"Los 2,5 millones del segundo 'caso mascarillas' apuntan a otra gran estafa que Almeida y su equipo no esclarecen.
El caso Sinclair, la segunda supuesta gran estafa en la compra de material sanitario sufrida por el Ayuntamiento de Madrid en plena primera ola de la pandemia, continúa plagada de sombras. A la espera de que el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid decida si reabre o no la investigación tras las exclusivas publicadas por infoLibre, las incógnitas no paran de multiplicarse alrededor de esta operación de 2,5 millones de euros para la compra de medio millón de mascarillas con la consultora estadounidense Sinclair & Wilde. Unas dudas que, sin embargo, el consistorio de la capital se niega a aclarar. Mientras, Philippe Solomon, el empresario que se esconde tras la firma radicada en Delaware, trata de defender la legalidad de la transacción. Y dice no tener inconveniente en dar la cara: "No estoy en absoluto escondido".
Los agujeros negros alrededor de esta compra, que se suma a la que implica al aristócrata Luis Medina y el empresario Alberto Luceño, son diversos. Y afectan a varios aspectos relacionados con la millonaria operación. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el papel jugado por una consultora radicada en España que hizo de intermediaria y su aparición por "error" en un listado de proveedores de material sanitario del Ayuntamiento. Por otro, todo lo que tiene que ver con el pago de las mascarillas que nunca pudieron llegar a utilizarse, que se abonó en su totalidad antes incluso de recibir la mercancía y a pesar de haber detectado ya algunas irregularidades. Cuestiones, todas ellas, que el equipo de José Luis Martínez-Almeida se niega a aclarar. "No hacemos declaraciones sobre asuntos judicializados", es lo único que dicen cuando se les cuestiona por el contrato.
Una consultora que aparece por "error" en un listado para la Fiscalía
Una de las claves del caso, destapada también por este diario, fue la mediación –en este contrato y en otra veintena más, según reconoció el consistorio– de una consultora: Aifos Servicios Legales y Consultoría SL. El 21 de marzo de 2020, el abogado Carlos Fernández-Pita reenvió al concejal del PP y presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, Borja Fanjul Fernández-Pita, un correo electrónico –aportado al sumario del caso mascarillas– en el que la administradora de Aifos –Araceli Vida– ofrecía sus servicios para "buscar la mejor oferta de suministro" de productos sanitarios "entre las fábricas con las que solemos trabajar". Poco después, el propio Fanjul se lo rebotaba a Inmaculada Sanz Otero, presidenta de la funeraria municipal, la empresa a través de la cual se hicieron los contratos en los momentos más duros de la pandemia.
El 23 de enero de 2021, y en el marco de la investigación sobre Medina y Luceño, la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid manda a la Fiscalía Anticorrupción el listado de "las empresas suministradoras a este Ayuntamiento de material sanitario relacionado con el covid-19". En él, figura el pedido a Sinclair & Wilde Ltd. Pero también otro a Aifos Consultores, la firma que hizo de intermediaria. En este último caso, tiene fecha del 24 de marzo de 2020: un millón de "mascarillas quirúrgicas Turquía" por 500.000 euros. Una empresa que, sin embargo, no aparecía en otro listado "relativo a la totalidad de las operaciones" realizadas para "garantizar el suministro de materiales sanitarios" que la funeraria municipal había facilitado un mes antes al Ministerio Público.
Este diario no ha podido encontrar en todos los acuerdos de la Junta de Gobierno desde el comienzo de la pandemia, donde se ratifican las diferentes adjudicaciones, un solo contrato para Aifos Consultores. ¿Por qué aparece, entonces, vinculada de pronto a una operación para la compra de medio millón de mascarillas? A preguntas de infoLibre, el consistorio confirmó, tras 10 días de espera, que se trata de un error. Pero sigue negándose a revelar cuál fue la empresa que debería haber aparecido en la casilla asignada por equivocación a Aifos. Es decir, aquella que el 24 de marzo de 2020 recibió la adjudicación de un millón de mascarillas quirúrgicas de Turquía a 0,50 la unidad y por un importe total de 500.000 euros.
