"En el Ministerio del Interior, bajo el mandato del
señor Fernández Díaz, usando de manera fraudulenta el catálogo de
puestos de trabajo, se creó una estructura policial bajo las
instrucciones del señor Cosidó Gutiérrez, por orden del DAO Eugenio
Pino, con el conocimiento y consentimiento del ministro, destinada a
obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que
afectaban al Partido Popular y al seguimiento, la investigación y, en su
caso, la persecución de adversarios políticos.
A modo de ejemplo: PSOE
(como demuestra la creación y trabajos realizados por las BARC), el
nacionalismo catalán (señor Trías) o Podemos (Informe Pisa). Estas
decisiones han supuesto una inaceptable utilización partidista de los
efectivos, medios y recursos del Departamento de Interior y de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un abuso de poder que
quebranta reglas esenciales de la democracia y del Estado de Derecho".
No es una columna de un periódico, ni la intervención
de un tertuliano en un programa de televisión. En esos dos párrafos
está la conclusión que sacó el Congreso de los Diputados para cerrar la
comisión que investigó "La utilización partidista en el Ministerio del
Interior, bajo el mandado del ministro Jorge Fernández Díaz, de los
efectivos, medios y recursos del departamento y de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado con fines políticos".
Cierto
que el dictamen final no lo avaló ni el PP ni Ciudadanos. Cierto que a
la comisión no comparecieron, gracias a la negativa del Partido Popular y
también del PSOE, los comisarios que están en el centro de todas las
sospechas y a los que hoy investigan varios tribunales que les atribuyen
prácticas mafiosas desde sus despachos policiales. José Manuel Villarejo, el más famoso de todos ellos,
sigue en prisión, imputado en la Audiencia Nacional por liderar una
organización criminal que grabó durante años a políticos, empresarios y
jueces para extorsionarlos, que realizó trabajos sucios para empresas
del IBEX y que por el camino se hizo millonario y tuvo tiempo de montar
su propio medio de comunicación al servicio de las cloacas.
Villarejo
está en la cárcel pero su catálogo de audios se distribuye por entregas
en distintos medios de comunicación para advertir a los poderes fácticos que nadie estará a salvo mientras pese sobre el veterano comisario la amenaza de una condena y de muchos años de cárcel.
Tampoco fue al Congreso Marcelino Martín Blas,
responsable de Asuntos Internos de la Policía, un departamento destinado
a investigar prácticas irregulares dentro del cuerpo y que también se
desvío hacia las actividades parapoliciales -incluidos los viajes a
Catalunya para perseguir a dirigentes independentistas- hasta que cayó
en desgracia, víctima de las propias guerras entre comisarios que se
libraban en los despachos más de la Policía.
Pero en el Diario de Sesiones del Congreso de los
Diputados quedó escrito que en España y bajo el Gobierno de Mariano
Rajoy afloró una brigada política que, décadas después, volvió a
perseguir partidos e ideas. Y que entre los perjudicados están Podemos,
partidos independentistas y también el PSOE.
El dictamen de la comisión
añade que esos policías y los medios de las fuerzas y cuerpos de
Seguridad del Estado se usaron además para destruir pruebas de la
corrupción del PP, concretamente las que estaban en manos de su
principal amenaza: Luis Bárcenas, el tesorero durante décadas que
conocía los secretos más inconfesables del partido y a donde llevaba el
rastro del dinero.
Una cúpula policial con el pasaporte retirado
Otro de los poderes del Estado, el Judicial mantiene imputada desde febrero a la que fue la cúpula de la policía durante el mandato de Mariano Rajoy, incluido el que fue Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino, el hombre de quien dependían las más altas cuestiones de seguridad del país. Está imputado por cohecho, malversación, prevaricación, robo y allanamiento de morada. Tiene prohibida la salida de España y el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón le ha retirado el pasaporte.
Se salva de momento quien fue director general de la
Policía, Ignacio Cosidó, el dirigente al que Pablo Casado hizo portavoz
del Senado tras el cambio de Gobierno. Los cargos que fueron nombrados
para dirigir la política de seguridad del país están siendo investigados
por otra misión de la policía política que se conoce en la Audiencia
Nacional como Operación Kitchen.
