"La acusación pide apartar a un magistrado del juicio a Camps por vínculos con el PP.
La acusación popular ejercida por dos exdiputadas socialistas valencianas ha pedido apartar al juez Joaquín Delgado del tribunal de la Audiencia Nacional que enjuiciará al expresidente de la Generalitat Francisco Camps por una rama del caso Gürtel.
En su escrito a la sección segunda de lo Penal, al que ha tenido acceso Efe, la acusación plantea "serias dudas" de la "apariencia de imparcialidad" de este magistrado al haber ocupado altos cargos en la Administración cuando gobernaba el Partido Popular." (EFE, 26/05/22)
"El cambio de criterio del Tribunal Supremo sobre los recursos de los indultos a los presos del procés se ha producido tras un cúmulo de circunstancias que, a priori, pueden parecer inevitables: la inadmisión de las impugnaciones se adoptó en enero por la mínima (tres votos a dos); y la jubilación de un magistrado, unida a las reglas de funcionamiento del tribunal (que impone la rotación de los jueces para integrar la sección de admisión), ha alterado la composición de la Sección Quinta (encargada de las medidas de gracia) y, de una precaria mayoría favorable a inadmitir los recursos, se ha pasado a otra igual de precaria pero en el sentido contrario.
“Había un debate jurídico muy claro sobre si los partidos políticos o las entidades que recurrieron los indultos contra los condenados por sedición tenían legitimación para hacerlo. Es un asunto muy debatible, como ya se vio en la ajustada votación de enero. Y al cambiar la composición, se ha impuesto la postura contraria”, señala un magistrado comprensivo con el cambio de criterio aunque admite que “no favorece a la seguridad jurídica”.
¿Pero era realmente inevitable el impacto del cambio de composición del tribunal? ¿Se podía haber limitado? Algunos magistrados, tanto favorables a admitir a trámite los recursos como contrarios a ello, consideran que el cambio de criterio podía y debía haberse evitado. Primero, dejando la decisión sobre la legitimación de los recurrentes para la sentencia final, como ha hecho en muchas ocasiones el tribunal y como finalmente va a hacer ahora. Es decir, admitiendo de inicio las impugnaciones entendiendo que el debate sobre la legitimación no podía resolverse sin entrar a deliberar a fondo sobre los recursos. Es lo que se decidió el año pasado en los recursos de PP y Vox contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general, que finalmente fueron inadmitidos por falta de legitimación de los dos partidos.
“Procesalmente habría sido lo más lógico, lo que se hace casi siempre, y habría evitado este bochorno, y más estando pendiente la jubilación de Segundo Menéndez y la salida de Ángeles Huet a la sala de admisión”, señala un miembro de la Sala Tercera, una postura con la que coinciden varios magistrados consultados.
Fuentes de la sala afirman que el propio presidente del Supremo, Carlos Lesmes, llegó a reprocharle al magistrado Menéndez, que hasta que se jubiló en abril presidió la Sección Quinta e inclinó en enero la balanza a favor de rechazar las impugnaciones, que optara por acordar la falta de legitimación en la fase preliminar, lo que Lesmes interpretaba como un intento por parte de Menéndez de dejarlo resuelto antes de retirarse.
En la sala hay también discrepancias sobre si la magistrada Huet, ponente de la resolución de enero y que semanas después pasó a la sala de admisión, podía haber formado parte de la deliberación de esta semana. Fuentes del alto tribunal señalan que los magistrados de la sección de admisión solo entran en otra sección cuando hace falta para completar el tribunal y que la entrada de Huet habría sido una excepción que podría haberse entendido como deliberada. Sin embargo, varios miembros de la sala defienden lo contrario. “El magistrado que está en admisión se incorpora a su sección de origen cuando falta algún magistrado. Ahora no faltaba, pero al tratarse de un recurso de reposición podía haberse hecho, sobre todo teniendo en cuenta que había sido la ponente de lo anterior”, defiende un juez de la sala que se reconoce “preocupado” por la la imagen de politización del tribunal que generan cambios de criterio como el que se ha producido. “El Supremo tiene que ser uno solo, por eso es importante que tenga un criterio único. Se hace un daño enorme si parece que las decisiones se toman por ser progresista o conservador”, añade.
Los tres magistrados que han impuesto esta semana su criterio han tenido vínculo con el PP, uno de los partidos que recurre los indultos: Fernando Román fue secretario de Estado de Justicia con Alberto Ruiz Gallardón, Wenceslao Olea es actual vocal del CGPJ a propuesta del PP e Inés Huerta estaba entre las candidatas propuestas por los populares para la renovación pendiente. Del otro lado, Ángel Arozamena, que votó a favor de inadmitir los recursos, fue propuesto para vocal del Consejo por el PSOE.
Algunos magistrados aluden también al hecho de que el presidente de la Sala Tercera suele formar parte de las deliberaciones de los asuntos que considera relevantes. Así lo ha hecho el actual, César Tolosa, en dos de los temas más controvertidos de los últimos meses: los recursos por el nombramiento de la fiscal general y los presentados contra la designación del fiscal de sala de menores, que fue anulado. Sin embargo, Tolosa no ha querido participar en el debate sobre los indultos, a pesar de que es uno de los temas de más peso pendientes de resolver y de que su presencia habría ampliado el número total de votos y reducido el riesgo de cambio de criterio.
El número de magistrados que han deliberado sobre la admisión de los
recursos ha sido determinante para el cambio de criterio final. En las
dos deliberaciones (la de enero y la de ahora) han participado cinco
magistrados, todos con los que cuenta actualmente la Sección Quinta y el
número mínimo requerido para formar tribunal en la Sala Tercera. Hasta
hace unos meses, todas las secciones tenían siete u ocho jueces, que
participaban en todas las deliberaciones, por lo que una jubilación o el
turno de rotación para la sala de admisión difícilmente alteraba una
mayoría. Pero la Sala de lo Contencioso, la más afectada por las
vacantes generadas en el Supremo por el bloqueo de la renovación del
CGPJ, tiene ahora sin cubrir ocho de sus 33 plazas y ninguna sección
tiene más de cinco jueces. “Lo que ha pasado con los indultos ilustra la
imperiosa necesidad de renovar el Consejo” señala un magistrado, que
advierte de las “disfunciones y la inseguridad jurídica” que genera la
situación actual." (Reyes Rincón , El País, 25/05/22)
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