"Desde hace más de diez años, la
sociedad civil ha venido denunciando el saqueo del Canal de Isabel II
sin que las instituciones tomaran cartas en el asunto.
La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II,
creada en 2010 a raíz del proceso de venta de la empresa pública
iniciado por la Comunidad de Madrid, y Marea Azul publicaron en 2014 el
libro Más claro agua. El plan de saqueo del Canal de Isabel II (Traficantes de Sueños), en el que explicaban toda la trama.
Tres años después lanzan una campaña de micromecenazgo
para completar la historia con lo sucedido en los últimos años.
Hablamos con Liliana Pineda, abogada y miembro de la plataforma y
militante de ATTAC.
¿Cómo empezó la plataforma contra la privatización?
Viene de muy lejos. Varios de sus
fundadores eran también, en 2003, miembros del Observatorio de los
Servicios Públicos de la Escuela de Relaciones Laborales de la
Universidad Complutense de Madrid. El libro Por un Modelo Público de agua, triunfos, luchas y sueños
publicado en 2005 por el Viejo Topo, recoge alguno de sus trabajos.
Entonces ya teníamos conocimiento de las operaciones realizadas en 2001 y
2002 por el Gobierno de Ruiz Gallardón, mediante la creación de una red
de sociedades anónimas del Canal de Isabel II para operar como grupo
empresarial transnacional en América Latina. En 2009 se crea la Mesa
del Agua, formada por sindicatos, ecologistas y asociaciones de vecinos y
consumidores, con la vocación de denunciar la privatización del Canal y
el expolio a los ciudadanos para dárselo a unos cuantos amiguetes.
Ese
mismo año la asociación Parque sí Chamberí
había denunciado ante la Fiscalía una de esas operaciones de saqueo del
CYII por parte del PP. Porque empieza Gallardón, pero después sigue
Esperanza Aguirre e Ignacio González. Todos ellos impulsan operaciones
en el Canal con sociedades anónimas vehículares y con ánimo de lucro.
¿Qué era lo que denunciaba Parque Sí en Chamberí?
Está colgada ahora mismo en la página del Tribunal Ciudadano de Justicia del 15M la querella
contra el fiscal Manuel Moix que recoge las denuncias de la Asociación
Parque Sí en Chamberí contra Ignacio González.
Éste se había empeñado en
construir un campo de golf en Chamberí, en los terrenos del CYII, para
beneficiar directamente a su familia, adjudicando la explotación y
gestión de sus instalaciones a un consorcio compuesto por tres
compañías, una de ellas controlada por su hermano y su cuñado. Pero
entró en conflicto con el Gobierno de Gallardón, quien tendría sus
propios planes y que inició un expediente contra el CYII por estar
ejecutando obras sin licencia municipal.
Para sortear este obstáculo,
González las declaró de “excepcional interés general” y fue entonces
cuando los vecinos del barrio de Chamberí llevaron esa declaración a los
tribunales. Además de interponer acciones por la vía
contencioso-administrativa, presentan dos denuncias penales en 2007 y en
2009, y una querella criminal en 2010, en las que interesan una serie
de diligencias de investigación que tienen que ver con la contabilidad
de las empresas del consorcio al que se adjudicó el campo de golf. Esa
contabilidad, si se hubiera investigado por parte de Moix hace 10 años,
hubiera delatado la operación corrupta urdida por González en la que
resultaron beneficiados su hermano y su cuñado.
Pero no se investigó.
No se investigó nada. Moix archivó en
tres días hábiles una de las denuncias. En dos ocasiones firmó él mismo
el archivo de las actuaciones y en una tercera la firmó un fiscal
basándose en los mismos argumentos que Moix había dado en los anteriores
archivos. Pero esa es solo una de las varias piezas que se investigan
en la Operación Lezo.
