"Un grupo de cuatro empresas dirigido por
el cualificado militante del PNV en Gipuzkoa Aitor Elorza Gurrutxaga
(Montai Produkzioak, Estali La Karpa, Kultur Kirol Zerbitzuak y Denok
Komunikazioa) lleva ingresados desde 2009 en el Ayuntamiento de
Hondarribia, gobernado por el PNV, unos 2,3 millones de euros por
cientos de trabajos de montaje y organización de eventos vinculados a
las áreas de Cultura, Juventud, Euskara o Deportes facturados
individualmente. Esas contrataciones se han realizaron sin concurso
público.
En los últimos meses, la interventora municipal ha formulado al
menos doce informes negativos sobre estas facturas pero el alcalde
nacionalista, Txomin Sagarzazu, que tiene mayoría absoluta, ha ordenado
por decreto el levantamiento de la suspensión y el abono de las minutas.
Montai Produkzioak y sus filiales son contratistas
habituales en la Administración autonómica, foral y local de Euskadi.
También es la empresa que organiza prácticamente todos los actos
electorales y de partido del PNV desde hace años, como se puede apreciar
cada día en esta campaña de las elecciones generales.
A su frente se
halla Aitor Elorza Gurrutxaga, cualificando militante del partido en
Donostia y que ha sido candidato en varios procesos electorales en el
pasado. En la actualidad es edil en la pequeña localidad de Itsasondo y
miembro de la asamblea nacional de la formación. Su hermana, Idoia
Elorza Gurrutxaga, es responsable de Organización de la Ejecutiva
territorial, el Gipuzko Buru Batzar que preside Joseba Egibar. Su
esposa, Maije Zelaia, es concejal en Donostia. El responsable de
facturación de Montai Produkzioak es Boris Nogales, que ocupa un escaño
en las Juntas Generales de Bizkaia
La compañía de Elorza resultó adjudicataria de un
contrato en 2005 para la gestión de las actividades socioculturales del
municipio de Hondarribia por un período de cuatro años. Sin embargo,
desde 2009 hasta hoy mismo ha continuado trabajando con regularidad con
el Ayuntamiento. Existe un decreto de 2007 del anterior alcalde, Aitor
Kerejeta, en el que ya se adelantaba que "hasta tanto se convoque nuevo
concurso" se seguiría "encargando los trabajos a la citada empresa [por
Montai Produkzioak] previa presentación de presupuesto por cada
actividad".
Las facturas emitidas desde entonces van desde cantidades
simbólicas (1,16 euros el 2 de diciembre de 2012) hasta tarifas muy
superiores al máximo legal para contratos 'a dedo', 15.000 euros en la
actualidad y antes 18.000 euros, como los 39.963,67 euros de un pago de
2016 a Estali La Karpa.
Estos pagos han sido moneda corriente en Hondarribia
desde 2009 y su desglose ocupa varios cientos de folios. Pero, desde
hace unos meses, la interventora municipal, Laura Busca Fernández, viene
emitiendo lo que jurídicamente se llaman informes de "reparo
suspensivo". La funcionaria, hasta fechas tan recientes como el 25 de
marzo, ha venido advirtiendo al Gobierno local de la ilegalidad de
seguir pagando a Montai Produkzioak y a sus empresas asimiladas de esa
forma (también a otros proveedores).
Remarca que la normativa vigente
limita a 15.000 euros máximo las adjudicaciones directas, sin concurso, y
que prohíbe el fraccionamiento de trabajos para evitar esa restricción.
Ha habido días en que se han emitido hasta siete "reparos suspensivos".
Facturas "fuera de contrato"
Sobre Montai Produkzioak, esos informes inciden en
que el contrato expiró hace una década y que "no hay posibilidad de
prórroga". "En la actualidad se presentan facturas que superan
conjuntamente el importe del contrato menor [15.000 euros], siendo
necesario proceder a una nueva licitación", se puede leer. Los servicios
de Estali La Karpa, Denok Komunikazioa o Kultur Kirol Zerbitzuak
también están "fuera de contrato".
Por cada uno de los informes de la interventora, el
alcalde del PNV firma un decreto para levantar esos "reparos
suspensivos" y autorizar el pago de las facturas a las empresas de
Elorza y a las del resto de proveedores en las mismas circunstancias.
Sagarzazu argumenta que "los distintos servicios han sido prestados" y
que el alcalde puede "levantar el reparo suspensivo" y "reconocer la
obligación correspondiente a las facturas indicadas y ordenar el pago de
las mismas". Así ha ocurrido con los decretos 1603, 1604, 1629, 1681,
1742, 1756, 1758, 1759, 1763, 1765 y 1767 de 2018 y con el 459 de 2019.
