A iniciativa de este último, deberán declarar entre hoy y el jueves ante la policía judicial hasta 11 funcionarios y empleados municipales de estas tres localidades, cuyos alcaldes están en libertad provisional acusados de varios delitos contra la Administración pública como cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.
Al menos siete personas con puesto fijo o contratado en estos tres ayuntamientos de la Costa da Morte, que fueron intervenidos el pasado 31 de enero, deberán acudir a esa citación policial con abogado para declarar en calidad de imputados. Entre ellos, están los secretarios municipales de Cee y Fisterra (en este último caso también es interventor del Ayuntamiento) así como los arquitectos municipales de estas localidades y el de Mazaricos.
Como imputada y asistida por un letrado también deberá declarar la jefe de gabinete del alcalde de Cee, el independiente Ramón Vigo, quien está acusado de seis delitos y eludió la prisión por esta trama tras pagar una fianza de 29.000 euros. Un policía municipal de Cee y una administrativa de este Ayuntamiento también declararán como imputados.
Otras cuatro personas en nómina en el Ayuntamiento de Cee fueron citadas por la policía judicial en calidad de testigos, como son la interventora, el arquitecto municipal, un técnico de empleo y una administrativa.La Operación Orquesta comenzó por casualidad a finales de 2009 a raíz de escuchas policiales en el marco de una investigación de una red de tráfico de drogas en la Costa da Morte.
Al aparecer indicios de delitos relacionados con la corrupción en esas conversaciones, el juez de Corcubión abrió nuevas diligencias, aún bajo secreto sumarial y relacionadas con el supuesto cobro de comisiones y desvío de dinero público en contrataciones de obras y fiestas parroquiales. (...)
La novedad con las 11 citaciones cursadas ayer para declarar ante la policía judicial es que no se detuvo a nadie. Los primeros 11 imputados en esta trama, por contra, pasaron por los calabozos de la comisaría de A Coruña antes de ser puestos a disposición del juez. Todos ellos, incluidos los seis cargos públicos, tuvieron los teléfonos intervenidos antes de su detención.Esta nueva tanda de funcionarios o contratados municipales llamados a declarar está relacionada con la abundante documentación e incluso ordenadores que la Policía Nacional se incautó durante los registros en los Ayuntamientos de Cee, Fisterra y Mazaricos hace ya casi dos meses." (El País, Galicia, 29/03/2011, p. 1 y 5)
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