"La cita es en un restaurante de Madrid tan céntrico que solo acuden
turistas, en su gran mayoría extranjeros. Es el lugar ideal para que
este político, que de 2003 a 2012 entraba en los mejores restaurantes
con la aureola del triunfador, pase inadvertido.
A finales de 2014, dos
años después de aquella década feliz en que Esperanza Aguirre y sus
consejeros dominaron el poder en Madrid, la operación Púnica —puesta en
marcha por la Guardia Civil bajo la dirección del juez Eloy Velasco—
desmanteló una trama corrupta con múltiples ramificaciones que fue
salpicando a casi todo su Gobierno. Sus principales consejeros y
colaboradores fueron imputados. Sus dos principales escuderos terminaron
en la cárcel.
Aguirre aguantó cinco años sin que la justicia llamara a su puerta, pero en septiembre de 2019 resultó finalmente imputada.
Su defensa sigue siendo que ella no conocía nada de lo que urdieron a
sus espaldas sus lugartenientes, pero antes del viernes 18 de octubre
–el día fijado por el juez Manuel García Castellón para tomarle
declaración– tendrán que testificar su exvicepresidente Ignacio González
y dos de sus exconsejeros, Juan José Güemes y Manuel Lamela. De ellos
dependerá en gran parte el futuro judicial de la antigua jefa máxima del
PP de Madrid.
En el restaurante, el político, también salpicado por la trama
corrupta, pronuncia una frase que refleja la inquietud ante el último
capítulo del desmoronamiento de la época gloriosa del PP de Madrid.
—La gran incógnita es si alguno de nosotros traicionará a Esperanza.
Esa es, efectivamente, la única cuestión por resolver, y por tanto la
que despierta más inquietud en el entorno de la expresidenta. Porque
los métodos presuntamente delictivos que utilizaron sus antiguos
colaboradores para financiar las campañas electorales del PP parecen
acreditados. El sumario del caso Púnica acumula decenas de pruebas
documentales y numerosos testimonios sobre la financiación ilegal del PP
de Madrid entre 2004 y 2014. Hasta cinco vías distintas
utilizó el partido que presidía Esperanza Aguirre para pagar gastos de
sus campañas electorales con dinero negro o no declarado a la Cámara de
Cuentas. Las principales son:
—Partidas de publicidad de obras públicas que se adjudicaban a dedo a empresarios a los que el PP debía dinero.
—Desvío de fondos de la Fundación Fundescam
para gastos electorales mediante facturación falsa. Un ejemplo: se
organizaron mítines con el dinero que debía estar destinado por ley a la
elaboración de estudios sobre la Comunidad de Madrid.
—Donaciones de empresarios en dinero negro que no figuraban en la contabilidad oficial
—Empresas contratistas de la Comunidad de Madrid pagaban campañas de
propaganda en Internet para lavar la imagen de dirigentes regionales del
PP.
Ese aluvión de dinero ilícito se utilizó principalmente para
financiar las dos carreras electorales que se celebraron durante aquella
década de poder y gloria, la de 2007 y la de 2011. La cosecha no pudo
ser mejor. Esperanza Aguirre ganó por mayoría absoluta en las dos ocasiones.
Una vez acreditada la financiación ilegal, lo que falta por dilucidar
en los próximos días y semanas es si, como sostiene la Fiscalía,
Esperanza Aguirre ordenó, consintió o al menos supo de esas prácticas.
Hace dos años y medio, el día de abril de 2017 que decidió dimitir como
concejala de Madrid tras el ingreso en prisión de Ignacio González,
Aguirre declaró con el rostro desencajado:
—Me siento engañada y traicionada. Este auto y esta prisión no son una prueba definitiva contra él, pero sí demuestran que yo no vigilé todo lo que debía.
Unos días antes, en medio de una multitud de periodistas, incluso se
le llegó a quebrar la voz: “Jamás nadie me ha podido acusar de haber
hecho una cuestión incorrecta”. Y todavía el pasado jueves, después de
un silencio de meses y en vísperas de su declaración ante el juez García
Castellón, insistió en la idea tirando por lo alto: “Nunca he dicho que
se tenga que adjudicar a una persona o a una empresa un determinado
contrato. No hay ningún español que piense que yo me he llevado ni un
duro”.
En un despacho influyente de la política madrileña, un exalto cargo del PP analiza la situación:
—Para mí es inimaginable que Esperanza se llevara dinero, pero
también es inimaginable que no supiera en qué estaban metidos sus
colaboradores durante toda una década.
El juez García Castellón también es de esa opinión. En el auto de
imputación de Esperanza Aguirre, el magistrado de la Audiencia Nacional
sostiene que la expresidenta debía conocer los hechos investigados dado
que era ella quien presidía al mismo tiempo la Comunidad de Madrid, el
PP de Madrid y la fundación Fundescam, los tres órganos donde se
produjeron los hechos delictivos que se investigan.
Pero no basta
inferirlo, suponerlo, deducirlo. Hay que demostrarlo. Y entre las
decenas de miles de folios que constituyen la instrucción ya figuran
algunas pistas que algunos de los implicados han ido dejando en sus
declaraciones y que no sitúan en buen lugar la presunción de inocencia
de Aguirre. Algunos testimonios de personajes clave de la trama han ido
regando poco a poco las sospechas del juez.
