"Campus de la Justicia gastó cuatro millones en una subcontrata para suplir la inexperiencia de sus contratados a dedo.
La sociedad pública creada por Esperanza Aguirre subcontrató a Bovis, al
tiempo que pagaba a un equipo de técnicos sin experiencia y cercanos al
PP. Cinco consejeros de la sociedad pública han sido imputados en los
últimos años en distintas causas.
Isabelino Baños era un “simple arquitecto”, aunque con un “brillante
currículum” que, según el gobierno de la Comunidad de Madrid, justificó
su contratación como director técnico del Campus de la Justicia en 2005.
Un portavoz de la Consejería de Justicia así lo explicó dos años
después, cuando El País publicó
que Baños había adjudicado un contrato público a su anterior
empresa.
Sin embargo, la trayectoria de Baños, que ya antes, y en tanto
que representante de los vecinos de Valdebebas, había negociado con el
ejecutivo regional las indemnizaciones correspondientes por las
expropiaciones de los terrenos del futuro y nunca construido complejo
judicial, siguió cerrando un círculo interesante.
Después de abandonar
la dirección técnica del Campus de la Justicia, hoy Baños trabaja de
nuevo en Bovis, la que había sido su empresa antes de adjudicarle aquel
contrato en 2006.
Baños, que dentro de Bovis se encarga actualmente del proyecto del
Centro de Arte Botín de Santander, declinó atender a CTXT este
miércoles, 11 de noviembre. Entre 2008 y 2011, según fuentes de la
Comisión de Endeudamiento de la Asamblea de Madrid conocedoras de parte
de la documentación contable, Bovis facturó a Campus de la Justicia al
menos 3.986.151 euros por la gerencia y seguimiento del proyecto del que
iba a ser, en palabras de la actual presidenta regional, Cristina
Cifuentes, “el mayor complejo judicial del mundo”.
Por esas mismas
fechas, Campus de la Justicia S. A. mantuvo en nómina a un equipo
directivo que se podría haber encargado de esas tareas, pero que, salvo
excepciones, no tenía la cualificación suficiente: “Esa carencia de
liderazgo se intentó suplir contratando a Bovis”, aseguran fuentes de la
extinta sociedad.
La falta de experiencia y cualificación de buena parte del equipo
directivo del Campus quedó en evidencia durante la primera sesión de la
citada comisión. La presidenta de la comisión, Lorena Ruiz-Huerta
(Podemos), denunció
a principios de octubre la falta de “cualificación” del encargado de
liquidar la sociedad: Miguel Ángel Fernández Calvo, “un militante de
base del PP”, que es licenciado en Ciencias Políticas.
“Una persona que
liquidaba una sociedad de 130 millones de euros y que era la primera vez
que lo hacía”, según recordó el diputado de Ciudadanos César Zafra,
quince días después. En esta segunda sesión, uno de los apoderados de la
sociedad Campus de la Justicia, Javier Rodríguez, abundó en ello:
“Viendo la edad de nacimiento, muy poca experiencia podían tener para un
proyecto que nacía con una envergadura superior a los 500 millones de
euros”, declaró Rodríguez, apoderado de la sociedad entre octubre de 2011 a febrero de 2013.
No tenían experiencia, pero sí padrinos. El País reveló en
agosto pasado que entre los veinte contratados había “un hijo del ex
ministro Arias Cañete”. Miguel Cañete Domech triplicó su sueldo durante
los 11 meses en los que estuvo contratado en la secretaría técnica:
entró con una nómina de 16.000 euros anuales y salió con otra de 45.000.
Otros, como Pablo Martínez, luego concejal en Getafe por el Partido
Popular, fue contratado como director de Comunicación (41.000 euros
anuales).
Alicio de las Heras, próximo al entonces Consejero de Justicia
y primer presidente de la sociedad, Alfredo Prada, debutó
profesionalmente en el Campus de la Justicia como director económico
financiero. Estuvo durante 4 años, según su perfil de Linkedin, en los que sistemáticamente se entregaron las cuentas con retraso, y cobró 61.000 euros anuales, según la tabla publicada por El País.
