"El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha condenado a nueve años de cárcel al exjuez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán, quienes durante cerca de tres años buscaron desentrañar las supuestas actividades corruptas del empresario mallorquín Bartolomé Cursach para salvaguardar su autoridad en la noche balear. Asimismo, ha impuesto tres años y diez meses para el subinspector de la Policía Nacional Miguel Ángel Blanco, un año y dos meses para la inspectora Blanca Ruiz y dos años y cuatro meses al agente Iván Bandera, quienes colaboraban con ambos juristas al frente de las anteriores investigaciones. Es la primera vez que la Justicia condena en bloque a un juez, a un fiscal y a varios policías.
Las penas contrastan con los 118 años de cárcel y los 121 años y nueve meses que la Fiscalía Anticorrupción reclamaba, respectivamente, para Penalva y Subirán, las mayores formuladas contra un juez y un fiscal en España. Con todo, el tribunal ha establecido en siete años y medio el plazo máximo de condena que deberán cumplir ambos acusados.
La sentencia, de cerca de 500 páginas, considera probado que todos ellos desplegaron diversas prácticas ilegales para incriminar a varios investigados por hechos de los que, tras un turbulento peregrinaje judicial, acabaron finalmente absueltos. Entre tales actuales, el tribunal, presidido por el magistrado Diego Gómez Reino, sostiene que Penalva y Subirán incurrieron en tres delitos de obstrucción a la Justicia, un delito de coacciones y otro de omisión del deber de perseguir filtraciones al filtrar información mientras el caso Cursach se encontraba bajo secreto sumarial.
Los acusados llevaron a cabo tales prácticas en una de las líneas de investigación en las que se desgajó el más conocido como caso Cursach, la relativa al supuesto amaño del concurso para adjudicar el servicio de regulación del aparcamiento (ORA) en Palma y el presunto cobro de comisiones por parte del exconcejal y exdiputado del PP Álvaro Gijón y el exdirigente histórico popular José María Rodríguez.
Se trata de un fleco en el que, en octubre de 2016, fueron arrestados varios empresarios, los funcionarios que integraban la mesa de contratación del Ajuntament de Palma que tramitó el expediente y los padres y el hermano de Gijón, a quien los ahora acusados atribuían haber obtenido la mitad de un soborno de aproximadamente un 1,2 millones de euros y un piso a cambio de amañar el concurso. Tales acusaciones fueron efectuadas por un testigo protegido que aseguraba que dentro del PP era “vox populi” la alteración del expediente y el cobro del cohecho. Las pesquisas fueron finalmente archivadas ante la ausencia de indicios delictivos contra todos ellos.
En este sentido, el tribunal condena al juez, al fiscal y a los policías condenados a indemnizar junta y solidariamente a Álvaro Gijón por daño moral en la cantidad de 6.500 euros.
En su resolución, los magistrados consideran probado que fueron detenidas personas inocentes pero aprecian que en el momento de las detenciones existían sospechas de que el concurso de la ORA podía haber sido amañado y de que los arrestados participaron en mayor o menor medida en los hechos. Asimismo, la Sala entiende que las detenciones de los padres y el hermano de Gijón, aunque estaban soportadas en sospechas de delito, fueron instrumentales y tuvieron por objeto presionar al político para que confesara su participación en la manipulación del concurso. Pese a ello, el tribunal no condena a los acusados por el delito de detención ilegal sobre la familia Gijón por un “déficit” en la acusación.
Al margen de esta causa, Penalva y Subirán tienen pendientes
otras investigaciones contra ellos: la Audiencia Provincial de Balears,
que el año pasado juzgó a Cursach y a otros 16 acusados por la presunta
trama mafiosa que buscaron apuntalar los dos juristas, y de la que todos los procesados resultaron absueltos,
ordenó investigar por nuevos delitos -prevaricación, detención ilegal y
coacciones a testigos- a exjuez y exfiscal y, por presunto falso
testimonio, a 17 testigos que comparecieron durante el macrojuicio.
Entre ellos, varios empresarios que, como acusaciones particulares en la
vista oral, sostenían que Cursach intentó hundir sus negocios mediante
extorsiones y a quienes tanto Penalva como Subirán habrían utilizado
para sostener sus investigaciones." (Esther Ballesteros, eldiario.es, 15/11/23)
No hay comentarios:
Publicar un comentario