En realidad, estamos ante una operación o trama
bastante extensa en la que intervienen actores como Alberto
Ruiz-Gallardón, Ignacio González, el Consejo de Administración del Canal
de Isabel II, la Cámara de Cuentas, las empresas auditoras… O sea,
políticos, miembros de los órganos de control y auditores, que no
dijeron ni mu, pudiendo haber denunciado hace muchos años todas estas
operaciones. Así es como la trama se organiza y se extiende.
A esto se añade la red de sociedades de Canal Isabel II en América Latina
Sí, la red consta en un diagrama que
provenía de un informe de la Cámara de Cuentas. Con base a ese informe y
a una investigación que realizamos sobre varias de las empresas del
Canal que actúan en América Latina, concretamente en Barranquilla,
denunciamos el caso Taganga, una población, como otras muchas del Caribe
colombiano, que se vio afectada por los procesos de privatización y
saqueo de las empresas públicas del agua en la zona.
Conozco muchas de
esas poblaciones y sé de primera mano lo que significaba la actuación de
las transnacionales del agua en Colombia. Pero lo curioso de todo esto
es que no hace falta ir tan lejos para saberlo ya que todo es público,
se encuentra en internet. Los procesos judiciales en Colombia, las
protestas de los trabajadores y de la propia ciudadanía colombiana
cuando empiezan a subirle las tarifas, en el momento en que ocurren las
privatizaciones. Todo es público.
Así, recogemos esa información y con
ella, en 2010, ATTAC presenta una denuncia de carácter político, ante el
Tribunal Permanente de los Pueblos por la actuación del Canal como
transnacional. El tribunal asume la denuncia y condena al Canal, no ya
por las actuaciones en Madrid o en Chamberí, si no por los abusos que
comete en países de América Latina. Poco después de aquel proceso se
crearía la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II.
¿Y a partir de 2010?
Desde el 2010 no hemos parado.
Creamos la plataforma, nos movilizamos, comenzamos a contar en barrios y
pueblos lo que estaba ocurriendo… Y llegó el 15M. Con él, todo ese
activismo que habíamos desarrollado desde finales de 2010 hasta mediados
de 2011 se multiplica por diez. Hacemos una manifestación con 15.000
personas frente al Canal. Lo cual rompe todas las expectativas que
teníamos y se crea un movimiento muy importante.
Tanto es así que, en
2012, conseguimos que casi 180.000 personas se pronunciasen a favor de
mantener el Canal bajo titularidad pública. La operación urdida por el
PP pretendía engordar al Canal como grupo empresarial trasnacional y a
la vez desplegar la ingeniería institucional necesaria para convertirla
en sociedad anónima que luego pudiera privatizarse estupendamente.
Ese
era el gran negocio previsto, que generaría las comisiones
multimillonarias que ahora se van viendo, cómo se iban produciendo en
cada una de las inversiones que se hicieron en cada país: caso Emissao
(Brasil), caso Inassa… En los correos de Blesa aparecen conversaciones
en las que Bankia y FCC hablan sobre la privatización del Canal. Eso
multiplicado por todas las posibles ventas, reventas y emisión de bonos
que se podrían haber seguido haciendo si no hubiéramos parado el proceso
privatizador.
En la última operación se calcula en más de 25 millones
de dólares lo que ha costado Emissao. En 2014 publicamos el libro para
explicar de manera comprensible nuestras denuncias, y lo que estamos
haciendo ahora, y para lo que hacemos un crowdfunding, es
ampliar la edición con todo lo que hemos podido investigar y conocer
desde 2014 hasta 2017. Sabemos lo que ha ocurrido en Canal de Isabel II y
cómo se ha utilizado a esta empresa para saquearla y para beneficio de
unos pocos.
Sabemos, también, que estas tramas en el Canal están
relacionadas con otras muchas que se han venido conociendo; por ejemplo,
la relacionada con la concesión de contratos en los Teatros del Canal,
denunciada por trabajadores de Telemadrid en el caso Ático. Hoy está
claro que en el Canal se saqueaba y se conseguían comisiones que alguien
se embolsaba, ésa era la situación que hemos venido sufriendo.
