"Carlos Granados (1944) recibe a
eldiario.es en su pequeño despacho en la Casa de Cisneros, situada en la
Plaza de la Villa.
Es el actual director de la Oficina Antifraude de
Madrid. Con una larga trayectoria como magistrado desde que ingresó en
la carrera judicial en 1972, Granados fue Fiscal General del Estado en
el Gobierno de Felipe González durante la etapa de Juan Alberto Belloch
como ministro de Interior y Justicia en sustitución de Eligio Hernández;
contribuyó a fundar en 1984 la asociación judicial Francisco de Vitoria
y en 1992 fue designado magistrado del Tribunal Supremo.
Tras su jubilación "obligada", según él
mismo destaca, del Supremo a los 72 años, le surgió la oportunidad de
dirigir la primera Oficina Antifraude creada por el Gobierno de Manuela
Carmena.
Se le ha acusado de ser "afín" a la alcaldesa, aunque el
magistrado deja claro que no existía relación previa con Carmena pese a
compartir edad y profesión, y asegura sentirse "totalmente
independiente" desempeñando sus funciones actuales en la administración
municipal.
De hecho, el primer informe de la Oficina que ha trascendido
censura la contratación del Gobierno municipal, concretamente, la de la
hija del director de Madrid Destino. Su cargo, por cinco años, no está
ligado al de la alcaldesa. Granados reivindica su autonomía y avisa a
las empresas: hay algo que duele más que una multa, la imposibilidad de
contratar con la Administración pública.
En
su última comparecencia en el Pleno municipal ante los grupos políticos
habló de que ya han recibido ocho denuncias de funcionarios y personas
anónimas por posibles casos de corrupción.
Sí, y ya llevamos 16, a pesar de que no hemos hecho casi publicidad de la oficina. Aunque no puedo dar más detalles.
¿Y cómo funciona la Oficina municipal Antifraude de Madrid?
La oficina tiene dos áreas: la de
prevención y la de investigación. Para mí la más importante es la de
prevención. Me he desplazado a las áreas de los ayuntamientos que puedan
tener dificultades, como son organismos que están contratando u
organismos que tienen una responsabilidad de un servicio que damos a los
ciudadanos. He hecho más de 70 visitas ya para informarme de cómo
funcionan.
¿Cuántos trabajan actualmente en la Oficina Antifraude?
Somos cuatro. Hay un vocal asesor, un
consejero técnico y una jefa de oficina. Estamos pendiente de que una
quinta funcionaria se incorpore, así que terminaremos siendo cinco. Lo
importante es que los pocos que hay son excepcionales, un equipo muy
bueno. El vocal asesor, por ejemplo, ha sido el que más años ha estado
como director del Ministerio de Trabajo, el consejero técnico conoce
todo el Ayuntamiento y la jefa de oficina es excepcional.
¿Y se pueden gestionar las denuncias más esa labor de prevención con tan poco equipo?
Vamos haciendo. Lo de las denuncias ha
sido a partir del mes de abril, porque la Oficina tiene dos vías,
prevención e investigación, pero la Delegación de Gobierno recurrió la
parte de investigación, hubo unas medidas cautelares y se suspendió la
investigación. Hasta que hubo una sentencia en abril donde nos
devolvieron las competencias para investigar.
¿Y cómo se puede denunciar?
Ahora queremos hacer una página web para
informar de cómo se pueden hacer llegar denuncias a la Oficina, con lo
cual, sin hacer absolutamente nada de publicidad ya van llegando
denuncias y las vamos tramitando. Y queremos poner en marcha un programa
a través de buzón seguro para denuncias anónimas. Eso es fundamental.
¿Ahora no se pueden hacer denuncias anónimas?
Sí. Si quiere alguien denunciar sin decir
quién es el denunciante se puede, pero hay programas que tienen otras
oficinas antifraude, para que en ningún momento tengamos por qué saber
quién es el denunciante pero a la vez podamos contactar con él sin saber
su identidad. Pero poco a poco. Ahora solo se puede vía carta sin que
se deje constancia de quién es el denunciante.
