"La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la indemnización que
recibió ACS por la hibernación del almacén subterráneo pone de
manifiesto cómo se toman las decisiones en un Estado como el español.
Este proyecto tenía como objeto el almacenamiento de gas y se situaba
frente a las costas de Tarragona y Castellón y fue inicialmente aprobado
por el gobierno de Zapatero en un alarde visión de futuro. Todo formaba
parte de una estrategia de garantía de suministro de gas en caso de
desabastecimiento externo que se ha demostrado como errónea y muy cara,
como siempre, para los consumidores.
Las veleidades de los grandes
grupos energéticos alrededor del poder, independientemente de quien
gobierne, casi siempre recaen sobre el eslabón más débil de la cadena,
es decir los súbditos que conformamos el Estado moderno.
Tres de esos proyectos se han paralizado en los últimos dos años: Castor
(en el Golfo de Valencia), Marismas (en Huelva) y la ampliación de
Gaviota (frente a la costa de Bizkaia).
La planificación vigente preveía
que el volumen operativo en almacenamientos subterráneos aumentara un
238% en 2016, un objetivo que no se ha cumplido y demuestra la falta de
pericia y conocimiento de quienes pensaron en esta fórmula tan dolosa
para los consumidores y tan golosa para las grandes corporaciones, que
siempre pagan muy bien este tipo de experimentos con las cobayas
nacionales.
El fiasco más notable ha sido el de Castor. La secuencia de seísmos,
primero ignorados y luego minimizados por los responsables políticos,
provocaron la paralización de los trabajos por parte de Escal UGS,
controlada por ACS, quien era la concesionaria de la explotación.
El
Gobierno de Zapatero introdujo una cláusula de salvaguardia de la
inversión para que estas pobres empresas no sufrieran ningún quebranto y
no incurrieran en pérdidas, importando muy poco si la salud peligraba o
si el coste final para el consumidor era tan elevado, como así ha sido
finalmente.
Esta cláusula se fijó, ahora parece que de forma arbitraria
según el Constitucional, en 1.350 millones. Del mantenimiento de las
instalaciones, que permanecen en estado de hibernación, se encarga ahora
Enagás. La Fiscalía de Castellón, tras analizar el caso, ha decidido
denunciar a la cúpula de Escal UGS y a los responsables de la
tramitación ambiental del proyecto de los ministerios de Medio Ambiente e
Industria, aunque todavía no hay sentencia sobre ello.
Pero lo más grave fue que el Instituto Geológico y Minero de España
(IGME) validó en 2007 los estudios técnicos que presentó al Ministerio
de Industria la concesionaria de Castor. Dos años antes el Observatorio
del Ebro, un instituto de investigación, había alertado de la actividad
sísmica que podía generar un proyecto de la magnitud del Castor, el
mayor almacenamiento subterráneo de gas de España.
Como suele hacerse en estos casos, el proyecto se financió con una
emisión de deuda (bonos) de 1.400 millones respaldada Banco Europeo de
Inversiones (BEI) con una línea de tesorería de 200 millones de euros.
Gracias a ese apoyo el proyecto consiguió una calificación crediticia
más atractiva para los inversores, lo cual dice mucho de la influencia
que tiene montar una estructura de este tipo con el apoyo de un Estado
miembro, aunque las dudas sobre su viabilidad técnica y sus riesgos
sobre la población sean ignorados por políticos y empresarios, cuya
única hoja de ruta es la cuenta de resultados.
Una vez el proyecto se suspendió, la concesionaria, tendrá que devolver
la suma de la indemnización a los bonistas que financiaron el proyecto.
ACS ya aseguraba en su informe de gestión de 2013, depositado en la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que Escal tiene derecho
a devolver la concesión en cualquier momento” y que por tanto el valor
de la inversión es totalmente recuperable.
Esta clausula, que fue
recurrida por el Abogado del Estado por ser lesiva para el interés
general, fue avalada por el Tribunal Supremo, para respiro del gobierno
de Zapatero. Por suerte, en la nueva Ley de Evaluación Ambiental, se
incluye el riesgo sísmico como variable a tener en cuenta para la
concesión de permisos y licencias de este tipo.
Después de toda esta chapuza legislativa, con gran dolo para el Estado
que tanto quieren y protegen los diputados mal llamados
constitucionalistas, ahora el alto Tribunal en la sentencia dictada
cuestiona el mecanismo de pago, el cálculo de la cuantía y la urgencia
del desembolso.
No hay que olvidar que el dinero que el Estado pagó de
forma inmediata a la concesionaria, 1350 mill€, fue a parar a los
bonistas (entre ellos el BEI), como bien apuntaba ya la empresa de
Florentino en 2013. Siempre hay que preservar los derechos de
accionistas y bonistas porque si no, no hay flujos de capital hacia este
tipo de inversiones.
La fórmula legislativa elegida no parece que fuera la correcta, como
tampoco lo fue la urgencia (35 días), ni por supuesto la cuantía fijada,
pero eso ahora ya no importa, porque el daño ya está hecho, y todos los
españoles hemos sufragado el pago a los pobres bonistas que recibieron
su inversión.
Ahora comenzará un proceso larguísimo de litigios entre
las partes, sin que exista ninguna garantía que algún día los
consumidores españoles puedan recuperar una cantidad muy respetable que
se han embolsado los inversores y la empresa concesionaria, gracias a
una cláusula que alguien del entorno de Zapatero introdujo y que un
tribunal ha avalado, obviando el dolo para el interés general.
En suma, ya tenemos el círculo vicioso perfecto. Empresas del régimen
oligopolístico proponen un negocio al gobierno de turno, asegurándose de
que se hace la vista gorda con los riesgos para su explotación, como
así fue en el caso del Castor.
Para llevarlo a cabo, se incluyen
cláusulas de salvaguardia por si los resultados son negativos o generan
una alarma social, como ocurrió con los seísmos en la zona. Una vez se
suspende el proceso, cobran de forma inmediata para no espantar a los
inversores futuros y la broma la acaban pagando los tontos de los
consumidores.
El círculo se cierra votando a los mismos que nos han sacado de la
cartera los 1350 mill€. Y por supuesto, siempre hay jueces que son
cooperadores necesarios para evitar que prime el interés general, frente
a las grandes multinacionales.
Y ahora el Constitucional, para
disimular, apela a un defecto de forma (como la amnistía fiscal, por
ejemplo) y recuerda al ejecutivo que hay que cuidar las formas y no
pagar tan rápido. Pero de devolver el dinero nada, que si no Florentino
Pérez se enfada y entonces dejará de regar con palcos y catering a los
que supuestamente defienden a los trabajadores y la oposición política
de la villa y corte. " (Alejandro Inurrieta, Vox Populi, 25/12/17)
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