"Aquel 5 de mayo de 2021 quedaban pocas jornadas para terminar la temporada en el Grupo X de la Tercera División del fútbol español y casi todo estaba ya decidido. Uno de los partidos que restaban lo iban a disputar ese mismo día, a las siete de la tarde, dos equipos que en ese momento ya no se jugaban nada, el CD Gerena y el Conil CF. La cita era en el estadio del primero.
La mañana de ese día, casi 10 horas antes de que se iniciara el encuentro y cuando las apuestas daban tres a uno a quien acertara por un resultado favorable del equipo local al descanso, varias personas desde Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) lo hicieron en ese sentido por idénticas cantidades. Cuando lo que se pagaba por este resultado descendió, precisamente, por esas apuestas, dejaron de hacerlo y esperaron a que volviera a subir otra vez por encima de tres euros para hacerlo una segunda vez. El partido terminó con una victoria local por 3-0. El resultado al descanso fue de 1-0, gracias a un gol de penalti en el minuto 28 del encuentro. Los apostantes se embolsaron gracias a este tanto 22.000 euros.
Según recogen documentos de la investigación a los que ha tenido acceso EL PAÍS, aquellas apuestas aparentemente coordinadas dispararon las alertas de varios organismos. En primer lugar, de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), dependiente del Ministerio de Consumo, cuyo Servicio de Investigación Global del Mercado de las Apuestas (Sigma), creado en 2017, detectó irregularidades en el mercado de apuestas en torno a aquel encuentro. También saltaron las alarmas en la Liga del Futbol Profesional, cuyo sistema Tyche 3.0 ―que calibra el nivel de manipulación en una escala que va de uno a cinco― detectó “gran cantidad de apuestas durante la mañana del día del partido sobre una posible victoria local al descanso” y, además, concentradas en dos tramos horarios, entre las 9.30 y las 11. También la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) alertó sobre lo ocurrido.
Incluso uno de los principales operadores privados de apuestas en internet emitió, dos días después del partido, un informe en el que mostraba su convencimiento de que se había producido un supuesto amaño en el Gerena-Conil: “Las cuentas [desde la que se hicieron las apuestas] ganaron sumas significativas con una actividad fuera de sus parámetros habituales. Creemos que son jugadores o exjugadores, aunque esto no está confirmado”, apuntaba ya entonces esta empresa en un documento en el que se añadía que ambas cuentas habían realizado también “apuestas sospechosas en un partido jugado en Gibraltar”.
Las denuncias llegaron al Centro Nacional Policial para la Integridad en el Deporte y las Apuestas (Cenpida, adscrito a la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta), dedicado a investigar la corrupción en el deporte. Sus pesquisas desembocaron, a finales de junio, en la bautizada como Operación Conífera, que se ha saldado hasta ahora con 21 detenidos (12 de ellos futbolistas en activo) y otras seis personas investigadas. En los registros, la Policía intervino 60.000 euros en efectivo y dos vehículos. Las primeras estimaciones cifran en 500.000 euros el dinero que se pudieron embolsar desde aquel partido de mayo del año pasado que provocó las primeras sospechas y el momento de su arresto, aunque la Policía apunta a que la red podía llevar operando desde mucho antes.
Según informes policiales, la trama se dividía en cuatro escalones. En el “liderazgo” se sitúan presuntamente los dos presuntos cabecillas de la trama. Uno es Adrián R. R., interior izquierdo del CD Rota, un equipo del mismo grupo de la Tercera en el que se detectó el primer amaño. El segundo es José Miguel B. L., amigo suyo que entrenaba a un equipo de las categorías inferiores del Atlético Sanluqueño, club en el que su padre ocupó un cargo hasta su fallecimiento. Este equipo militará la próxima temporada en la Segunda RFEF tras haber descendido de categoría este año. Este segundo cabecilla tenía experiencia en el ámbito del juego, donde había ejercido de lo que en la jerga se conoce como tipster —consejero de apuestas— antes de volcarse presuntamente en la actividad de la trama.
En el segundo escalón se situaban los otros 11 futbolistas en activo que, según describe la Policía, “aprovechaban su condición” para organizar los amaños “en diferentes equipos de fútbol bajo su influencia”. En concreto, facilitaban “información interna de los equipos” a los cabecillas con los que se comunicaban a través de sistemas de comunicación “encriptados”. Entre estos presuntos implicados hay un jugador del Gerena (Fermìn G. S.) y otro del Conil (Rubén D. M.), los dos equipos que disputaron el encuentro que destapó la trama. Además, hay varios que militaban o lo habían hecho en el Atlético Sanluqueño (Francisco Javier G. A., José R. V., Guillermo C. C., Eduard O. G. y Gonzalo P. G.); dos del equipo extremeño Montijo (Francisco Javier H. G. y José Ángel G. M.); uno más del CD Rota (Luis Alberto L. M.), y otro que jugaba en el último campeón de la liga gibraltareña, el Lincold Red (Marco R. B.). La investigación apunta a amaños en más de una veintena de encuentros de Primera y Segunda RFEF (las antiguas Segunda B y Tercera), pero también de la Liga Nacional de Gibraltar.
Supuestamente, tanto los dos cabecillas como los 11 jugadores ―los futbolistas tienen prohibido apostar en encuentros de la categoría en la que juegan― lo hacían a través de identidades falsas o personas interpuestas. Para conseguir esto último, la trama contaba con dos escalones más en su estructura. Una de ellas eran los que la Policía denomina “conseguidores de identidades”, colaboradores que facilitaban a los presuntos líderes de la trama nombres y apellidos de terceras personas ajenas a la red para que pudieran hacer las apuesta en internet a través de ellos. Con estas identidades también abrían pasarelas de pago para canalizar el dinero. Por cada una de estas identidades, estos “conseguidores” recibían 100 euros.
En el último peldaño se situaban las denominadas mulas en
la jerga delincuencial, personas que la trama utilizaba para jugar de
manera presencial en casas de apuestas y cobrar los premios obtenidos. A
cambio, estos recibían una pequeña cantidad como pago. Un informe
policial apunta que para evitar ser detectados, la trama fraccionaba
estas apuestas presenciales para evitar que la cuantía de los premios
fuese tan elevada que supusiera la comunicación a Hacienda del
apostante. Las pesquisas ―que se dirigen ahora a saber si hay implicados
otros jugadores no pertenecientes a la red que hubieran participado
puntualmente en los amaños de encuentros en los que intervinieran a
cambio de recibir una contraprestación económica― apuntan a que los
beneficios generados por los amaños eran canalizados hacia los dos
presuntos cabecillas de la trama, quienes se encargaban posteriormente
de “distribuirlo entre los deportistas implicados y el resto de miembros
de la organización”. (Óscar López-Fonseca , El País, 15/07/22)
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