Consistió, según lo que ha trascendido del sumario, en comprar con
fondos reservados -se sospecha que fueron 48.000 euros, 2000 al mes
durante dos años- al chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, para que
espiara a su familia y pudiera hacerse con información comprometedora
para el PP. Los métodos son propios de una película de espías y en pago a
sus servicios el conductor de la familia Bárcenas acabó en la policía
con una plaza de funcionario.
Las imágenes entrando y saliendo con casco
en la Audiencia Nacional para evitar ser reconocido se han repetido
durante los últimos meses. También él está acusado de graves delitos y
tiene retirado el pasaporte. En la misma situación y por los mismos
hechos está siendo investigado otro viejo conocido del PP, el policía
Ándres Gómez Gordo, que cuando contactó con el chófer estaba a las
órdenes de María Dolores de Cospedal como alto cargo del Gobierno de
Castilla La Mancha.
El espionaje y robo de documentos a Bárcenas es el último capítulo de la policía política, que hecho andar en 2012 y tuvo entre sus primeros encargos atacar al independentismo en Cataluña.
Ahí se ganó el apodo de policía patriótica. El fin de evitar el auge
independentista se utilizó desde altos despachos policiales para buscar
atajos contra algunos de sus dirigentes. Fue bautizada como Operación
Cataluña.
Efectivos de la unidad de Asuntos Internos, un equipo pensado
para perseguir prácticas delictivas dentro del cuerpo, y de otro
departamento creado ad hoc, Unidad de Planificación Estratégica y
Coordinación, se dedicaron a hacer investigaciones prospectivas sin
control judicial y a difundir dudosos informes que luego aparecían
amplificados en algunos medios de comunicación.
Los mandos policiales se convirtieron en una factoría
de noticias para desactivar el conflicto catalán, desprestigiando a sus
líderes.
En 2012 llegó un supuesto informe sin firmar pero con sello de
la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, un
departamento que había ganado prestigio con las investigaciones del caso
Gürtel y otras tramas de corrupción, apareció en el diario El Mundo con
el siguiente titular: "La Policía vincula cuentas en Suiza de Pujol y
Mas con la corrupción de CiU”.
La información destacaba: "“Un informe de
la Policía sostiene que parte de las comisiones que las empresas
pagaban a CDC a través de la trama del Palau se han desviado a cuentas personales de sus dirigentes”. El jefe de la UDEF de entonces negó en sede judicial que ese documento saliese de su unidad.
Meses después el mismo diario publicó en portada que
el entonces alcalde de Barcelona, Jordi Trias, tenía una cuenta en Suiza
de la que habría movido 12,9 millones de euros a otra entidad con sede
en Andorra. Tanto el banco suizo como Trias desmintieron la información.
El político catalán denunció a los periodistas autores de la
información y de nuevo el responsable de la UDEF volvió a desvincularse
del supuesto informe que citaba El Mundo.
Operaciones parecidas se llevaron a cabo usando como
altavoces a otros medios de comunicación contra el expresidente de la
Generalitat, Artur Mas, a medida que se iba acercando la consulta del 9
de noviembre de 2014.
El modus operandi lo reveló muy a su pesar el propio
ministro del Interior de entonces, Jorge Fernández Díaz, cuando recibió
en su despacho al director de la Oficina de Antifraude de Cataluña,
Daniel de Alfonso, que se presentó al ministro como un patriota
dispuesto a sembrar dudas sobre distintos dirigentes independentistas.
Los audios fueron difundidos por el diario Público.es
y destapan un plan de ambos para presentar unos informes "endebles"
sobre políticos de Convergencia y de ERC en la Fiscalía con el único
propósito de que algunos medios pudieran hacer titulares sobre que la
Fiscalía investigaba a dirigentes independentistas.
