por el jeltzale Javier Balza (1,7 millones).
¿Cómo ha ido a parar a Vitoria? Las fuentes consultadas dicen que lleva en la capital alavesa «un par de años» y que llegó a ella tras sufrir importantes contratiempos empresariales -cierra y abandona varias empresas-. Reside en el centro, junto a su familia y en casa de sus suegros. Sus allegados lo definen como «un tipo estupendo y muy, muy bilbaíno, tipo Azkuna». «Lo que ocurre es que en los negocios siempre ha sido bastante lanzado y, por lo que parece, no le ha ido muy bien», matizan estas mismas fuentes, que explican que está afiliado al batzoki Erdialde, ubicado en la plaza de Santa Bárbara.
Pese a conocer su vinculación con el mundo del ladrillo, desconocen si es abogado, arquitecto o ingeniero. No es para menos. La mayoría de las empresas nunca han tenido teléfono ni página web. Su único rastro aparece en 2005, cuando formó parte de la XXXIX promoción del máster Experto en Urbanismo y Desarrollos Inmobiliarios del Instituto de Práctica Empresarial.
¿Cómo llega Echaburu hasta Miñano? A finales de mayo de 2006, como avanzó EL CORREO, constituyó junto a una socia Urbanorma Consulting S.L., una compañía destinada a la realización de «servicios de ingeniería, arquitectura, ordenación del territorio y urbanismo de toda clase». Pocos meses después, esta firma recibió el encargo de gestionar la ampliación del parque tecnológico, una operación que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, Roberto Ramos, está investigando después de que la Fiscalía recibiera una denuncia anónima, que en círculos políticos atribuyen a una mujer del entorno de uno de los imputados.
Honorarios por cada compra
Urbanorma Consulting logró el contrato «a dedo, sin mediar concurso público» y ni tan siquiera invitar a otras empresas, explican fuentes oficiales de la gerencia del complejo, cuyo accionista mayoritario es el Gobierno vasco -también está la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-. Por aquel entonces, el parque estaba dirigido por el peneuvista Alfonso Arriola, que conoció a Echaburu por mediación de otro de los imputados, coinciden medios de la investigación. Por estos trabajos, que aún siguen, Urbanorma percibiría «un máximo de 600.000 euros».
«Urbanorma no adquiere los terrenos. Ellos hablan con los propietarios, gestionan la opción de compra y cierran el contrato, pero quien compra es el parque, que paga directamente al propietario. Según se van cerrando los contratos, la empresa cobra sus honorarios», apostillan. Estos trabajos se iniciaron en 2006 y, salvo sorpresa, culminarán a lo largo de este año. En total han sido adquiridas 74 nuevas hectáreas.
Aunque sorprende el modus operandi utilizado, estas mismas fuentes reiteran que esta forma de proceder es «habitual» en este tipo de complejos y polígonos. El motivo de tanta discreción es evitar que los precios se disparen: si una institución o un partido político lo hacen de frente, la operación se encarece sobremanera. Por ejemplo, es la fórmula empleada por el PNV alavés para comprar el edificio de su nueva sede del centro de Vitoria. Constituyó una sociedad (Landaburu Etxea S.L.) administrada, precisamente, por el ex diputado foral Alfredo de Miguel, que logró cerrar un acuerdo por 3,6 millones de euros cuando por aquel entonces, en 2006, promotores de la ciudad apuntaban a casi el doble.
Echaburu, sin embargo, acuciado por la mala situación económica de sus empresas, abandonó Urbanorma Consulting S.L. a finales de enero de 2008, dejando al frente de la misma y de forma solitaria a su socia, identificada con las iniciales A. A., quien continúa con los trabajos encomendados en su día. Eso sí, fuentes del complejo aseguraron que de los 600.000 euros reservados en su día para Urbanorma «sólo se gastarán 400.000» ya que se han conseguido precios más bajos de los previstos.
El juez, además, está investigando la conexión de Urbanorma con Kataia Consulting, la empresa creada en 2005 en una sociedad gastronómica vitoriana por las esposas de Koldo Otxandiano, Aitor Tellería y Alfredo de Miguel (Txitxo): Araceli Bajo, Iratxe Gaztelu y Ainhoa Bilbao -casualmente, las iniciales de los seis conforman el nombre de Kataia, como se comenta en círculos de los implicados-. La empresa, registrada por la Ertzaintza el día de las detenciones, carece de teléfono o personal y se dedica «al asesoramiento a personas físicas y jurídicas en todos los ámbitos de su actividad». Lo que el juez intenta averiguar es si asesoró y cómo a Urbanorma, algo que no se despejará hasta que permita el levantamiento del sumario." (Fundación para la Libertad, " (Fundación para la Libertad, EL CORREO, 4/4/2010)
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