"La revelación de los Paradise Papers en noviembre volvió a
poner sobre la mesa el grave problema de la optimización fiscal, es
decir, de los complejos montajes de las multinacionales y los ricos para
evadir impuestos.
Este martes 5 de diciembre la Unión Europea publicó
su particular “lista negra” de los paraísos fiscales, en la que sólo
aparecen 17 estados y ninguno de ellos forma parte de la comunidad
europea, a pesar del dumping fiscal que practican países como Malta, Irlanda o Luxemburgo.
La eurodiputada franconoruega Eva Joly (Oslo, 1943) aborda para CTXT el
problema del fraude y la optimización fiscal en Europa. Candidata de
los verdes en las presidenciales francesas de 2012 y representante en el
Parlamento Europeo desde 2009, esta antigua juez de instrucción ha
hecho de la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal su principal
causa política.
Actualmente, ejerce como vicepresidenta en la comisión
de investigación sobre blanqueo y evsasión fiscal de la Eurocámara,
creada el año pasado tras la publicación de los Papeles de Panamá.
“No tengo ninguna duda de que será la opinión pública la que
determinará si acabamos o no con el fraude fiscal”, asegura la
eurodiputada ecologista durante la entrevista en su bufete en el centro
de París, donde continúa ejerciendo como abogada a tiempo parcial.
Optimista respecto al fin de los paraísos fiscales, Joly describe las
políticas que las instituciones europeas preparan para frenar el dumping
fiscal y los obstáculos que algunos estados miembros, como Malta, ponen
para evitar que se avance en esta cuestión.
Según Joly, esta
obstrucción sólo se puede vencer con voluntad política y aprobando las
medidas necesarias para frenar el fraude fiscal, cuya gravedad resulta
palpable con la acumulación de escándalos durante los últimos años.
En noviembre conocimos el caso de los Paradise Papers,
pero el año pasado se destapó el de los Papeles de Panamá. Y antes el
Luxleaks, el Swissleaks… La lista de los escándalos por el fraude de los
paraísos fiscales parece interminable.
Durante estos últimos ochos años en los que he estado en el
Parlamento Europeo, ha habido al menos diez escándalos importantes sobre
el fraude fiscal. Esto demuestra que la necesidad de aprobar nuevas
regulaciones es evidente.
La gente ha comprendido que no existen las
mismas reglas para todos y que algunas de ellas son demasiado
indulgentes con algunos ciudadanos concretos. También tenemos que ser
menos tolerantes con países como Malta, que se han especializado en el
blanqueamiento de dinero negro.
Hace años, cuando se hablaba de paraísos fiscales, la imagen
que nos venía a la cabeza era la de un dictador o de un capo de la mafia
que guardaban allí su dinero robado. Ahora podemos ver grandes
multinacionales como Nike, o famosos, como Shakira, Bono…
No me sorprende. Hace veinticinco años que milito en la lucha contra
el fraude fiscal y lo que ha cambiado ahora es que esta cuestión se ha
vuelto vox pópuli. Todo el mundo ha entendido que los
ciudadanos esperan que solventemos este problema.
Como nos encontramos
en un periodo de austeridad donde cerca del 20% de los españoles están
en el paro, y el 50% de sus jóvenes, resulta intolerable que los
millonarios españoles no paguen impuestos y tampoco lo hagan las
multinacionales que operan en España.
Ahora lo que hace falta es coraje
político. Así que cuento con el voto de los representantes del gobierno
español en el Consejo Europeo. Junto con Francia, Italia, Alemania o
Portugal, tienen que aislar a los países que no quieren que nada cambie
en materia fiscal.
Ante las revelaciones de los Paradise Papers, buena
parte de las personas y las multinacionales afectadas se defienden
asegurando que no han cometido ningún delito. ¿Por qué hay que combatir
la optimización fiscal si no es ilegal?
Hace cuarenta años, en Francia, cuando un hombre denunciaba a su
mujer por adulterio, esta podía ser encarcelada y esto era legal. No
saber que la ley es el resultado de las fuerzas actuales significa
desconocer la historia y su evolución.
La optimización fiscal es legal
porque interesa a las multinacionales y a numerosos criminales y
dirigentes políticos. Todos ellos quieren que las grandes empresas no
paguen impuestos y lo hacen posible a través de la opacidad y la
insuficiencia de las legislaciones actuales.
Nadie se cree que una
compañía energética como Veolia tenga 2.700 filiales y que cada una de
ellas funcione de manera autónoma. Evidentemente que no. Este sistema de
filiales está hecho para engañar al fisco. Tenemos que elaborar nuevas
leyes y utilizarlas como si fueran un cuchillo, que nos permita pasar
entre las apariencias y nos devuelva la realidad.