Pero tenemos que tener mucho cuidado en
que no se utilice la oficina como algo partidista, es decir, no se
instrumentalice, ni se utilice para luchas personales entre
funcionarios, por ejemplo.
¿Puede denunciar cualquier persona?
Sí, cualquier persona. La ciudadanía, los
concejales, personas físicas o quien quiera poner en conocimiento lo
que considere que son malas prácticas. El objetivo es investigar esas
malas prácticas intencionadas, que vayan del ejercicio de poderes
públicos, en perjuicio del interés general y en beneficio de una persona
particular. Están en juego también los caudales públicos que hay que
proteger, que se haga un buen uso de ellos. Y después que se trabaje con
probidad, es decir, que se hagan las cosas de una manera íntegra.
Además de todo eso también existe el conflicto de intereses, de las
personas que se contratan, de personas que tenían que haberse abstenido y
no lo han hecho… Y todo esto se extiende a todo lo que es el
Ayuntamiento de Madrid y a cualquier empresa municipal.
Ha
mencionado el tema de las contrataciones. El primer caso que ha
trascendido es el de la contratación de la hija del director de Madrid
Destino a raíz de una denuncia de Ciudadanos. La resolución fue
desfavorable para el Ayuntamiento...
La confidencialidad es muy importante en
la Oficina. Lo único que puedo decir es que en ese asunto se trataba de
una sociedad mercantil que está dentro de la órbita del Ayuntamiento y
fue denunciado por un partido político. Lo que se ha hecho es una
investigación por parte de la oficina sobre si ha habido un conflicto de
intereses. Lo que no hacemos en ningún caso es sancionar. Terminamos
con un informe razonado que hemos enviamos a la Oficina general de
servicios, pero no tomamos ninguna medida. Y aunque hemos determinado
que hay conflicto de intereses ahora serán ellos los que tendrán que
tomar medidas.
Ha hablado de la importancia de la prevención. ¿Han avanzado en eso?
Por supuesto. Ya hemos organizado un
seminario después de detectar que es susceptible de mejora el control
del cumplimiento de los contratos. Se hace un contrato, una memoria para
justificar el contrato, se lleva a cabo una mesa de contratación, se
adjudica el contrato… Y cuando se llega hasta aquí ya se ha hecho un
trabajo muy pesado. Pero en realidad una vez adjudicas un contrato, lo
más complicado es lo que queda por hacer, que es controlar que se
ejecute bien. Lo más difícil es comprobar que ese control se ha hecho
correctamente. Hay que potenciar la figura del responsable del contrato.
Y eso es una labor de prevención.
¿Han trabajado en algún ejemplo concreto ya?
Hace poco asistí a una auditoría de un
contrato incompleto que se había efectuado, concretamente en el 010. En
ese contrato se presentó una empresa, a la que finalmente se le
adjudicó, por la que todos se preguntaban cómo podía haber hecho una
oferta tan baja ya que así solo perdía dinero. Los trabajadores
levantaron la mano y nos dijeron que no nos preocupáramos, que no
perdían dinero, sino que era a costa de las retribuciones de esos
trabajadores, de sus horarios y sus derechos. Y esto demuestra que hay
unas cláusulas sociales que hay que vigilar que se cumplan.
Quizás no se debería regir la contratación por el precio que pone la empresa, o al menos que no sea tan decisivo.
Claro. Cuando se hace una oferta tan baja
hay que vigilar y rechazar las que no sean viables. Al final los que se
llevan un contrato por una oferta muy baja, lo que van a buscar después
es unas mejoras económicas, y eso es competencia desleal. Hay que
vigilar que no se busquen fórmulas que vayan en detrimento de otras
empresas que podrían haber optado pero que fueron más honestos al hacer
una oferta realista.
¿Cómo hay que actuar contra esas empresas que ya se han llevado los contratos pero incumplen?
