(...) El objetivo es embargar bienes de procedencia ilícita valorados en más de 150 millones de euros. La operación contra las fortunas de seis clanes del narcotráfico se ha desglosado en otros tantos procedimientos judiciales para agilizar el embargo de propiedades, sociedades y cuentas bancarias tras unas investigaciones que se iniciaron hace más de dos años y cuya instrucción permanece en secreto.
Por primera vez, se han empleado nuevos métodos para llegar al comiso de los bienes obtenidos con dinero del narcotráfico mediante delitos fiscales y de blanqueo de dinero. No ha habido detenciones, ni escuchas telefónicas previas, ni operaciones antidroga que preceden a complejas investigaciones económicas, solamente informes de Hacienda sobre patrimonios sospechosos que no se corresponden con las rentas declaradas al fisco y sobre sociedades que se están empleando a modo de tapadera.
Una de las propiedades embargadas, valorada en medio millón de euros, está registrada a nombre de los padres del presunto narcotraficante Guillermo Abalo Maneiro. Fue ésta la que levantó la liebre a los inspectores de Hacienda. El chalé está situado en el lugar de As Pías (Vilagarcía) y sus dos moradores son jubilados.Abalo Maneiro habría utilizado también como testaferros a otros familiares para ocultar propiedades inmobiliarias y varias bateas que supuestamente fue adquiriendo con los beneficios del tráfico de drogas. Otro de los presuntos narcotraficantes al que se le comunicó el embargo de sus bienes es Luis Tirado González, un taxista de Cambados detenido en varias operaciones antidroga. Una de las propiedades que están en el punto de mira es un edificio en Caldas de Reis.
Siguiendo el rastro del dinero realizado por Hacienda, también han aparecido depósitos bancarios en Luxemburgo, Alemania y Reino Unido, aunque las investigaciones no pretenden llegar a ningún paraíso fiscal para no dilatar los procesos y que éstos se eternicen en los juzgados.
En casi todos ellos, la mecánica de blanqueo es similar. Compra de terrenos, chalés y negocios, principalmente del ramo de la hostelería y tiendas de ropa, que funcionan como tapaderas legales. Sólo una de las propiedades investigadas está valorada en 6 millones de euros.
Precisamente han sido los testaferros de estos patrimonios los que pusieron en alerta a los inspectores de Hacienda cuando comprobaron el enorme desfase que existía entre lo que declaraban y lo que en realidad aparece a su nombre en los catastros, registros de la propiedad, sociedades y en constructoras donde han invertido en la compra de inmuebles, algunos sin terminar." (El País, ed. Galicia, Galicia, 14/11/2009, p. 1)
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