En la legislatura que acaba de concluir, De las Heras ha trabajado en
la Comisión de Justicia del Congreso, presidida por el mismo ex
Consejero y luego diputado por León, Alfredo Prada. CTXT ha contrastado
los nombres y apellidos (que no se habían publicado antes) a través de
fuentes de la Comunidad de Madrid e informaciones de dominio público.
En la última sesión de la comisión de deuda, creada a petición de
Podemos y con el apoyo del Partido Socialista y Ciudadanos, salió a la
luz un caso de indemnización por despido en el Campus de la Justicia, de
cuando aún nadie había patentado la expresión “despido en diferido”.
Andrés Gordo Gordo, contratado como director de seguridad, “fue
despedido un día por Campus de la Justicia y al día siguiente fue
contratado por la Consejería de Justicia”, según la intervención del
diputado regional de Podemos, Eduardo Gutiérrez.
El compareciente,
Gonzalo Quiroga Churruca, que había sido consejero delegado de la
sociedad, respondió: “Efectivamente, hubo una actuación por un despido; y
me preguntaba si hubo indemnización: sí, la hubo”, recoge el acta, que
se publicará próximamente. La indeminización ascendió a 105.000 euros,
según fuentes de la Asamblea.
Público y privado
Las puertas giratorias entre la administración pública y las empresas
privadas de donde provienen o acaban algunos directivos, o ambas cosas a
la vez (como en el caso de Baños), no son nada nuevo. En el caso del
Campus de la Justicia, el caso de Baños tampoco es único. Cándido
Serafín Pérez Serrano fue consejero de la sociedad durante la etapa en
que la presidía Francisco Granados, cuando este era Consejero de
Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Esperanza Aguirre.
Pérez Serrano pasó luego a trabajar, en septiembre de 2011, en KPMG, la
empresa que seguidamente auditó las cuentas del Campus de la Justicia.
“Las auditorías se encargan a una entidad independiente [...] y he de
decirle que la entidad KPMG [...] ha emitido una auditoría en la que
viene a afirmar que, efectivamente, las cuentas del Campus de la
Justicia S.A. reflejan la imagen fiel de su patrimonio y situación
financiera”, declaró el Consejero de Justicia y portavoz del gobierno de
Aguirre en 2014, según el diario de sesiones de la Asamblea de Madrid.
Victoria, elegido en las listas de Cristina Cifuentes, dimitió en junio
pasado tras ser imputado en la causa de la trama Púnica, la misma por
la que está preso su antecesor, Francisco Granados.
En ocasiones, las relaciones eran también familiares. La actual
portavoz del Gobierno de Cifuentes, Elena González Moñux, firmó las
cuentas de la sociedad Campus de la Justicia en 2013. En mayo pasado, Vozpopuli
reveló que su marido, Ricardo Fernández Gil, había realizado informes
de auditoría para la sociedad a través de un despacho de abogados de
Madrid. González Moñux, contactada a través del gabinete de prensa del
Grupo Popular en la Asamblea este martes pasado, ha declinado responder a
CTXT.
Otros se conectaban familiarmente después de dejar la sociedad Campus
de Justicia: José Ramón Aparicio de Lázaro cesó como consejero en marzo
de 2010 y tres años después empezaba a trabajar en el Tribunal Supremo,
donde su suegro, el magistrado Rafael Fernández Montalvo, preside la
Sección Segunda. Fernández Montalvo, según recogió en su día El Confidencial, aseguró que tanto en el caso de su yerno como de su hija, también contratada a dedo, “el parentesco no influyó para nada”.
Consejeros en barbecho
Campus de la Justicia, aunque era 100% de capital público, se
constituyó como una sociedad anónima, por lo que tenía unas
características particulares. Una de las más importantes, que así podía
contratar a sus empleados sin concurso público. Pero también que su
presidencia, tal y como recogen sus estatutos, siempre recaía en el
Consejero de Justicia de turno: Alfredo Prada, Francisco Granados,
Regina Plañol y Salvador Victoria, respectivamente. A su vez, esto
imponía una jerarquía política que reducía notablemente el poder de
decisión de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad,
algo que es común a muchas sociedades públicas.