Hace poco asistí a una reunión en la
Agencia Tributaria. Yo he sido magistrado de la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo y le pregunté al director por qué no se había
denunciado todavía como posible delito fiscal a empresas que han
defraudado más de 120.000 euros, que es el límite mínimo para que haya
delito. Si superan los 120.000 y el sujeto podía tener conocimiento de
que estaba obligado a pagar, eso hay que mandarlo a la Fiscalía. Eso
nunca se ha hecho. Y tiene que empezar a hacerse.
¿Por qué el Ayuntamiento nunca lo ha hecho?
Porque es complicado y están desbordados.
Pero la Oficina Antifraude va a ir a explicarles los elementos de un
fraude fiscal. El delito fiscal lo hacen las grandes empresas y como
saben que no ocurre nada o como mucho se llevan una multa, les compensa.
Pero si le dices que puede ser un delito fiscal se lo piensan.
Además, hay algo que le afecta más a una
empresa que una multa, que es la prohibición de contratar con la
administración. La multa al final hasta cuentan con ella y la meten en
sus presupuestos.
¿Eso se puede hacer, vetar a una empresa?
Por supuesto. Y eso se puede hacer y se debe hacer. Se han abierto expedientes, pero pocos.
En las cuentas del Ayuntamiento de Madrid para 2019 se han presupuestado 25 denuncias por posible corrupción.
Sí. Teníamos que hacer un cálculo, aunque
no sé cuantas se presentarán. Cuando investigamos podemos enviar a la
Fiscalía los temas que consideremos que son constitutivos de delitos.
¿Si llevan un asunto a la Fiscalía pueden seguir investigándolo?
No, en ningún caso. Cuando algo está bajo
el foco de la Justicia, en el Juzgado o la Fiscalía, no podemos seguir
con la investigación, nos tenemos que abstener.
¿Están investigando ya posibles malas praxis de este Gobierno y de anteriores?
Ya estamos investigando cuestiones tanto
de este Ayuntamiento como de pasados. No se descarta nada. La Oficina no
tiene partido al que apoyar. Hay que tener en cuenta que el
nombramiento no depende del Gobierno, sino del Pleno, y se hace por
cinco años. Mi puesto no depende del Gobierno que salga en mayo porque
es por cinco años y eso es fundamental.
Lo más importante, y es en lo que
coincidimos todos los directores de las oficinas antifraude que hay en
España, es que debe haber una total independencia.
¿Se siente independiente?
Totalmente. Hago lo que creo que se puede
hacer. Siempre lo he hecho. He sido Fiscal General del Estado y cuando
el Gobierno me pedía que hiciera una cosa, yo lo sometía a la junta de
fiscales de Sala y le decíamos al Gobierno que sí o que no. Siempre
motivado, por supuesto.
¿Cree que hay actualmente independencia en la Justicia española?
Yo puse en funcionamiento junto a 14
compañeros de Plaza de Castilla la asociación de jueces Francisco de
Vitoria. Ahora mismo en la asociación hay 870 jueces, la segunda en
número de afiliados. Lo que defendemos es que se cumpla la ley, que se
cumpla la independencia judicial. No estamos representados en el Poder
Judicial, no hay nadie representado en el CGPJ, no estamos representados
porque no nos prestamos a ese sistema de elección.
Habla
de la asociación Francisco de Vitoria como uno de los fundadores. ¿Qué
opina del poema machista que se publicó en su revista contra Irene
Montero?
No fue correcto. No coincido con ese poema. Ahora hay que pagar esa multa y ya está.
Pero hay jueces que dicen que debería haber estado amparado por la libertad de expresión.
Los lindes de los límites de expresión
son muy complicados. Cuando están en medio los políticos la posibilidad
de criticarlos es más amplio. Por eso se dice que la libertad de
expresión en este caso debería haberlo sido."
(ENTREVISTA a Carlos Granados, director de la Oficina Antifraude de Madrid, Fátima Caballero, diario.es, 26/12/18)
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