La resolución de dicho departamento del Gobierno, que impuso sanciones a la inmobiliaria por importe de 275.000 euros, data de 2004, cuando la compañía todavía estaba en manos del empresario Manuel Jove. Las sanciones y amonestaciones aluden específicamente a "la negligencia de la compañía en el cumplimiento del deber de examen especial de operaciones", y al "incumplimiento de la obligación de establecer procedimientos y órganos de control interno", así como haber eludido "la obligación de identificar a sus clientes y conservar durante un período de seis años los documentos que acrediten adecuadamente la realización de las operaciones" señaladas.
Los servicios de inspección requirieron a la inmobiliaria determinados datos relativos a operaciones de transferencia de fondos y la entrega física de dinero en metálico, e incluso información sobre transacciones realizadas desde las oficinas que la compañía tenía en países como Marruecos, Portugal y Gran Bretaña. También solicitaron justificación de las operaciones de importe superior a 500.000 euros anuales, "o las que se hubieran analizado como potencialmente sospechosas". (El País, ed. Galicia, Galicia, 25/01/2010, p. 4)
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