La OMS pidió a los países más afectados que colaboraran entregando muestras del virus en cuestión a los cuatro centros de investigación del virus de la gripe que existen en todo el mundo asociados a la OMS y a los tres laboratorios de referencia dedicados a la búsqueda de la vacuna, situados todos ellos en Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. Según un protocolo de la OMS difundido por la ONG Third World Network, "no se distribuirán esos virus a ningún otro laboratorio sin permiso del país que envió la muestra original". (...)
Aun así, una compañía farmacéutica privada, a la que probablemente alguien de uno de esos laboratorios "autorizados" había facilitado muestras del virus de la gripe aviar detectada en Indonesia, apareció en Yakarta intentado vender dosis de la vacuna apropiada a 20 dólares la unidad. Dado que Indonesia tiene 200 millones de habitantes y que el Gobierno deseaba crear un fondo de reserva de vacunas capaz de hacer frente a una eventual epidemia, la operación era económicamente fantástica.
El Gobierno de Indonesia mostró su enfado suspendiendo el envío de muestras del H5N1 a los centros de investigación, hasta obtener garantías de que se respetaban lo que, a su juicio, eran acuerdos vigentes con la OMS. La decisión perjudicaba la investigación científica, pero era fácilmente comprensible. Según el People's Health Movement (PHM), países como Indonesia, Tailandia, India, Nigeria o Brasil llevan dos años luchando para que la OMS cambie su regulación actual respecto a los virus de la gripe y asegure a los países emergentes el acceso a la tecnología y el know-how necesarios para ser capaces de hacer frente directamente a una eventual epidemia o pandemia.
Las peticiones de esos países han tropezado, según PHM, con la dura resistencia de Estados Unidos, la Unión Europea (siempre dispuesta a ponerse de acuerdo en temas comerciales de este tipo) y Japón, que quieren disponer de las muestras de los virus, pero no quieren compartir ni la tecnología ni los conocimientos para desarrollar las vacunas apropiadas. (...)Según ese estudio, las normas europeas sobre la propiedad intelectual podrían hacer subir un 34% el precio de los medicamentos en países como Perú y Colombia." (SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ: Conflicto de intereses. El País, Domingo, 14/06/2009, p. 13)
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