“La corrupción en todas sus variantes destruye silenciosa y eficazmente las instituciones democráticas”. En Cataluña el clientelismo político alcanza de pleno a la socialdemocracia

"El estallido público de nuevos casos de corrupción que, esta vez, alcanzan al Partido de  los Socialistas de Catalunya y, sin perjuicio del resultado final de la investigación judicial, es muy preocupante. El momento siempre es inoportuno, sobre todo para los implicados, pero esta vez más. El pasado 23 de Octubre se publicó la reforma de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos de 2007 (L.O. 5/2012).

 En ella se fija el presupuesto de este año para los “gastos de funcionamiento” y de “seguridad” de los partidos con representación parlamentaria. Exactamente, 69.165.000 €. Una suma elevadísima, en relación con las partidas que se reducen drásticamente para los servicios públicos esenciales. ¡Qué contradicción!

Pero, vayamos por partes. Prestigiosos sociólogos norteamericanos hacen una distinción entre tres formas de corrupción, la blanca, la gris y la negra. Depende de los factores que concurran en cada una de ellas, la naturaleza de las infracciones legales, el perjuicio económico causado al erario público o, entre otros, el deterioro sufrido por las instituciones implicadas en ella. La denominada como negra es, en todo caso, delictiva. 

Y, precisamente, estos días, al tiempo de conocerse aquellos casos de corrupción, los medios han dado cuenta de ciertas decisiones políticas que han generado entre la ciudadanía dudas o, directamente, repulsa. Decisiones que, si bien no encajarían directamente en la corrupción negra, suscitan dudas sobre su legitimidad.

Es sabido que la Consejería de Territorio y Sostenibilidad ha cedido la gestión de Aigües Ter-LLobregat a la sociedad Acciona Agua, en un proceso más que discutido por la privatización de un bien tan esencial como el agua para la comunidad. La sociedad Agbar, disconforme con tal decisión, la ha impugnado. Pero concurre, en este proceso un dato significativo y no irrelevante. 

Un alto cargo de la Generalitat, el Presidente del Consell Asesor per al Desenvolupament Sostenible, órgano asesor de la Presidencia, es desde el 20 de Marzo de este año Ferran Rodés Vilá, (1) quien a la vez es Consejero desde el 4 de Junio de 2009 de la sociedad Acciona, matriz de la sociedad adjudicataria? Ha habido un trato de favor? ¿En qué zona de la corrupción estaríamos?

Simultáneamente, se ha sabido que la Consejería de Salud -el conseller, Boi Ruiz, está pendiente de una querella por delitos, entre otros, de corrupción- ha decidido, por vez primera en la historia de la sanidad pública catalana, adjudicar la gestión del Centro de Asistencia Sanitaria y siete Consultorios de L’Escala (Girona), a la empresa Eulen, SA, durante diez años por un importe de 24 millones de euros. Es una sociedad, propiedad de la familia Álvarez Mesquiriz, que, salvo su filial Euxa, dedicada a la atención de personas de la tercera edad, está calificada en el Registro Mercantil como “líder en España en prestación de servicios intensivos en personal” , “como gigante español en servicios” o especialista en “seguridad privada, limpieza y logística”.

 Y, que se conozca, sus actividades principales son la explotación vinícola -Bodegas Vega Sicilia- y ganadera -sociedades Valles del Esla y Neal-. Pese a ese particular perfil, encabeza el rechazable proceso de privatización de la sanidad catalana. ¿Por qué? Dicen que superó a la Fundació Salut Empordà, actual gestora de dichos centros, en la calificación de  los requisitos exigidos. Pese a que carece de toda experiencia en la gestión sanitaria. Ya veremos lo que hay detrás de esta discutible y brumosa decisión.