Elorza, consultado por este periódico, ha negado
que exista trato de favor hacia sus empresas en Hondarribia. Defiende la
legalidad de todas las facturas porque cada una de ellas hace
referencia a trabajos diferentes y no pueden ser interpretadas como un
todo, alega. "Sobre la limitación de los 15.000 euros, ¿es a la empresa o
es al objeto del trabajo? No es lo mismo poner 2.000 sillas que una
carpa. En otros sitios, con la nueva ley, se interpreta así", asegura el
empresario y político.
Un mínimo del 70% del presupuesto
Elorza añade que "ha habido
casos en los que se les ha dado a otras empresas" y cita como ejemplos
la organización de los mercadillos semanales y los recientes
Carnavales. Un empresario de la competencia valora que "en los
últimos meses el Ayuntamiento ha abierto un poco la mano", coincidiendo
precisamente con el control de los funcionarios.
Pero datos de la propia
Montai Produkzioak muestran que esta firma y las filiales copan entre
el "70% u 80%" del total del presupuesto de las áreas de Cultura,
Juventud, Euskara y de Deportes de Hondarribia. "Tampoco estás a gusto
en esta situación", apostilla Elorza, que asegura que el Ayuntamiento
"está trabajando" en un nuevo contrato y estima que "antes de junio"
podría haber novedades en esa dirección.
Preguntado por su afiliación política, manifiesta
que su militancia en el PNV "para nada" favorece a los negocios de su
grupo empresarial. "La adscripción política... La verdad es que no nos favorece. Nos condiciona para trabajar en algunos sitios", responde. El
Ayuntamiento de Hondarribia, por su parte, no ha ofrecido su versión de
los hechos tras varios requerimientos realizados por este periódico
tanto por correo electrónico como por teléfono y mensajería.
Montai, relacionada con Errexal
Se
da la circunstancia de que el gerente de Montai Produkzioak compareció
en abril del pasado año en el juicio del 'caso De Miguel' celebrado en
la Audiencia Provincial de Álava. Elorza fue propuesto como testigo
por parte de los abogados defensores de los acusados en el bloque
referido a contrataciones irregulares de la Dirección de Juventud del
Gobierno vasco a varias empresas investigadas, Errexal, Ortzi Muga y
Kataia Consulting.
Se acusaba al responsable de Juventud, el 'jeltzale' Xabier Sánchez Robles,
de haber favorecido con contratos 'a dedo' a estas mercantiles, con
cuyos administradores mantenía una relación de amistad. Se añadía,
asimismo, que en algunos casos, cuando se trataba de informes de
consultoría, no constaba que el trabajo contratado y abonado se hubiera
realizado de manera efectiva.
Elorza, en una declaración
muy breve, aseguró que, por su experiencia, al menos la empresa Errexal
había trabajado con normalidad con Juventud, el argumento esgrimido por
las defensas para alejar el fantasma de trabajos cobrados pero no
realizados. Elorza y el administrador de esta firma -en algunos
puntos similar a Montai Produkzioak o al menos dedicada al mismo
sector-, el exconcejal del PNV en Leioa Iñaki San Juan, son conocidos.
De hecho, Elorza ha subcontratado a Errexal -que
ahora opera con el nuevo nombre Perexila Proyects tras destaparse el
caso de corrupción- para algunos trabajos, incluidos algunos de los
servicios prestados en Hondarribia. En concreto, abonó 6.997 euros a San
Juan por trabajos relacionados con el festival de blues que la
localidad guipuzcoana celebra cada verano.
Lo hizo en 2015, cuando la
investigación judicial del 'caso De Miguel' ya estaba muy avanzada.
Montai Produkzioak, especializada en montajes y con larga experiencia
profesional, pagó a Errexal para que le preparara un proyecto de
infraestructuras necesarias para el desarrollo del festival. "Memoria de
necesidades, planos y materiales", consta en la factura.
Remisión al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas
Los informes de la interventora, Laura Busca Fernández, incluyen su intención de comunicar los hechos al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Se da la circunstancia de que este organismo externo auditó las cuentas de Hondarribia en 2014.
En su informe, los auditores hacían referencia a varios contratos expirados que tenían que ser licitados nuevamente. También aludía textualmente a la "falta de control del Ayuntamiento" sobre la gestión económica del festival de blues, ya que no hay "certezas" de que todos los ingresos estén debidamente registrados, lo que dificulta el control de los pagos." (Iker Rioja, eldiario.es, 08/04/19)
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