Previamente, fuentes municipales habían asegurado a El País que el listado de proveedores enviado a la Fiscalía Anticorrupción y donde aparece Aifos Consultores es "un documento interno" que "nada tiene que ver" con "los oficiales". Un papel al que quitan relevancia pero que fue entregado a la propia Fiscalía Anticorrupción en el marco de una investigación por una supuesta estafa. Ante la pregunta de infoLibre si realmente considera esa relación nominal como un documento interno y por tanto no oficial, portavoces del equipo de Almeida respondieron así: que en el escrito remitido al juez que investiga a Medina y Luceño este jueves el fiscal mantuvo que "tanto el ayuntamiento como la empresa funeraria siempre han dado respuesta a lo solicitado por él en la investigación". El fiscal recalca -agregan las fuentes municipales- que han "respondido puntualmente a todos los requerimientos formulados". Prosiguiendo con el caso de Medina y Luceño, los portavoces de comunicación remarcan que, según el juez, “el Ayuntamiento de Madrid debe tener la condición de perjudicado porque las altas comisiones de los investigados fueron ocultadas al mismo y esta ocultación supuso un perjuicio económico al Ayuntamiento”.
Un "incumplimiento de contrato" que nadie explica
El 23 de marzo, dos días después del reenvío del correo de Aifos, el Ayuntamiento de Madrid acepta la compra del medio millón de cubrebocas FFP2 marca EKO a través de la consultora Sinclair&Wilde. Ese mismo día, hace la mitad del pago acordado: 1,25 millones de euros desde Bankinter con destino al Bank of America. Pero poco después comienzan a aparecer algunos problemas. Y eso lleva al consistorio de la capital a intentar dar marcha atrás. El 7 de abril, escriben un correo electrónico a la entidad bancaria solicitando "la retrocesión de la transferencia realizada". "Os adjunto el swift y el justificante de la misma", escribe Javier Ruiz Santiago, director Comercial y Financiero de la funeraria municipal, en un email dirigido a uno de los empleados de Bankinter que consta en el sumario de Medina y Luceño.
El motivo de la solicitud, continuaba, era "el incumplimiento del contrato por parte del proveedor". Según consta en el atestado policial que se mandó posteriormente a la justicia, se detectaron "determinadas irregularidades". Sin embargo, el informe no las detalla. ¿Tuvo algo que ver en ese incumplimiento al que se hace mención el retraso en la entrega de la mercancía, que había sido fijada en la factura proforma para el 27 de marzo? ¿O quizá el problema se encontraba en la falta de certificados? ¿Cuáles fueron, en concreto, esas irregularidades a las que hace referencia en su informe la Policía Municipal? Son preguntas que, por el momento, continúan sin ninguna respuesta oficial por parte del consistorio de la capital.
Un segundo pago antes de recibir la mercancía
Pero los problemas detectados no impidieron, ni mucho menos, que el consistorio continuara con el proceso de pago. Pocos días después de que se solicitara la retrocesión del primer abono, la funeraria municipal hace una segunda transferencia por el dinero que faltaba: 1,258 millones de euros –1,25 millones por lo que restaba y algo más de 8.000 euros en concepto de comisión por la transferencia–. El recibo bancario, adelantado por El País y al que ha tenido acceso infoLibre, tiene fecha del 14 de abril. Es decir, solo una semana después de que el consistorio detectara "determinadas irregularidades" que "pudieran dar al incumplimiento del contrato", el ayuntamiento de la capital completó el pago completo del encargo. A qué se refiere tal "incumplimiento" es otro misterio.
El consistorio hizo ese segundo pago, además, antes de que la mercancía llegase a la capital, cuando lo habitual para las administraciones por aquellas fechas tan complicadas era adelantar una parte cuando se hacía el pedido y abonar el resto tras la entrega. A pesar de que se esperaban en un primer momento para finales de marzo, las mascarillas de Sinclair & Wilde no llegaron a Madrid hasta finales de abril. El 23 de ese mes, 358 cartones con cubrebocas son despachados en la Aduana del aeropuerto de Barajas y recepcionados en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, tal y como se encargó de certificar el director general de Emergencias y Protección Civil, Enrique López Ventura, el 30 de abril.