En este contexto, salta a la publicidad la corrupción ya citada. De la que, según los datos disponibles, no puede dudarse de su carácter delictivo. Siempre según esos datos, el Ayuntamiento de Sabadell, en los últimos dos años, durante los procedimientos de contratación de obra publica de su competencia, resolvía sobre las adjudicaciones, se entiende que a empresarios del sector, exigiendo cantidades previas de aproximadamente 120.000 €, mas una comisión ilegal sobre el coste total de la obra. 

Estaríamos ante delitos de prevaricación, cohecho y otros. De comprobarse los hechos -ya ha habido 12 detenciones y están previstas unas 25 inculpaciones- es evidente su suma gravedad. Aún no se sabe si los beneficiarios de las comisiones ocultas -solo naturalmente entre los partícipes- son los políticos y funcionarios que intervenían en el procedimiento o el partido al que pertenecen los implicados -el PSC- como forma de su financiación ilícita.

Lo que resulta claro es que estamos ante un supuesto de corrupción negra. Muy grave, porque difumina la ecuación entre las instituciones y la legalidad y las deslegitima ante los ciudadanos, ya demasiado cansados y decepcionados de unas Administraciones que solo merecen un duro reproche.

 Y es de especial gravedad proviniendo de un partido que impulsó y aprobó la LLei 3/2007 de 4 de julio, de Obra Pública, que, complementando otras disposiciones estatales y autonómicas, pretende “asegurar que el modelo de contratación de obra pública garantice la libre concurrencia y la eficiente utilización de los fondos públicos”, así como, entre otros objetivos, “transparencia y publicidad en el proceso de contratación e información de las adjudicaciones de los contratos”. De comprobarse los actuales indicios sería además una traición. 

Ley que fue una consecuencia de la denuncia, entonces histórica, del llamado 3%  para afrontar  el problema de la corrupción que subyace siempre en la contratación pública. Es de sobra sabido que el 3% hace referencia al pago ilícito por los particulares a la Administración  de una comisión que representa un porcentaje sobre el precio fijado en los contratos administrativos, comisión que se abona como condición para obtener la adjudicación en perjuicio de los competidores o como forma oculta de beneficiar al partido político que controla esa esfera de la Administración, y que, además, encarece injustificadamente la obra o servicio contratado.

El profesor Caciagli, analizando el caso italiano, afirmaba que estaba acreditada “la propagación del intercambio corrupto en todas las áreas de la intervención publica” en la economía y, particularmente, en las obras públicas, porque los procedimientos administrativos contenían factores inductores de la corrupción. En efecto, de nuevo han fallado los contrapesos y controles establecidos para evitar este intercambio de favores que crea un mercado ilegal entre los políticos, los burócratas y los empresarios.

 Fallo evidentemente calculado para garantizar la clandestinidad de los intercambios y que necesita de la complicidad -favorecida por la superioridad jerárquica- de los responsables de dicho control. La consecuencia ha sido una suma de decisiones y actuaciones ilegales -por violación de las normas-, ilegítimas -por antidemocráticas- e ilícitas -por su carencia absoluta de criterios propios de la ética pública.

Como han expresado muchos especialistas, esta corrupción, posiblemente, mas que otras, es un ejercicio continuado de deslealtad con los valores democráticos. Por todo ello, lo razonable sería que, los ya imputados, cesaran en sus cargos públicos.

En cuanto a la conducta que se atribuye al Diputado Daniel Fernández, de ser cierta, es indiciariamente un delito de tráfico de influencias. Pero es también preocupante que en el seno de la socialdemocracia catalana pervivan elementos propios de clientelismo, que es una forma modernizada de caciquismo, por el cual los que ocupan posiciones de poder político en un estrato superior se aprovechen de esa superioridad para cuestionar o anular decisiones ajustadas a la legalidad de los responsables públicos que están situados en un nivel político inferior. No es aceptable en modo alguno.

Qué razón tenía el jurista alemán J. Roth cuando afirmaba: “La corrupción en todas sus variantes destruye silenciosa y eficazmente las instituciones democráticas” (2)."       (Carlos Jiménez Villarejo, La Lamentable, Rebelión, 05/12/2012)