Francisco Granados compareció en la Audiencia Nacional en abril de
2018, nueve meses después de salir de la cárcel en la que estuvo preso
casi tres años. Granados soltó entonces la idea de que el PP de Madrid,
durante su etapa de secretario general, llevaba a cabo campañas
electorales paralelas a la oficial cuyos gastos, no declarados nunca, se
pagaban con dinero de empresas contratistas de la Comunidad de Madrid.
—Hasta dónde yo sé, esas empresas no estaban contratadas por el
partido. Y esas empresas, según consta en otros sumarios, habían sido
contratadas por la Comunidad de Madrid. Entiendo que esa fue la forma de
remunerarles...
Daniel Mercado era el dueño de una de esas empresas, en este caso de
publicidad, que citaba Granados. En su declaración, confesó que hizo
trabajos para el PP y que se los pagaron sin factura. También que la
consejería de Sanidad le adjudicó campañas de publicidad a dedo porque,
según entendía, el vicepresidente Ignacio González intercedió para que
le dieran esos contratos.
Un directivo de Indra, Santiago Roura, declaró al comienzo de la
investigación que un día le llamó el máximo responsable de una empresa
pública, ICM, para pedirle que pagará 10.000 euros en efectivo a
Alejandro de Pedro, quien reclamaba el dinero al Gobierno de Aguirre por
los trabajos que hizo en Internet para mejorar la imagen de dirigentes
del PP madrileño. Roura aseguró al juez que, aunque se reunió con De
Pedro, nunca le llegó a pagar el dinero que le reclamaban y que ningún
superior de su empresa le ordenó que atendiera a esa petición.
Germán Rasilla, asesor del consejero de Sanidad, Manuel Lamela,
aseguró al juez que desde Presidencia de la Comunidad de Madrid se le
ordenaba adjudicar determinados contratos de publicidad a un empresario
determinado.
El pasado martes, en el mismo despacho del influyente exalto cargo
del PP, aparece una segunda pregunta clave, que ahonda también en la
cuestión de la traición.
El PP valenciano ideó un triángulo vicioso para financiar sus
campañas electorales al margen de la contabilidad oficial. Nueve
empresas contratistas de la Comunidad Valenciana pagaban a la trama
Gürtel por servicios no prestados. Con ese dinero se financiaba en parte
la campaña electoral del PP valenciano. Esos hechos quedaron probados
en el juicio oral celebrado tras una larga investigación de la que el
presidente Francisco Camps salió indemne.
Pero uno de los condenados, Ricardo Costa, secretario general del PP
valenciano, declaró en al final del juicio oral que Camps fue el
ideólogo de aquel sistema corrupto y que fue quien le ordenó el
procedimiento para pagar las deudas del partido. Por esa confesión de
Costa, ratificada por los cabecillas de la red Gürtel, el magistrado de
la Audiencia Nacional José de la Mata ha procesado ahora a Francisco
Camps, para el que la Fiscalía pide dos años de cárcel.
En la sentencia que condena a Costa, el tribunal recuerda, como
jurisprudencia del Supremo, una sentencia de 2007 que parece escrita a
propósito del caso de Esperanza Aguirre: “Quien se pone en situación de
ignorancia deliberada sin querer saber aquello que puede y debe saber,
debe responder de las consecuencias”.
En esta historia no hay que olvidar un dato muy importante. Más de
cinco años de investigación judicial no han dejado ni un solo testimonio
que implique a Esperanza Aguirre como autora, ejecutora o conocedora de
las ilegalidades cometidas. Por tanto, ya en la recta final de la
instrucción, la única posibilidad de sustanciar las sospechas es que
algunos de sus excolaboradores preste finalmente testimonio en su
contra. Pero, ¿por qué razón pueden hacerlo? No hay un solo motivo. El
más evidente es el que movió a Ricardo Costa a traicionar a su exjefe y
examigo Francisco Camps.
A Costa le condenaron a solo cuatro años de
cárcel porque le aplicaron el atenuante de confesión y colaboración
activa con la justicia, aunque no basta con delatar al superior para
evitar culpas y reducir pena. El tribunal que condenó a Ricardo Costa
valoró la credibilidad de ese testimonio basada en otras pruebas
incluidas en el sumario. Pero, según comentan fuentes del PP madrileño,
el peligro para Aguirre no solo puede llegar por ahí. También se puede
dar el caso de algún exconsejero que quiera hacerlo para lavar en parte
su responsabilidad en los hechos alegando que las conductas ilegales que
cometió estaban institucionalizadas y fueron dictadas desde las más
altas instancias de la Comunidad de Madrid.
Ahora es necesario determinar por qué Esperanza Aguirre, de quien se
alaba su capacidad política, sus influencias, sus dotes de mando y su
control sobre todos, pudo consentir tantos años de corruptelas a su
alrededor. (...)" (José Manuel Romero, Pablo Ordaz, El País, 29/09/19)
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