"La Audiencia Nacional ha encontrado una nueva pista en la
trama del 1% a partir de una información desvelada por eldiario.es. El
juez que instruye el caso Púnica, Manuel García Castellón, está
interrogando a varios testigos sobre ese sistema que presuntamente usó
el PP de Madrid para financiarse.
El magistrado sospecha que durante los
gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González –actualmente
imputados– esta cláusula del 1%, que se incluyó en las adjudicaciones de
obra pública, sirvió para desviar dinero que acabó pagando la campañas
electorales del PP o en el bolsillo de algunos políticos.
Tal y como publicó eldiario.es el pasado 23 de septiembre,
funcionarios de la Consejería de Transportes, en su mayoría ingenieros,
encontraron pruebas de esta supuesta malversación. A principios de
2013, estos trabajadores públicos enviaron dos cartas denunciando los
"pagos exigidos a determinados adjudicatarios de obras" al menos desde
2009, al entonces consejero de Transportes de Madrid, Pablo Cavero.
Posteriormente, mantuvieron una reunión con su número dos,
Borja Carabante, actual concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Madrid que preside José Luis Martínez-Almeida. Todas aquellas alertas
fueron ignoradas, y negadas, aunque a los pocos meses la cláusula
desapareció de los contratos.
Uno de los firmantes de esas cartas en las que se alertaba sobre la supuesta malversación fue Enrique
López Álvarez, presidente de la Junta de Personal, una suerte de comité
de empresa del funcionariado. López Álvarez fue llamado a declarar ante
la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) días
después de la información desvelada por este diario. El pasado lunes,
López amplió su declaración ante el juez García Castellón, que le había
citado como testigo, como ha adelantado El País.
Según
ha podido saber eldiario.es de fuentes judiciales, López ratificó este
lunes ante el magistrado las sospechas que entonces tenían los
directores de obra, que manifestaron ante la Junta de Personal su miedo a
que se les estuviese obligando a certificar gastos irreales, pues
comprobaron que algunas de esas campañas de publicidad no se estaban
realizando. También porque las empresas adjudicatarias comenzaron a
pedirles permiso por esos gastos.
En el escrito
remitido a la dirección política de la Consejería de Transportes, la
Junta de Personal manifestó que "este tipo de prácticas" chocaban "de
manera frontal" con el "buen hacer, con atención a las leyes y sus
reglamentos" de su trabajo y solicitaron –además de la reunión con el
consejero– el listado de las empresas publicitarias elegidas a dedo por
los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González el importe total
destinado a este objeto y los criterios de contratación que se habían
seguido para su elección.
"La falta de control nos
parece sumamente grave; en primer lugar porque no se puede exigir este
pago de manera directa y, aparentemente, sin mediar ningún tipo de
gestión por parte de los adjudicatarios, y en segundo lugar porque se
atenta contra la libertad de mercado. Dichas prácticas se vienen
llevando a cabo, al menos, desde el 2009 hasta la actualidad", detalla
otro de los escritos.
El juez García Castellón
preguntó al testigo durante su declaración si el consejero Pablo Cavero
llegó a reunirse con los trabajadores, algo que como Enriquez López
Álvarez confirmó, nunca sucedió. El encuentro tras la alerta de los
funcionarios se produjo con el viceconsejero Borja Carabante, actual
concejal del Ayuntamiento de Madrid, que recibió con gritos a los
denunciantes, según publicó este periódico y ratificó López ante el
juez. El funcionario recordó al magistrado, sin embargo, que no pudo
asistir a la reunión con Carabante por un problema personal. López sí
mantuvo un encuentro posterior para tratar de nuevo este tema con
Matilde García Duarte, entonces secretaria general técnica de la
Consejería, como declaró este lunes en la Audiencia Nacional. No hubo
preguntas sobre la posible implicación de Esperanza Aguirre.
El
encuentro con Carabante se produjo el 22 de abril de 2013, según
confirmaron a este periódico cuatro de los asistentes. Los trabajadores
públicos expusieron de nuevo sus dudas por el cobro del 1% que llevaba
produciéndose durante años. Por parte del Gobierno regional también
estuvieron Matilde García Duarte, entonces secretaria general técnica de
la Consejería, y Eva García Camaño, subdirectora de personal (cargo que
continúa ostentando).
En todo tipo de contratos
La
cláusula del 1% en la obra pública de la Comunidad de Madrid, que
obligaba a las empresas adjudicatarias a destinar ese porcentaje a
publicidad, se extendió a todo tipo de contratos públicos. Tuviera
sentido o no. No solo se reservaba una partida de fondos públicos para
anunciar hospitales o carreteras, los Gobiernos de Esperanza Aguirre
generalizaron de tal manera su propaganda que se pagaron fondos públicos
incluso para publicitar meros trámites administrativos. Lo demuestra un documento al que tuvo acceso eldiario.es y que prueba que la cláusula se incluyó incluso en contratos a empresas que se dedicaban a la redacción de proyectos.
Las
empresas que se llevaban ese 1% de los contratos públicos eran
escogidas a dedo por el PP: no había ningún concurso previo, aseguran
los funcionarios. Su tesis coincide con la del magistrado que investiga
la trama Púnica en las piezas que aluden al desvío de fondos públicos
hacia el Partido Popular. Fueron los Gobiernos de Aguirre primero y
después el de González quienes decidieron qué empresas de comunicación
cobrarían ese porcentaje de la contratación pública.
Varias
adjudicaciones de diferentes consejerías están siendo fiscalizadas,
entre ellas Sanidad, Transportes y Hacienda. En el último auto judicial,
García Castellón describe un desfalco de 3,07 millones de euros de las
arcas públicas a través de estos supuestos contratos de "publicidad
simulada" por la construcción de hospitales y centros sanitarios. En el
caso de los fondos de publicidad asignados a la construcción de
carreteras que denunciaron los funcionarios en 2013, la investigación se
encontraba todavía en una fase preliminar hace apenas unas semanas. "Se
investiga qué personas se situaron detrás de las adjudicaciones e
introducción de la cláusula de reserva del 1% en los pliegos de las
licitaciones de transportes", recoge el último auto judicial del pasado 2
de septiembre, el mismo día que fueron imputadas las expresidentas
Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes." (Fátima Caballero, eldiario.es, 14/11/19)
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