Cuatro días después de dicho certificado, el propio Ventura plantea una denuncia ante la Policía Municipal. Es 4 de mayo. Y algo no va bien con el material recibido. "Dicha mercancía, junto con los certificados aportados, han sido analizados por personal responsable y de apoyo del propio almacén, resultando que, si bien hay una apariencia de veracidad, existen indicios para presuponer que no se ajustan a los requisitos técnicos, ni a la normativa española ni a la europea". Un estudio de la Municipal coincide. ¿El resultado? Que resulta imposible dotar al personal de los Servicios de Emergencias y Protección Civil, a quienes iban destinadas, de las mascarillas.
¿Por qué motivo se completó el pago a la consultora estadounidense a pesar de que se habían detectado "irregularidades"? ¿Por qué se hizo antes de que llegara la mercancía y se comprobara si se ajustaba o no a los requisitos de cantidad y calidad? De nuevo, impera el silencio. La pregunta de infoLibre sobre este punto quedó también sin respuesta.
Un Ayuntamiento que guarda silencio
A diferencia de lo que ha sucedido con la investigación que afecta a Medina y Luceño, en el caso de la compra a esta consultora el Ayuntamiento apenas ha ofrecido explicaciones. A lo largo de los últimos días, este diario se ha puesto en contacto en repetidas ocasiones con el consistorio de la capital intentando arrojar luz alrededor de toda esta operación. La última este mismo viernes. En concreto, se le han enviado hasta media docena de preguntas concretas sobre el caso Sinclair relacionadas con todos los puntos oscuros detallados anteriormente. Como queda expuesto en los párrafos anteriores, solo dio respuesta a algunas. Las que afectan a cuestiones clave siguen en espera.
"El cuarto contrato del Ayuntamiento de Madrid que, al igual que los tres ligados a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, está bajo sospecha de estafa se ha convertido en una fuente de incógnitas por aclarar.
Adjudicado en marzo de 2020 a la empresa estadounidense Sinclair&Wilde Ltd. por 2,5 millones de euros a cambio de medio millón de mascarillas, ya el 4 de mayo de ese año fue objeto de una denuncia ante la Policía Municipal por parte de quien desde la última etapa del gobierno de Manuela Carmena es director municipal de Emergencias: había “indicios” –puso por escrito el director, Enrique López Ventura– de que las mascarillas no se ajustaban ni “a los requisitos técnicos ni a la normativa” aplicable. Pero la investigación interna, que incluyó análisis del material, duró casi un año. Y el atestado policial no llegó a los juzgados hasta el 5 de marzo de 2021. En julio de ese año, el juez archivó provisionalmente las diligencias ante la imposibilidad de localizar a Phillippe Solomon, el dueño de Sinclair. Ahora, y como adelantó este periódico, estudia reabrirlas.
La dirección electrónica que envió la Policía neoyorquina
El atestado policial entregado a la judicatura incluye como documento adjunto el informe que la Policía neoyorquina envió a la Policía Municipal de Madrid el 18 de noviembre. En ese documento, fruto de la solicitud de ayuda lanzada desde Madrid, sus autores relataban que Phillipe Solomon estaba ilocalizable en la dirección facilitada. Allí –explicaban los investigadores– solo encontraron a un contable, Henry Fong, quien les facilitó un email de contacto con Solomon.
¿Trató la empresa municipal contratante de Sinclair, la de servicios funerarios (EMSF), de contactar con Sinclair a través de esa nueva dirección electrónica? Es todavía un misterio. Pero si hubo algún intento el atestado policial no ofrece ningún dato de ello.
A preguntas de este medio, el Ayuntamiento tampoco ha explicado hasta ahora si al juez que abrió diligencias a raíz de la denuncia de la Policía Municipal –el de instrucción 30– se le avisó de que Sinclair&Wilde podía ser ilocalizable pero que en la misma ciudad de Madrid tenía su sede y un teléfono de acceso universal la empresa española que operó como intermediaria en aquella operación: Aifos Servicios Legales y Consultoría SL. Este periódico ignora en qué condiciones económicas se efectuó aquella intermediación. O si se llevó a cabo de forma altruista. Aifos figura en la lista de proveedores de material de protección frente al covid con una adjudicación de 500.000 euros. Infolibre no ha localizado rastro oficial de ningún contrato con esa compañía, si este existe. Y el Ayuntamiento ha rehusado dar respuesta.