Los dirigentes políticos suelen mostrarse indignados ante estas revelaciones. Pero estos conocen de sobra este problema…
Hay una gran hipocresía de la clase política respecto al problema del
fraude fiscal. Cuando Nicolas Sarkozy decía en el G20 de 2009 que
habían terminado con los paraísos fiscales, ni él mismo se lo creía.
Aunque Francia siempre se haya comportado de manera impecable respecto a
este tema y apoye las reformas necesarias en el Consejo Europeo, un
país sólo puede modificar sus reglas internas. La escala adecuada para
combatir el fraude fiscal es Europa.
¿Cómo las instituciones europeas pueden hacer frente al problema del fraude y la optimización fiscal?
Después de que estallara el escándalo de Luxleaks (en
noviembre de 2014), el Parlamento Europeo creó una primera comisión de
investigación sobre el fraude fiscal. Por desgracia, la Eurocámara no
dispone de iniciativa legislativa en materia fiscal. Pero hicimos dos
informes en los que hacíamos una serie de recomendaciones precisas a la
Comisión Europea: debíamos proteger a los lanzadores de alerta y empezar
a tasar a las multinacionales de manera unitaria, en lugar de filial
por filial.
La Comisión Europea ya ha reaccionado sobre esta cuestión. En otoño
de 2016, presentó el texto que servirá para terminar con la optimización
fiscal de las multinacionales, que tiene un coste mundial de 350.000
millones de euros anual, de 120.000 millones para la UE y de 20.000
millones para un país como España.
Esta nueva directiva consistirá en
crear una base impositiva comuna y consolidada para el impuesto de
sociedades (ACCIS, por sus siglas en francés). Independientemente de si
tienen su sede europea en Suecia, Italia o en las Islas Jersey (Reino
Unido), queremos obligar a las multinacionales a que paguen un único
impuesto en la UE y luego los estados se lo repartirán.
En el Parlamento
Europeo estamos elaborando dos textos respecto a esta directiva y
existe un gran consenso, así que espero que hayamos llegado a un acuerdo
antes de marzo del año que viene.
Además, en el Parlamento ya votamos - en julio de este año - otro
texto sobre la transparencia fiscal que obliga a las multinacionales con
unos beneficios superiores a 750 millones de euros a hacer públicas
determinadas informaciones esenciales. Pero esta nueva directiva está
bloqueada ahora en el Consejo Europeo.
¿Qué es lo que bloquea esta directiva sobre la transparencia fiscal en el Consejo Europeo?
La Comisión Europea ha considerado que se trata de un texto contable,
lo que permite que sea aprobado sólo con mayoría simple en el Consejo
Europeo. ¿Pero quién ostentó la presidencia rotatoria de la UE durante
el primer semestre de este año? Malta. Para el gobierno maltés, palabras
como fraude, la optimización fiscal, el blanqueamiento del dinero
negro…no existen. Y Malta no hizo nada para que se avanzara en la
aprobación de la nueva directiva sobre transparencia fiscal.
De hecho, Malta ha sido uno de los países señalados directamente en los Paradise Papers, en los que se mostraba cómo este país se ha especializado en la optimización y el fraude fiscal.
Malta decidió basar su modelo económico en el blanqueamiento de
dinero negro. Desde 1977, no cooperan con las administraciones de los
otros países europeos. Si un español tiene su dinero escondido en Malta,
no corre ningún tipo de riesgo. Ante este problema, ¿qué dicen los
dirigentes malteses? Que son inocentes y que no hay nada que
reprocharles.
En realidad, es intolerable que no hayan empezado ni una
investigación sobre los Papeles de Panamá, donde se revelaba que un
miembro del gobierno y el director de gabinete de Joseph Muscat, el
primer ministro de Malta, tenían sociedades offshore. Además,
se trata de un país que vende la ciudadanía europea. Si alguien invierte
unos 650.000 euros en este país, puede obtener la nacionalidad maltesa.
Lo que abre las puertas de Europa a personas que pretenden defraudar el
fisco.
Además, ahora se habla de Malta por el asesinato de la periodista
Daphne Caruana Galizia (especializada en la investigación de la
corrupción y que murió por la explosión provocada de su vehículo). Con
este caso, hemos visto como en Malta tiene una legislación que no sólo
no protege a los lanzadores de alerta, sino que sirve para acusarles de
difamación y que permite el encarcelamiento de periodistas y la tutela
de sus cuentas bancarias. Malta es un país que aparentemente tiene
problemas con la democracia.
Por este motivo, el 15 de noviembre votamos una resolución en el
Parlamento europeo sobre Malta en la que denunciamos todo esto. Y
pedimos a la Comisión que inicie un proceso de sanción a Malta por
incumplimiento de la directiva europea.