Tras las elecciones de 2003,
Esperanza Aguirre asume la presidencia de la Comunidad de Madrid,
designando como vicepresidente y presidente del Canal a Ignacio
González. Durante su mandato se promulgó la ley que permitió la creación
de la sociedad anónima Canal Gestión y, cuando Aguirre dimite en 2012,
es González quien asume la presidencia.
Los dos tienen el mismo
proyecto. Por eso no se puede adjudicar exclusivamente a Ignacio
González la responsabilidad de todo esto. Es un sector muy importante
del Partido Popular el que lleva a cabo la trama, empezando por la
propia Esperanza Aguirre, que está siendo ahora mismo investigada. Es
una red muy amplia y perdurable, han estado mucho más de una década, más
de 15 años tramando todas estas actuaciones.
Cómo es esa ley que abrió las puertas de la privatización del Canal.
La ley 3/2008
es una ley de presupuestos y ellos introducen, como hace siempre el
Partido Popular, con nocturnidad y por la puerta de atrás, en una
disposición adicional, una coletilla que les permite privatizar y crear
la sociedad Canal Gestión. Así no se hacen las leyes, es una mala
práctica legislativa.
Canal, hoy, sigue siendo una sociedad anónima pero con capital 100% público.
El capital del Canal es público aún,
pero la sociedad anónima continúa gestionándolo y, si quisiera, si el
Partido Popular quisiera, privatizaba el Canal, porque la gestión sigue
siendo de carácter mercantil mediante un régimen jurídico que les
permite, por ejemplo, emitir deuda, que es lo que han hecho. Empezaron
emitiendo 500 millones y ahora sabemos que la deuda se eleva por encima
de los 1.200 millones de euros, mientras que, cuando era una empresa
100% de gestión pública, daba beneficios. En el 2013 denunciamos el
proyecto de emisión de 500 millones en bonos de deuda.
La operación se
autoriza en 2014 cuando hacemos la presentación del libro El Saqueo del Agua,
y en 2015 se concluye. Una deuda que, además, no tiene justificación
alguna, porque la emiten exclusivamente para repartir ese dinero en
dividendos entre los ayuntamientos, mayormente el de Madrid, endeudados
hasta las cejas en la era del ladrillo.
Era una manera de tapar agujeros
y compensar de alguna manera a los consistorios que habían suscrito los
convenios necesarios para crear la sociedad anónima. Es la pescadilla
que se muerde la cola: necesitan el apoyo de los ayuntamientos para
crear una estructura societaria que genera comisiones y deuda, y los
ayuntamientos apoyan porque necesitan cubrir sus propias deudas. En
conjunto, una pésima gestión pública, porque lo único que hacen es tapar
agujeros mientras pagan comisiones millonarias.
Ahora, el Gobierno de Cifuentes ha anunciado que se van a deshacer de las filiales internacionales del Canal, ¿qué opinas sobre ello?
Desde el principio dijimos que
cuestionábamos la actuación transnacional del Canal, y que había que
desmontarla. El problema es cómo se desmantela, pues el Canal sigue
actuando con absoluta opacidad. Lo que sí sabemos es que hay ciudadanos
en América Latina, en Barranquilla, en Santa Marta, en lugares donde
actúan empresas dependientes del Canal, que se están rebelando, porque
en determinado momento sus dirigentes cedieron y permitieron la
privatización que les supuso elevadísimas tarifas y ahora desconocen los
términos en que se está negociando la recuperación de la gestión.
Tampoco aquí lo sabemos ni nos fiamos, ni aquí ni allí, porque son los
mismos los que participaron en su creación y los que ahora dicen que la
están desmontando." (Ter García, Saltamos.net, 04/07/17)
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