"La titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid, Raquel Robles, ha
citado como investigados por un delito de atentado a la autoridad a los
diputados de Unidas Podemos Rafael Mayoral, Antonio Gómez-Reino y
Yolanda Díaz por su presunta participación en los incidentes ocurridos
cerca del Congreso durante una manifestación de trabajadores de la
empresa Alcoa.
La citación se produce pese a que los tres son aforados
en la actualidad y lo eran en el momento de los hechos. Por tanto, solo
pueden ser investigados por el Tribunal Supremo.
Los sucesos que investiga la juez madrileña se remontan el pasado 28 de marzo,
cuando cerca de 600 trabajadores de las factorías de Alcoa en Asturias y
Galicia se desplazaron a Madrid para manifestarse junto al Congreso por el cierre de sus fábricas.
Un dispositivo policial ordenado por la Delegación del Gobierno impidió
que se acercaran a la sede parlamentaria. La protesta, en la que, según
la policía, se lanzó numeroso material pirotécnico, acabó con
incidentes.
El atestado elaborado por la Policía el día de aquellos hechos —al
que ha tenido acceso EL PAÍS— detalla la supuesta participación en de
Mayoral, Gómez-Reino y Díaz, además de la exdiputada de la misma
formación Ángela Rodríguez. El documento policial ya destacaba entonces,
poniéndolo en mayúsculas, que todos ellos eran “diputados por el G.P.
[grupo parlamentario] confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea”.
En aquel momento, las Cortes ya habían sido disueltas para la
celebración de las elecciones generales del 28 de abril, pero Mayoral y
Gómez-Reino formaban parte de la Diputación Permanente del Congreso, y
Díaz era suplente de la misma, lo que les permitía mantener el
aforamiento. Rodríguez, sin embargo, ya no era parlamentaria.
A los cuatro, la Policía los acusa en el atestado de haber
participado “activamente y de forma reiterada en la rotura del vallado”
que se había instalado en la calle para impedir el acceso de los
manifestantes a las cercanías del Congreso e, incluso, de “arengar” a
estos para que intentaran superar el cordón de seguridad.
El informe
también asegura que los diputados “recriminaron” a los agentes su
actuación cuando estos se enfrentaron a los trabajadores e impidieron
que los policías pudieran detener a los que habían mantenido una actitud
más violenta. El documento destaca que en el transcurso de los
incidentes cinco agentes sufrieron lesiones y tres motocicletas
resultaron dañadas.
“Indignación”
La versión de los parlamentarios sobre aquellos hechos es muy
distinta. En una rueda de prensa convocada este jueves en el Congreso,
los tres diputados mostraron su “indignación” y “extrañeza” tanto por la
citación judicial como por el contenido del atestado policial que los
señala. Los parlamentarios arremetieron contra el Gobierno y, en
concreto, contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al
que achacaron haber reactivado “las cloacas del Estado” por razones
partidistas contra el partido de Iglesias.
Los diputados de Unidas Podemos rechazaron las acusaciones y tildaron
algunos pasajes del atestado policial de “manifiestamente falsos”. Por
ello, avanzaron que reclamarán explicaciones oficiales a Marlaska.
Interior declinó comentar el suceso al ser ya un hecho judicializado.
Los tres diputados anunciaron su decisión de no acudir a la cita
judicial: “El procedimiento es completamente irregular de principio a
fin”.
Competencia exclusiva del Supremo
Reyes Rincón
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