"En una reunión de 25 minutos, con un único
punto del orden del día y sin debate el Gobierno de Alberto
Ruiz-Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid aprobó el 26 de marzo de
2007 un aumento de gasto de 1.632 millones de euros a pagar en 32 años a
la empresa Calle 30, una sociedad mixta formada por el propio
Ayuntamiento y una unión de empresas que construyó y mantiene la M-30.
La decisión adoptada por la Comisión de Vigilancia y Seguimiento de la
Gestión Integral de la M-30, un órgano municipal formado por dirigentes
políticos de la máxima confianza de Gallardón como el exconcejal Manuel
Cobo y el actual consejero delegado de Metro de Madrid, Juan
Bravo, supuso encarecer en un 18,61% el presupuesto por el que se había
adjudicado el proyecto estrella de Gallardón dos años antes.
"No tengo las cifras en la cabeza, y mucho menos para un
asunto para el que hay que tener la documentación, con ese volumen de
la obra", responde Cobo: "Si dijera cualquier cosa, te estaría
engañando. Es imposible responder sin toda la documentación.
La obra de
la M-30 son cantidades públicas, y recibió toda la crítica por parte de
la oposición y de asociaciones ecologistas. Cuando te hacen críticas, se
puede argumentar y contraargumentar con la documentación: es el
Ayuntamiento el que tiene toda la documentación".
Bravo, por su parte, ha declinado responder: "No hago declaraciones sobre estos asuntos".
Según el acta de ese comisión, en poder de eldiario.es la decisión se
despachó en 25 minutos. La reunión comenzó a las 17.30 horas del día 26
de marzo y finalizó a las 17.55. El presidente ocasional de la comisión,
Juan Bravo, que sustituía a Cobo, quien disculpó su ausencia, los
vocales Ignacio López-Galiacho Perona y Manuel Arnaiz Ronda, y el
secretario Juan Alfaro Grande aprobaron el acta de la reunión anterior y
dieron luz verde por unanimidad a la modificación contractual en 25
minutos. El turno de ruegos y preguntas no se utilizó.
La decisión de
aprobar esos pagos que se dilatarán hasta 2040 se apoyó sobre dos
informes de la Subdirección General de Construcción de Infraestructuras
del Ayuntamiento de Madrid que concluyen que por "las causas nuevas e
imprevistas imposibles de prever en el momento de la aprobación del
contrato se hace necesario incrementar el precio un 18,61%".
El soterramiento de la principal arteria de circunvalación de la
capital se había encargado en 2005 antes a un consorcio de constructoras
integrado por Ferrovial, Dragados (del Grupo ACS, que preside
Florentino Pérez) y Api.
Para que el coste de las obras, 6.000 millones
de euros, no computase como deuda del Ayuntamiento, aquel Gobierno
Municipal ideó una empresa mixta, Calle 30, donde el consistorio tiene
el 80% de la sociedad y la UTE el 20% restante. Solo dos años después
del concurso público que adjudicó en 2005 el proyecto a la UTE de
Ferrovial, Dragados y Api, el Gobierno municipal autorizó un modificado
del presupuesto para hacer frente a los imprevistos que aparecieron
durante las obras –de una extrema complejidad –
y ampliar el mantenimiento de la infraestructura.
El sobrecoste que el
Gobierno municipal autorizó a Calle 30 suma 1.632.642.000 euros, a pagar
hasta 2040 en anualidades idénticas de 49.474.000 euros. Solo en
mantenimiento supone pagar 330 millones más durante 33 años. Esa primera
revisión de los costes de conservación de la vía (un capítulo que
ingresa el socio privado) encareció la factura anual en 10,5 millones de
euros cada año: pasó de 12,2 millones en 2005 a a 23 millones en 2007.
Hoy ese capítulo cuesta a las arcas municipales 28 millones de euros. El
cambio se sustentó tomando como base un informe de 55 páginas repleto
de generalidades. El apartado de mantenimiento que se paga al socio
privado prácticamente se duplicó pero como el contrato abarca la
construcción y conservación, el Ayuntamiento pudo alegar que el importe
total solo se encarecía un 18,9% y cumplió con el límite que la ley
impone a los modificados (el 20% del presupuesto total).
La fórmula utilizada por Gallardón para levantar su obra estrella ha
sido cuestionada reiteradamente por el Gobierno de Ahora Madrid que
preside Manuela Carmena, que además ha amenazado con emprender sanciones
contra la adjudicataria después de que los técnicos municipales
hubiesen detectado pagos por duplicado a las constructoras e incluso
facturas por servicios que no se realizaron.
Que la
tramitación del proyecto es polémica lo evidenció la propia Cámara de
Cuentas de Madrid en su informe de fiscalización de la obra conocido
hace unos meses y en el que advirtió que el contrato es oneroso para las
arcas municipales y que la sociedad mixta no tiene más razón de ser que
pagar unos intereses del 7% a las empresas constructoras.
La Cámara de
Cuentas propuso rescatar la concesión, sobre todo porque desde 2011 el
Ayuntamiento ya tuvo que asumir como propia la deuda de la obra. Tras la
comisión de investigación sobre la venta de las viviendas sociales a
los fondos buitre que concluyó esta semana, la obra de la M30 es la
próxima que fiscalizará el Ayuntamiento de Madrid. " (eldiario.es, 18/09/16)
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