"La comisión de investigación del fraude de los comedores escolares públicos presentó hace unos días el informe de conclusiones sobre las irregularidades que
culpa al Gobierno vasco de la falta de control que posibilitó un fraude
que oscila entre los 70 y los 80 millones de euros. Según la comisión,
las familias habrían sido las principales afectadas. He aquí algunas
claves para entender cómo se repartió el pastel y lo que esto supuso:
1. 2016: se destapa el caso
Competencia y, posteriormente, el Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco (TSJPV) multaron en 2016 a siete empresas por
pactar un encarecimiento del servicio de comedores escolares entre los
años 2003 y 2011 y 2013 y 2015. Las empresas beneficiarias eran Auzo
Lagun, Cocina Central Goñi, Cocina Central Magui (estas tres
pertenecientes a MCC), Eurest, Tamar las Arenas, Gastronomía Cantábrica y
Gastronomía Baska. La empresa que dio la voz de alerta, Aibak, había
llegado a ‘adivinar’ ante notario cuáles iban a ser las empresas
ganadoras del concurso año a año.
Si bien en un principio la cuantía global de las multas ascendía a los 18 millones de euros,
el TSJPV las rebajó en un 60%, hasta los 7,24 millones, puesto que
entendía que la actuación del Gobierno Vasco había contribuido a que
estas considerasen que "actuaban de una manera asumible de cara al
interés público". La Fiscalía del País Vasco llegó a emprender una
investigación, pero su titular por aquel entonces, Jual Calparsoro,
archivó la causa al creer la versión de los empresarios, según los que
no existía ningún tipo de mercado cerrado.
2. Unas pocas empresas se reparten el pastel
José
Ramón Becerra, el parlamentario de Elkarrekin Podemos que ha
participado en la comisión de investigación, asegura que en los años de
la crisis económica, entre 2008 y 2012, el coste facturado de los menús
ascendió en casi un 50%, "en parte fruto del pacto ilícito entre las
empresas para repartirse el mercado". Se trata de un pacto tácito,
técnicamente ‘colusión’ o ‘concertación’ entre empresas, que dificulta
la competencia y, en consecuencia, incrementa los precios y mina la
calidad. "Las empresas —comenta Becerra—, en la medida en que saben que
tienen asegurado el reparto del mercado, no se van a esforzar por dar un
mejor servicio". El sistema en sí mismo ha quedado, por lo tanto, en
entredicho.
La comisión de investigación no ha demostrado que
hubiese un pacto expreso y por escrito, ni que existiera connivencia
entre el Gobierno y las empresas, pero sí la existencia de ese acuerdo
tácito e ilícito. El quebranto económico lo cifran desde la comisión en
alrededor de 70 u 80 millones de euros. Es por ese motivo por el que se
le exige al Ejecutivo que recupere ese sobrecoste, esos beneficios que
han conseguido las empresas a costa del dinero público y del dinero
puesto por las familias.
3. Las familias, las principales perjudicadas
Son
esas familias las que han soportado, con su dinero, este sistema. El
número de comensales de los comedores públicos ha ido creciendo con los
años, pero con la crisis económica el aumento fue aun más notorio. El
Gobierno hizo en 2012 los primeros cambios para estabilizar las cuotas
del comedor; entre 2012 y 2017, la factura de los comedores se redujo en
prácticamente un 17%. La cuota de las familias, sin embargo, se ha
mantenido. "La realidad es que, cuando se acredita un sobrecoste, les
repercute a las familias, que pagan el 60% del coste del servicio a
través de sus cuotas, e incluso más", asegura Becerra.
Considera
que "el sistema no es ilegal, porque la orden que lo regula dice que se
tenderá hacia la autofinanciación". "Sin embargo, la situación refleja
que este sistema de comedores está cargando sobre las familias el coste
de un servicio cuya calidad está en entredicho y, además, el sobrecoste
que ha ocasionado el pacto entre las empresas", apunta. El informe de
conclusiones de la comisión estima que "se habrían detraído a las
familias" de los alumnos entre 42,1 y 48,5 millones de euros a través de
las cuotas de comedor.
4. Idas y venidas en la cartera de Educación
El
PNV aseguró en 2018 que había quedado claro que la Administración no
había estado involucrada. Aun así, no es el único partido que ha
gestionado la cartera de Educación. Este sistema de comedores escolares
echó a rodar en el año 2000. Los responsables de Educación desde ese año
hasta 2009 fueron consejeros de EA (que ahora está integrada en EH
Bildu), después la responsabilidad recayó en manos del PSE-EE hasta 2012
y, desde entonces, corre a cargo del PNV. Por tanto, en los años
abarcados por la investigación, ha habido miembros de al menos tres
partidos al mando de Educación.
5. No hay "connivencia", pero sí "responsabilidades políticas"
El
informe de conclusiones sobre las irregularidades detectadas lo
aprobaron todos los grupos parlamentarios a excepción de PNV y PSE-EE.
El informe culpa al Gobierno vasco de la falta de control que hizo
posible el fraude. El dictamen no brinda pruebas de "connivencia" entre
Ejecutivo y empresas, pero da por "acreditada" la existencia de
"responsabilidades políticas" en dos planos: las de los que estaban al
mando de la consejería de Educación mientras todo sucedía y las de los
que, una vez probados los sobrecostes y el ‘coto cerrado’ que mantenían
las empresas, no hicieron nada por recuperar el dinero.
6. ¿El futuro?
La
consejera, en su última comparecencia, dijo que todo va a seguir igual.
De tal manera que los cambios no van a ser drásticos pese a las
conclusiones de la comisión. Si bien las ampas podrán gestionar a partir del siguiente curso los comedores escolares de manera directa,
Becerra cree que este modelo está "abocado al fracaso, porque es
cuestionable jurídicamente que un ampa pueda gestionar unos recursos
públicos, como es el personal, y porque difícilmente van a sobrevivir
financieramente". (Rubén Pereda, eldiario.es, 29/06/19)
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