Habla de Malta, pero en los Paradise Papers también se señala a países con economías sólidas y diversificadas, como Holanda o el Reino Unido.
Pero en el caso de Holanda es mucho más limitado que en Malta. La
optimización fiscal en Holanda representa 4.000 millones de euros y hace
vivir a 2.000 abogados, pero no se trata del modelo económico del país.
Además, el gobierno holandés ha prometido cambiar su reglamentación de
los holdings.
Y sí es cierto que en los Paradise Papers están
sobre todo implicados territorios británicos, como las Islas Jersey o la
Isla de Man, que son centros de la optimización fiscal. No hay que
creer que estos territorios están desvinculados de la City de Londres.
Todos ellos forman parte de la misma maquinaria.
¿El Brexit tendrá algún tipo de impacto en la lucha contra la optimización fiscal?
Espero que los dirigentes europeos pongan el control de estos
territorios como una de las condiciones para que el Reino Unido continúe
teniendo acceso al mercado único. Después del divorcio, no estamos
obligados a que nuestro exmarido siga saqueándonos.
Si finalmente la Comisión Europea saca adelante su nueva
directiva sobre el impuesto de sociedades, ¿cómo impedirá que esta sea
bloqueada en el Consejo Europeo por los gobiernos de Irlanda, Malta,
Holanda o Luxemburgo?
Es previsible que los países que han bloqueado cualquier avance en
materia fiscal durante los últimos cuarenta años lo vuelvan a hacer. No
les interesan ni la transparencia ni una fiscalidad justa. Un país como
Luxemburgo se ha convertido en uno de los más ricos del mundo gracias al
dumping fiscal.
Pero las víctimas de este sistema no están contentas.
Así que habrá que marginalizar a estos países en el Consejo Europeo.
Para ello, lo más fácil es que la Comisión diga que son textos en
materia de competencia económica, que pueden ser aprobados por una
mayoría simple en el Consejo.
Pero entonces estos estados se negarán a aplicar la nueva directiva.
Los tratados europeos dicen que los Estados tienen que cooperar
lealmente, así que tenemos que contemplar seriamente la posibilidad de
aplicar sanciones en el caso de que estos no cooperen. Las sanciones
pueden llegar hasta privar a un Estado de su derecho de voto en el
Consejo Europeo.
¿Es posible que la Comisión Europea combata el fraude fiscal
al mismo tiempo que es presidida por un antiguo primer ministro de
Luxemburgo, Jean-Claude Juncker?
Es cierto que el ADN de Juncker no es la lucha contra la evasión
fiscal… Pero se trata de un hombre que pretende dejar un legado y cuya
carrera política prácticamente se ha terminado. Así que quizás espera
convertirse en el hombre que reparó el daño que ocasionó. No estoy
segura de ello, pero no tengo ninguna duda de que será la opinión
pública la que determinará si frenamos o no el fraude fiscal. La
revuelta de la gente resultará fundamental.
Parece ser bastante optimista con la posibilidad de terminar con la optimización fiscal en Europa. ¿Por qué?
Porque los dirigentes políticos son muy sensibles a la opinión
pública. Porque si estos no arreglan este problema del fraude fiscal,
estos no tendrán ninguna credibilidad a la hora de aplicar políticas de
austeridad. El fraude fiscal representa un billón de euros cada año. De
este billón, el fraude de las multinacionales es equivalente a unos
120.000 millones. ¿Por qué es importante luchar contra el fraude fiscal?
Porque el modelo europeo se basa en el libre comercio, pero también en
el estado providencia y este depende de la recaptación de impuestos.
El
impuesto es el símbolo de la civilización europea. Sin impuestos, no hay
museos, infraestructuras ni hospitales públicos. Tenemos un modelo
único en el mundo y sólo podemos sostenerlo a través de los impuestos.
Si queremos que los ciudadanos continúen contribuyendo al fisco, tiene
que haber un mínimo de justicia.
¿Estamos cerca del fin de los paraísos fiscales? ¿O los defraudadores van un paso por delante?
Somos muy numerosos los que queremos que esto cambie: los ciudadanos,
las ONG, la OCDE, los verdes… La situación está evolucionando por todos
lados. Pero los partidarios de los paraísos fiscales también son muy
virulentos y tienen un gran poder de corrupción. En los paraísos
fiscales, hay actualmente entre 15 y 20 trillones de dólares, es decir,
un cuarto del PIB mundial.
Terminar con ellos no será sencillo, pero
esto sólo será posible si existe el coraje político suficiente. Si
queremos preservar el modelo europeo, que es infinitamente superior al
norteamericano, tendremos que solucionar este problema."
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