El Banco de España pone en la diana a los despachos de abogados. El servicio antiblanqueo reclama información a diez bufetes. (…)
El decisivo papel que podían interpretar ciertos colectivos profesionales en el lavado de dinero había motivado una serie de reformas en la legislación internacional en materia de prevención del blanqueo. En aplicación de dichas reformas, notarios, inmobiliarias, asesores fiscales y abogados pasan ser considerados como "sujetos obligados" y deben informar a las autoridades de cualquier operación sospechosa. (…)
"Hay que tener en cuenta", dice un socio de uno de esos despachos, "que muchos despachos se han especializado en el diseño de productos opacos al fisco, en estrategias de concepción y diseño de sociedades. Es toda una línea de negocio que se puede hundir, porque toda aquella operación que supere los 120.000 euros puede ser objeto de una actividad de blanqueo según la normativa y el responsable sería el abogado". (El País, ed. Galicia, España, 24/02/2008, p. 28)
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