"Ecologistas en Acción expone los motivos por los que se suma a la
querella de IU contra cargos del PP y responsables de constructoras que
aparecían como donantes del partido en la contabilidad B del extesorero,
a veces abonando sus 'donativos' sólo 24 horas después de que
apareciese en el BOE la adjudicación que les lucraba.
La publicación de los papeles de Bárcenas
ha puesto sobre la mesa una estrecha relación entre concesiones de
obras y servicios públicos, y varias empresas de construcción que hacían
donativos al Partido Popular incluso sólo 24 horas después de se
publicase en el BOE alguna de estas lucrativas adjudicaciones.
Ante estas evidencias, el pasado jueves Izquierda Unida presentó ante la Audiencia Nacional una querella criminal
contra los extesoreros del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y
también contra varios ministros del anterior Gobierno del PP, como Federico Trillo, Rodrigo Rato o Ángel Acebes, además del expolítico conservador y empresario Pablo Crespo, implicado en la trama Gürtel, por
haber supuestamente cometido varios presuntos delitos derivados de los
pagos de empresas que aparecen en la contabilidad B de Bárcenas.
El PP ya anunció el mismo jueves que emprendería una acción judicial en defensa de su honor y contra las "graves acusaciones" que se imputan a los miembros de su partido. Sin embargo, la querella de IU no iba dirigida sólo a cargos públicos, sino que también se extendía a los presidentes y expresidentes de ocho constructoras que aparecen como presuntos donantes
en los famosos cuadernos de contabilidad paralela de Bárcenas.
La
querella también estaba apoyada por otras organizaciones como
Ecologistas en Acción, la Asociación Justicia y Sociedad, y la
Asociación Libre de Abogados.
Estas organizaciones denuncian que
el resultado de las incontestables conexiones entre las anotaciones de
donaciones al PP y las adjudicaciones de obras públicas a las empresas
donantes no ha sido otro que el aumento desproporcionado de la deuda pública de España en aras de disfrutar de una serie de instalaciones e infraestructuras que apenas se utilizan y por las que gobiernos autonómicos han hipotecado los derechos sociales de su población en beneficio de estas empresas concesionarias.
Así lo denuncia uno de los querellantes, Ecologistas en Acción,
que se ha sumado a la acción judicial por el resultado de esta íntima
relación entre poder político, donativos suculentos de constructoras y
aumento insostenible de la deuda pública.
"La mayor parte de los pagos
supuestamente ilícitos que aparecen en los papeles de Bárcenas
presumiblemente se tradujeron luego en licitaciones de grandes e
insostenibles obras de infraestructura que ahora debemos pagar
incrementando de forma abrumadora la deuda pública", critican los
ecologistas. (...)
"Llevamos años denunciando el despilfarro en infraestructuras
insostenibles, con muchos datos y cálculos económicos contrastados. Los
papeles de Bárcenas apuntan ahora a las razones de esas concesiones públicas, que no son más que el enriquecimiento de las constructoras a cambio de donativos que la cúpula del PP se repartía en sobres".
La confederación ecologista pone sobre la mesa varios casos de inversiones ruinosas
para el erario público y destructivas para el territorio y el medio
ambiente centradas en infraestructuras de transporte y construidas por
algunos de los nombres que aparecen en los papeles de los supuestos
donativos que Luis Bárcenas recopilaba.
Uno de ellos es la autopista AP-41 de Madrid-Toledo,
una de las 13 radiales que circunvalan la capital. "Se trata de una
autopista que tiene el 11% del tráfico previsto. Costó 440 millones de
euros y no sólo es deficitaria --al igual que otras cinco de estas
carreteras--, sino que la concesionaria, que pertenece al grupo Sando
(cuyo presidente, José Luis Sánchez, es uno de los querellados)
ha demandado a Fomento y el Tribunal Supremo le ha dado la razón, por
incumplimiento contractual, de modo que el Estado deberá compensarla con
320 millones".
Algo parecido ocurre con el Metro ligero de Madrid, cuya construcción costó a los madrileños 585 millones de euros, que se embolsó la constructora OHL, cuyo expresidente, Juan Miguel Villar Mir,
también aparece en la citada querella. Esta instalación sirve para que
una ínfima población de la capital se desplace por el oeste de la ciudad
suponiendo un coste para la Comunidad de Madrid de 5 euros por viajero,
cuando el coste en toda la red de Metro es de 1,7 euros.
"Además, si la
demanda de viajeros queda por debajo del 68% de la prevista en el
contrato, la Comunidad de Madrid también debe compensar a la
concesionaria. Un negocio redondo", denuncian.
La construcción del AVE
también ha repartido pingües contratas a compañías contra las que
también se ha presentado querella, como Hispánica o Aldesa. La inversión
del Ministerio de Fomento por cada kilómetro de vía es cercana a 30
millones de euros, según cifra esta organización a partir de datos del
propio Ministerio de Fomento.
La Comisión Europea advierte de que la
demanda mínima recomendable para este tipo de inversión son nueve
millones de pasajeros, pero este volumen no es superado ni siquiera por
la línea Madrid-Barcelona.
Aún así, critican desde la plataforma,
"Fomento prevé gastar 8.500 millones de euros en llevar el AVE a
Galicia, cuando un estudio encargado por el propio ministerio concluye
que no hay demanda más que para tres trenes diarios por sentido. Y estas
inversiones se acometen al mismo tiempo que se aplican unos draconianos recortes en partidas básicas para el bienestar de la ciudadanía".
Ecologistas
en Acción considera que la mayor parte los 40.000 millones acumulados
en deuda entre Fomento, Adif, Aena y otras empresas públicas "no tienen
justificación desde el punto de vista del transporte ni del interés
social, pero sí de los turbios intereses que se pretenden desvelar con esta querella". (Jairo Vargas, Público.es, Rebelión, 04/03/2013)
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