“Si colaboraba con la fundación de CDC, estaría en la lista”

"Jordi Soler Paredes tenía la impresión de que su empresa hacía las cosas razonablemente bien: presentaba proyectos sólidos y a precios competitivos. Pero con eso no le alcanzaba para ganar concursos públicos en Cataluña. Empezó a saber lo que fallaba hablando con otros empresarios del Bages, donde el Grupo Soler tiene su sede central.

 “Entre las empresas pequeñas de la comarca se hablaba de que no les daban adjudicaciones si no estaban en la lista”, afirmó Soler la semana pasada en su declaración como investigado ante José de la Mata, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso 3%.

La declaración de Soler, a cuyo contenido ha accedido EL PAÍS, ha pasado desapercibida entre las comparecencias de altos cargos de los últimos días, como la del expresidente del puerto de Barcelona Sixte Cambra. Pero contiene algo muy cercano a una confesión sobre el pago de contraprestaciones a cambio de la adjudicación de obra pública.

 La “lista” a la que alude Soler es la relación de empresas que donaban dinero a las fundaciones afines al partido, CatDem y Fòrum Barcelona. Eran donaciones altruistas que, finalmente, acababan en las arcas el partido y servían para financiarlo de forma irregular, según la investigación.

“Lo que se me hizo llegar es que, si colaboraba con las fundaciones, lo que era mío era para mí y no para otro (…) Entendí que, si colaboraba con la fundación, estaría en la lista. Y haciendo esto, estaba más cerca de no ser excluido”, declaró el empresario ante De la Mata. 

Las personas de CDC que, siempre según su versión, le explicaron ese sistema de funcionamiento fueron los extesoreros Òscar Torrent, Daniel Osácar y Andreu Viloca; y el exgerente, exdiputado en el Parlament y mano derecha de Artur Mas, Germà Gordó. Todos ellos están siendo investigados por delitos de corrupción en el caso 3%. “Antes igual no te cae ninguna y ahora igual la consigues”, agregó.

La de Soler fue una confesión a medias. El Grupo Soler (y sus filiales) “efectuaron desde 2008 a 2015 donaciones por importe total de 664.604 euros”, consta en el auto judicial que detalla su participación en los hechos y que le acusa de “concertarse de modo encubierto” con altos cargos del partido.

 La empresa se convirtió, con el tiempo, en uno de los donantes más generosos de las fundaciones tras Agbar y Copisa. Soler matizó que ya antes de esos pagos estaba ideológicamente “muy próximo” a Convergència y que “compartía el objetivo” de CatDem y Fòrum Barcelona sobre “catalanismo y modernidad”.

Pero cuando el magistrado le preguntó sobre donaciones y su correlación con adjudicaciones concretas, intentó echar balones fuera. De la Mata le inquirió sobre la reforma (2,7 millones) del instituto público Lluís de Peguera de Manresa. Un día después de obtener el concurso, el empresario donó 50.000 euros a CatDem. “Casualidad”, declaró.

El juez le preguntó por otra adjudicación (1,14 millones) para construir un centro cívico en Sant Fruitós de Bages, en la misma comarca. La UTE —dominada por Grupo Soler— abonó 34.000 euros de donación, lo que se corresponde exactamente el 3% de la obra, como le recordó De la Mata, quien además le insistió en que sus donaciones solían ser en números redondos y esta no lo fue. Soler, de nuevo, intentó salir airoso: “Es pura casualidad”.

La declaración de Jordi Soler apuntala los indicios contra una de las personas con mayor influencia tanto en Convergència como en los dos gobiernos de Artur Mas: Germà Gordó. La investigación señala a Gordó como “recaudador” de las comisiones y puente entre las empresas donantes, el partido y los órganos del Gobierno encargados de las adjudicaciones.

El empresario de la construcción explicó, según detallan las mismas fuentes, que el director general de la constructora Benito Arnó, Joan Albert Arqués, le recomendó que hablase con Gordó. “Dijo que podía tener alguna ayuda en la Agencia Catalana del Agua a través de Gordó”. 

Soler detalló, de hecho, una reunión que supuestamente mantuvo en la sede del Gobierno catalán con Gordó en 2012. La mano derecha de Mas era entonces secretario de Gobierno y, como tal, encargado de coordinar la contratación pública de la Generalitat.

Soler también precisó que el extesorero de CDC Andreu Viloca le proporcionaba “un modelo en blanco” para la documentación que debía aportar junto con la donación."                (Jesús García, El País, 30/06/18)