En esa charla, difundida a cuatro días de las
elecciones de junio de 2016, Fernández Díaz se comprometía a hablar con
la entonces Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, nombrada a
propuesta del PP. "La fiscalía te lo afina", dijo entonces el ministro a
su interlocutor.
Aquella revelación demostraba que el ministro, amigo
personal de Rajoy, no solo estaba al tanto sino que planificó la guerra
sucia contra el independentismo, pero no tuvo ninguna repercusión para
Fernández Díaz, que continuó en funciones hasta que en noviembre de 2016
fue relevado por el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido.
La fabricación de informes policiales se usó también
contra Podemos, cuando el partido de Pablo Iglesias se convirtió a lo
largo del año 2015 en un serio aspirante a llegar al Gobierno, según
algunas encuestas que le daban la segunda posición en votos por detrás
del Partido Popular.
Informes apócrifos contra Podemos
Fue entonces cuando se difundió el informe PISA, otro texto sin firma ni membrete sobre la supuesta financiación irregular de Podemos que fue ofrecido desde las cloacas del Estado a distintos medios de comunicación. Llegó unos días antes de la Constitución de Las Cortes, tras los comicios diciembre de 2015, a la redacción de El Mundo, cuyo director entonces, David Jiménez, se negó a publicarlo.
Lo ha explicado el propio Jiménez en una
entrevista reciente a eldiario.es donde habla de un asunto que está en
su libro, El Director, que ha editado Libros del K.O. "A mí se me
ofrecieron dos informes de Podemos que uno lo veía y decía que esto no
tiene seriedad, no tiene un sello, no tiene absolutamente nada", explica
Jiménez, quien en el libro cuenta que unos días después los vio
publicado en Ok Diario y El Confidencial. De la supuesta investigación
policial nunca más se supo, pese a que las informaciones aludían a
supuestos atestados de inteligencia, que no tenían ni sello ni firma.
Las maniobras contra Podemos por parte de la policía
política no acabaron ahí. La Audiencia Nacional investiga ahora quién
difundió información del móvil robado a una de las colaboradoras de
Pablo Iglesias en noviembre de 2015 y del que se extrajeron
conversaciones privadas del líder de Podemos hablando de azotar a la
presentadora de televisión Mariló Montero que luego publicaron algunos
medios.
El mismo juez de la Audiencia Nacional que investiga otras
causas relacionadas con Villarejo -el contenido del terminal apareció en
uno de los registros de las viviendas del comisario- envió este
viernes, según adelantó eldiario.es,
a agentes de policía a la redacción de Ok Diario, el medio que publicó
los mensajes de Iglesias, para requisar copia de información el teléfono
de la colaboradora del político y ordenó al periódico de Eduardo Inda
que se abstenga de publicar ninguna otra información relacionada con el
contenido del terminal robado.
El escándalo se ha cobrado una víctima en el equipo
de colaboradores del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Alberto
Pozas, director de la revista Interviú, que tuvo en su poder ese
material procedente del móvil de la colaboradora de Iglesias pero que
decidió no publicarlo, dimitió este viernes tras saber que deberá
comparecer como testigo en la Audiencia Nacional, para que el asunto no
salpique al Gobierno.
Es la primera dimisión que se ha cobrado la sucesión
de escándalos de la policía política. La cúpula del Ministerio del
Interior con Rajoy sigue en las instituciones. El exministro Jorge
Fernández Díaz, al que Pablo Casado colocó en la dirección del PP,
continúa como parlamentario en la Diputación Permanente del Congreso,
igual que el que fue su número dos, Francisco Martínez. El que era
director de la Policía, Ignacio Cosidó, continúa como senador.
Desde ese puesto envió a su grupo parlamentario un
SMS en el que defendía la elección de Manuel Marchena como presidente
del Consejo General del Poder Judicial. Dicho nombramiento se frustró
precisamente cuando se conoció el contenido de esa comunicación de
Cosidó en la que afirmaba que con Marchena al frente del órgano de
gobierno de los jueces, el PP se aseguraba poder controlar "desde
detrás" la Sala del Supremo que juzgará el procés." (José Precedo, eldiario.es, 06/04/19)
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