"Tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir”. Así se expresaba —en 1990— un joven Eduardo Zaplana Hernández-Soro (Cartagena, 3 de abril de 1956) en una conversación intervenida por la Policía en el marco del 'caso Naseiro'.
Dicho y hecho. Al cabo de unos años, el expresidente de la Generalitat Valenciana, exministro de Trabajo y exdirectivo de Telefónica contaba con un botín, al menos, de 15 millones de euros en paraísos fiscales. Todos los fondos provienen de comisiones ilícitas que han aflorado durante la instrucción del 'caso Erial'.
La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha puesto a Eduardo Zaplana al borde del banquillo. El auto de transformación a procedimiento abreviado, el paso previo al banquillo de los acusados, desvela que existen fondos por más de 15 millones de euros en comisiones ilícitas que, en parte, no han podido ser recuperados al haber sido intervenidos por las autoridades andorranas. El blanqueador confeso de Zaplana, el uruguayo Fernando Belhot, transfirió al juzgado desde cuentas suizas 6,7 millones de euros, un capital que “era de Eduardo Zaplana”, apunta la magistrada Isabel Rodríguez Guerola.
La banda del exministro del PP se enfrenta a los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental. La cuadrilla de presuntos saqueadores, coronada por Eduardo Zaplana, era una “organización” cuyos componentes se aprovechaban de los cargos políticos “que ostentaban en el momento de los hechos o habían ostentado a lo largo de varios años” y que con ayuda de empresas pantalla “creadas ex profeso” y de empresarios cercanos al exministro obtuvieron beneficios de contratos públicos hinchados que posteriormente blanquearon a través de una compleja lavadora internacional que pasaba por paraísos fiscales como Luxemburgo, Suiza, Panamá, Andorra o Uruguay, entre otros destinos.
Procesados “dirigidos” por el expolítico
Los procesados estaban “dirigidos” por el expolítico del PP, indica la jueza instructora. “La forma planificada por Eduardo Zaplana era quedar ante todo oculto en la sombra de todo tipo de actividad, con el fin de eludir posibles responsabilidades y dado que era conocido públicamente y si su nombre apareciera, en cualquier tipo de operación, hubiera alertado inmediatamente, (...) utilizó a sus amigos y conocidos a los que hizo partícipes de los beneficios obtenidos en cantidades mínimas”, reza el auto.
Un “claro ejemplo” es Joaquín Barceló, amigo de la infancia de Zaplana y conocido como Pachano, “al que hizo que figurase con su nombre” en sociedades y cuentas bancarias en España y en el extranjero mientras que el exministro del PP quedaba “al margen formalmente y libre de responsabilidades” (aunque recibía, “eso sí, importantes beneficios económicos”, apostilla la magistrada). Pachano es el “principal testaferro” de Zaplana, sostiene la magistrada.
El extraordinario botín nació del pelotazo de la privatización de las ITV y en la adjudicación del Parque Eólico durante los primeros años de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana. “Concursos a la carta”, según la definición de la jueza instructora del 'caso Erial', en los que la empresa Sedesa, de los Cotino, obtuvo importantes comisiones.
El Grupo Sedesa, de la familia del fallecido Juan Cotino, se agenció 86,5 millones de euros de beneficios con ambas adjudicaciones, “por lo que pudieron permitirse el pago de altas comisiones”. Las acciones de la familia Cotino por los parques eólicos se dispararon de un discreto valor inicial de 120.000 euros a 48 millones “en apenas seis años”.
Otro personaje en la trama, también procesado, fue José Luis Olivas, breve sucesor de Zaplana en la Generalitat Valenciana antes de la presidencia de Francisco Camps. “La intervención de José Luis Olivas”, apunta la instructora,“ fue también fundamental” para una operación de introducción en el circuito legal de “fondos de origen delictivo” por 2,8 millones de euros mediante una refinanciación solicitada a Bancaja (presidida en aquel entonces por Olivas) por parte del empresario Carlos Gutiérrez Mondedeu. El expresidente de la Generalitat Valenciana cobró una comisión de 580.000 euros a través de una sociedad de los Cotino.
