"El magistrado Roberto Ramos González (Vitoria, 1971) fue
la persona que dirigió durante cinco años la investigación del mayor
sumario de corrupción conocido en Euskadi, el 'caso De Miguel', que ha concluido este martes con una sentencia de 1.186 folios que avala con claridad su trabajo -cuestionado por tierra, mar y aire- y que fija altas condenas a varios exdirigentes y excargos del PNV.
Maratoniano enrolado en el equipo del mismísimo Martín Fiz y con una
plusmarca nada desdeñable de 2 horas y 47 minutos, Ramos está
acostumbrado a carreras de fondo por todo el mundo y a duros
entrenamientos, incluso de noche en estos días de invierno. Pero esta
causa ha sido sin duda la mayor prueba de resistencia que ha tenido que
superar. Y la ha cerrado con una medalla de oro.
Ramos
se incorporó a la carrera judicial en 1998 tras especializarse
precisamente en derecho económico en Deusto. Empezó en Calahorra (La
Rioja) y muy pronto descolló. En el año 2000, un reportaje de 'El País'
destacaba que su juzgado fue el primero de toda España en implementar
una pulsera para grabar en el interior de un domicilio con garantías
judiciales para evitar un caso de violencia doméstica.
Luego cambió
varias veces de destino (Miranda de Ebro en Burgos y Bilbao ya en
Euskadi) hasta tomar posesión en 2007 del Juzgado de Instrucción 4 de
Vitoria que centralizó la investigación del 'caso De Miguel' a partir
del 17 de marzo de 2010, cuando ordenó el arrestó de Alfredo de Miguel y
otros siete acusados.
"Fue un trabajo descomunal para los medios que había",
indican fuentes judiciales de Vitoria que conocen aquellos primeros
pasos. Ramos, además de la llevanza del mayor sumario de corrupción -los
folios apilados podrían llegar al techo de una habitación- no se vio
liberado de los asuntos ordinarios y urgentes de un juzgado normal.
Ello
incluía desde levantamiento de cadáveres, guardias en atentados de ETA
como el del cuartel de la Guardia Civil en Legutio, ajustes de cuentas
por narcotráfico o juicios de faltas. Los refuerzos que ha tenido la
Audiencia Provincial de Álava en la fase final del juicio -la ponente de
la sentencia ha estado meses liberada para el caso, por ejemplo- no
existieron en su momento. "No había ni una tablet", ironizan desde el
Palacio de Justicia. "Para lo que había, lo que se ha logrado es muy
importante", se felicitan las fuentes consultadas.
Ramos
dirigió un equipo compuesto básicamente por una funcionaria -Arantxa- y
un ertzaina -Gorka- y tuvo la colaboración del fiscal-jefe de Álava,
Josu Izaguirre. No les faltaron las presiones. Tampoco las críticas
periódicas de dirigentes del PNV. Incluso se produjeron accesos
indebidos al atestado por parte de otros policías cercanos a los
acusados.
El equipo jurídico de Alfredo de Miguel para su defensa, en
los momentos críticos, estaba compuesto por más personas que el equipo
investigador. En los pasillos del Palacio de Justicia le recuerdan aún
paseando con un carrito en el que trasladaba el inmenso expediente
judicial antes de las declaraciones. En un cuaderno tomaba notas y hacía
esquemas para desmadejar un trama tremendamente compleja por la
opacidad de muchos movimientos económicos y el abundante material. No
hubo un solo mes entre marzo de 2010 hasta que finalizó la instrucción
en que no hubiera diligencias, como revela la simple comprobación del
índice de los tomos.
La operación que nunca ha tenido
más nombre que los sucesivos códigos numéricos de las diligencias se
puso en marcha el 17 de marzo de 2010. Ramos tomó una decisión que ha
sido clave: detener a los principales acusados y registrar sus
domicilios y despachos. Ello permitió lograr pruebas que luego se han
demostrado fundamentales. Tal es el caso de un cuaderno en casa del dirigente peneuvista Koldo Ochandiano con notas sobre comisiones y dinero negro.
Para evitar filtraciones, el asunto se llevó con el máximo sigilo. Sólo
el fiscal Izaguirre, que había iniciado una preinvestigación en
diciembre de 2009 tras recibir una denuncia de la empresaria Ainhoa
Alberdi, conocía el alcance del asunto. La noche del 16 de marzo de
aquel año, Ramos vio 'La Traviata' en Bilbao, una ópera coprotagonizada
por un personaje llamado Alfredo.
Aquel arranque le ha
supuesto duras críticas. Los abogados de los imputados ahora condenados
han planteado todo tipo de teorías sobre manipulación de pruebas o
rupturas de la cadena de custodia y han hablado de investigaciones
"extrasumariales". Gonzalo Susaeta, letrado de De Miguel y recientemente elegido como uno de los mejores de España, llegó a decir públicamente de que la investigación era más paranormal que Cuarto Milenio
y extendió sus críticas al fiscal y a la Ertzaintza. "No hay precintos,
hay mutaciones, hay evidencias de papel que se han podido alterar,
introducir o suprimir y tenemos constatación, que no indicio, de que
durante siete meses todas y cada una de las evidencias estuvieron fuera
del procedimiento, del control y custodia del secretario judicial",
aseveró Susaeta.
Pocas voces han salido públicamente a
defender el trabajo de estos funcionarios. Sí lo hizo el presidente del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, después
de que el portavoz del PNV, Joseba Egibar, denunciara su
intencionalidad política. Egibar, que abrazó públicamente a De Miguel, defendió hasta el último momento que su amigo no se había enriquecido y que la investigación no tenía recorrido. "La
libertad de expresión cubre eso y muchas más barbaridades", enfatizó
Ibarra sobre la "honrada" y "de alta calidad" labor de Ramos.
Ahora
también la sentencia del caso deja claro que las "elaboradas
elucubraciones de los defensores" no tenían ni fuste ni fundamento. "Se
ha contemplado en todo momento el ordenamiento jurídico [...]. Hay que
ratificar la labor del juzgado de instrucción", se puede leer en el
fallo sobre la investigación judicial de este asunto.
Al
poco de finalizar la investigación, en 2015, Ramos cambió de destino.
Sin salir del Palacio de Justicia de Vitoria, el magistrado es el
titular del Juzgado de lo Penal 2. Celebra juicios habitualmente
alejados de los focos. Hubo una excepción esta primavera. Hace sólo unos
meses, mientras se redactaba la sentencia del 'caso De Miguel', a Ramos
le correspondió analizar la conducción temeraria del presidente de
Mercedes-Benz en España y responsable de la fábrica de Vitoria, Emilio
Titos. El abogado del empresario era Gonzalo Susaeta. Además, el fiscal
del caso era Manuel Pedreira, experto en seguridad vial pero también
asistente de Izaguirre en el juicio de corrupción, donde jugó un papel
clave en las negociaciones con los acusados para intentar lograr
confesiones.
Ramos condenó al cliente de Susaeta por provocar un accidente con un vehículo deportivo de la marca alemana. Y la Audiencia de Álava ratificó recientemente su resolución.
El martes, tras tomar un café con sus colegas Pedreira e Izaguirre
captado por las cámaras, Ramos subió discretamente a la sala de prensa
del Palacio de Justicia. Se sentó en la última fila con la sola compañía
de un cuaderno y un 'bic' azul, escuchó la lectura de las condenas y
bajó a felicitar a su equipo investigador. Había completado otro
maratón, el más largo de su carrera. " (Iker Rioja, eldiario.es, 18/12/19)
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