“Hay un principio de jerarquía que prevalece”, explica Javier
Rodríguez, que como apoderado fue consejero de la sociedad Campus de la
Justicia durante año y medio. “En el tiempo que yo estuve así era y
entiendo que en los otros años sería igual. El Consejero [de Justicia y
presidente] era el que tenía verdadero poder ejecutivo”, añade
Rodríguez, ingeniero y funcionario de carrera.
“En la Comunidad de Madrid no te ponen en un consejo de
administración porque sepas mucho del tema, sino por el cargo que
ocupas: cuando me nombraron yo era director general de Urbanismo”,
recuerda Raimundo Herraiz, actual teniente alcalde de Boadilla del Monte
por el Partido Popular. “Como consejero, al final, nunca sabes lo que
hay detrás: aquí estamos muchas veces firmando en barbecho, porque no
sabes lo que se está cociendo por detrás. Firmas, porque si no firmas,
sabes que tienes un problema”, explica Herraiz.
El problema tiene que ver, en parte, con que casi todos esos cargos
son de libre designación, es decir, cargos políticos. Y por tanto
también de libre cese. Entre los consejeros, sin embargo, también hubo
funcionarios de carrera, como el propio Rodríguez, que se resistió,
entre otras cosas, a “reformular” las cuentas en contra de lo que
prescribe la ley.
Él mismo lo contó en su comparecencia en la Asamblea:
“Tengo que decirles que incluso el Consejero [Salvador Victoria], como
había ruido de fondo, me dijo: bueno, pues vamos a reformular las
cuentas. Y le dije: ¡pero cómo vamos a hacer eso! [...] Eso solo lo
puede hacer la Junta General de Accionistas [pidiéndolo] por una causa
que se determine que deben reformularse, pero no de oficio, [no se
pueden] reformular las cuentas con un informe de auditoría ya hecho”,
recoge el acta de la sesión.
Entre los 32 miembros que pasaron por el consejo de administración de
la sociedad en sus diferentes épocas, los hay como Herraiz, que asumen
abiertamente la falta de control que al parecer conlleva el cargo. “El
consejo de administración es como una figura para dar una cobertura
formal, pero en temas de gastos, de decisiones, es que no entrábamos.
Llegaban los acuerdos al consejo y sabías que tenías que votar que sí”,
explica.
Los hay, como Nieves Rodríguez Varela, actual jefa del área de
atención jurídica de la Subdirección general de Tesorería, un cargo de libre designación también,
que se niegan a responder: “Yo no tengo por qué responderle a usted; yo
no tengo nada que ver con lo que pasó en esa sociedad”, y cuelgan sin
despedirse. Y los hay, como Alfonso Cuenca Miranda, actual letrado en el
Senado, que no devuelven la llamada.
Llama la atención, eso sí, el alto número de implicados en casos de
corrupción. Además de los ya citados Victoria y Granados, ambos ex
Consejeros de Presidencia en el Gobierno de Esperanza Aguirre y ambos
imputados en la Operación Púnica, la lista incluye, entre otros, a
Enrique Porto, ex director general de Urbanismo, que dimitió después de
que la Fiscalía Anticorrupción se querellara contra él por un pelotazo urbanístico que beneficiaría
a una empresa propietaria de una finca colindante con la carretera
finalmente anulada por la Justicia; a Ignacio Palacios Arazuri,
interrogado por el juez Eloy Velasco también en el marco de la Operación
Púnica; y a Domingo Menéndez Menéndez, imputado en el caso de la Finca
La Muñoza, a la que los tribunales retiraron una licencia municipal de
explotación para eventos por encontrarse en un espacio protegido, y cuya
sentencia, curiosamente, recurrió la Comunidad de Madrid a pesar de que
no había sido parte en el procedimiento. ¿La razón? Según Ecologistas en Acción, la responsable de la finca era socia de la esposa de Ignacio González, por entonces presidente del gobierno regional." (Braulio García Jaén , CTXT, 11/11/15)
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