Dos personajes clave
La trama contaba con dos personajes clave en el exterior: los blanqueadores Fernando Belhot y Beatriz García Paesa (sobrina del famoso espía), que gestionaban los fondos fruto de “comisiones delictivas” cuya procedencia y origen “desconocían”, dado que “profesionalmente se dedicaban a gestionar patrimonios”. Ambos personajes colaboraron con la Fiscalía Anticorrupción y el abogado uruguayo Fernando Belhot (conocido con el nombre en clave de Sol por los investigadores de la UCO) acabó entregando los 6,7 millones de euros de su cliente. La relación entre Zaplana y sus “gestores” se basaba “en la confianza”, sin contratos y con órdenes verbales.
El auto destaca el papel de la secretaria de Zaplana, Mitsouko Flerida Henríquez, en la recepción de parte de los fondos ilícitos desde el extranjero mediante el “sistema de cambistas”, un método de blanqueo de capitales “muy común en Sudamérica” (los cambistas reciben el dinero y a su vez facilitan la entrega, “siempre en efectivo”, sin dejar rastro). La histórica secretaria del exministro era “conocedora de las actividades delictivas” de su jefe, agrega el auto.
Además, el exjefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, también vehiculó una “parte importante de las comisiones” de los Cotino. García repatrió 2,2 millones de euros en comisiones aprovechando la amnistía fiscal del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. El auto recuerda otra táctica del exjefe de gabinete de Zaplana para dar “cobertura” al blanqueo de las comisiones: su empresa Dobles Figuras SL firmó un “contrato simulado” con Sedesa para elaborar un boletín interno de la empresa que realmente confeccionaban empleados de la firma de los Cotino.
El asesor fiscal Francisco Grau era el “miembro financiero de la organización” que gestionaba los fondos de la presunta banda criminal. Fue definido por otro de los miembros de la trama, en una comprometedora conversación telefónica intervenida por la UCO, como el “artífice de toda esta ingeniería”. Era, según la magistrada instructora, el encargado de “integrar el dinero de procedencia delictiva”, la última fase del complejo proceso de blanqueo de capitales.
Una amiga íntima y su hermano
Elvira Suanzes, exdiputada autonómica del PP, amiga íntima del exministro, participó junto con su hermano Saturnino en la “ocultación y transformación del dinero de procedencia delictiva que poseía la organización de Zaplana tanto en Luxemburgo como en Andorra”.
Los 2,8 millones de euros blanqueados gracias a la operación del empresario Carlos Gutiérrez Mondedeu con Bancaja fueron a parar en parte a la mercantil Zascar SL de Francisco Pérez, amigo de Zaplana y conocido como Paco Gasofa. La firma, que recibió 225.571 euros, abonaba el alquiler de una embarcación usada por el expresidente de la Generalitat Valenciana para surcar las aguas griegas y adquirir el Naikamo (que luego fue vendido por 5,5 millones). Además, recuerda el auto, los fondos también se usaron para otros “viajes de recreo” por Croacia, Italia o la Costa Azul. Otros 75.000 euros se destinaron a pagar numerosos vuelos a destinos como Praga, Marruecos, Génova, Suiza, Milán, Madeira o Londres, entre otros.
El auto también pone al borde del banquillo a los empresarios Ángel Salas, autor de contratos ficticios para retornar comisiones ilegales tras un “periplo societario”; Pedro Romero, peluquero y presunto blanqueador, y Roberto Bataouche Pérez, implicado en las operaciones en Altea y beneficiario de 143.373 euros “en B”.
El botín sirvió para adquirir, por 1,5 millones, un piso en la calle Núñez de Balboa de Madrid y dos áticos frente al puerto deportivo de Altea, valorados en 1,2 millones de euros. También fincas en La Vila Joiosa por 1,8 millones y vehículos como el todoterreno de alta gama que usaba la esposa de Zaplana, Rosa Barceló. La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha decretado el sobreseimiento provisional para Barceló y para su hija María Zaplana, que se han salvado al no figurar en ninguna de las sociedades mercantiles de la trama del 'caso Erial'.
“No se ha podido acreditar que Rosa Barceló tuviera conocimiento del origen ilícito del dinero utilizado para la compra del vehículo ni tampoco de los otros fondos empleados por Eduardo Zaplana”, advierte el auto. La situación de Rosa Barceló y de María Zaplana contrasta con el procesamiento de la esposa del testaferro Joaquín Barceló, “conocedora desde el primer momento de todo lo que se estaba haciendo”. (Lucas Marco , eldiario.es, 2 de junio de 2022)
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