Como desveló este periódico, Aifos contactó con la Empresa Municipal de Servicios Funerarios (EMSF) a través de un concejal del gobierno local, Borja Fanjul Pérez-Pita. Lo que hizo el edil fue reenviar a la presidenta de la EMSF un correo electrónico que le mandó el abogado Carlos Fernández-Pita González. En ese email, la administradora de Aifos, Araceli Vida, esbozaba su trayectoria profesional y ofrecía sus servicios en lo que al suministro de material de protección frente al Covid se refería.
"Incumplimiento" de contrato antes de que llegaran las mascarillas
La omisión sobre la intermediaria española no aparece como la única incógnita por resolver en lo que afecta a Sinclair&Wilde. Aquel medio millón de mascarillas adquiridas como si fuesen FFP2 y que resultaron ser de peor calidad había llegado a Barajas el 23 de abril de 2020. Con una adjudicación datada el 23 de marzo, el primer pago –1.250.000 euros– se hizo al día siguiente. Pero el 7 de abril, es decir, cuando faltaban dos semanas para su paso por la aduana y su recepción, el director financiero de la empresa funeraria pidió a Bankinter “la retrocesión de la transferencia”. O sea, su anulación. “El motivo de dicha solicitud es el incumplimiento del contrato por parte del proveedor beneficiario de dicha orden de transferencia”, se lee en uno de los emails adjuntos al atestado policial. ¿Cuál era ese incumplimiento? ¿Generó alguna alerta destinada a evitar el desembarco de las mascarillas? Nada de eso ha trascendido.
Un email fechado... tres meses después de la alerta de Emergencias
Pese a aquella solicitud de retrocesión -el atestado no desvela si logró anularse el pago ya hecho de 1,25 millones- no es el único email que figura en el atestado. “Se instó nuevamente –dice el informe de la Policía Municipal– a la consultora Sinclair&Wilde a través de correo electrónico para que se remitieran los correspondientes certificados” de las mascarillas. Pero, adjunto como documento con el juez como destinatario, ese correo no lo envió la jefa de compras del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, a Phillippe Solomon hasta el 4 de agosto de 2020.
Habían transcurrido, exactamente, tres meses desde que el director municipal de emergencias, Enrique López Ventura, había dado la voz de alerta ante la Policía Municipal. Y lo que se lee en ese correo introduce dudas sobre la rapidez con que se estaba actuando. Y afianza la idea de que la transferencia de 1,25 millones no llegó a anularse: “Estimado Phillippe, llevamos varios días esperando, tal y como estaba comprometido, el certificado de conformidad de las mascarillas FFP2. Al efecto te he enviado varios mensajes que no has contestado. Es por ello que de no recibir la documentación adecuada a la mayor urgencia posible debemos acordar la devolución del producto y del dinero”.
Un acuerdo posterior al atestado policial pero sin nada que sugiriese su existencia
El atestado entregado a la jueza decana de Madrid lleva fecha del 5 de marzo de 2021. Pero seis días más tarde, el 11 de marzo, la junta local de gobierno que preside Martínez-Almeida quedó “enterada” de la resolución por la que un año antes la funeraria municipal había adjudicado a Sinclair&Wilde medio millón de mascarillas por 2,5 millones de euros. Para entonces, el gobierno local ya conocía que Anticorrupción estaba investigando los contratos a la empresa malaya Leno, que luego pagó seis millones de comisión a Luis Medina y Alberto Luceño.
En uno de los acuerdos con los que el equipo de Almeida se dio aquel día también por oficialmente enterada de los tres contratos a Leno aparece un párrafo cuyo texto equivale a un aviso: que al comprobar que parte del lote adjudicado –los guantes de nitrilo– poseía una calidad muy inferior a la pactada, el pago se había reducido desde 3,6 millones a 952.212,20 euros. En el caso de Sinclair&Wilde no figura nada que denote que ya en aquel momento se había denunciado una supuesta estafa. Y que un año antes la EMSF le había pedido al banco la retrocesión de la transferencia de 1,25 millones."
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